El carbunclo azul

Scotland Yard ha detenido a un fontanero como sospechoso del hurto, pero Holmes demuestra que es inocente y descubre al culpable tras una ingeniosa investigación. Quien quiera saber la identidad del ladrón del carbunclo puede leer este magnífico relato de Sir Arthur Conan Doyle.

Pero quien quiera saber quien imprimió las 42.000 cartas de la Generalitat para designar los integrantes de las mesas electorales que la Guardia Civil halló en Unipost en septiembre de 2017 tendrá que encontrar un detective de la talla del gran Sherlock Holmes para esclarecer el misterio.

La comparecencia de ayer en el Supremo de tres directivos de Unipost, firma especializada en distribución de impresos y propaganda, no sirvió para nada porque ninguno de ellos conocía de dónde venían las cartas, quién las iba a pagar y a dónde se tenían que entregar.

«Sabíamos que las cartas eran de la Generalitat porque los sobres llevaban su membrete», declaró ante el tribunal Francisco Juan Fuentes, director de logística de Unipost Cataluña. Interrogado sobre cómo llegaron los impresos electorales al almacen de Unipost en Tarrasa, Fuentes señaló que se los entregó un tal Toni un par de días antes de la entrada de la Guardia Civil. El mismo Toni fue el que les indicó que tenían que distribuir esos sobres de forma urgente, aunque Unipost paralizó los envíos porque no existía ninguna orden de pedido formal y desconocía quién iba a pagar la factura.

En concreto, Fuentes contó que Toni le llamó un sábado por la mañana para entregarle con urgencia esas cartas en un lugar cercano a las instalaciones de Unipost. «Había tres palés que me traspasaron un hombre y una mujer y los metí en una furgoneta blanca », explicó.

No sabemos qué papel jugaba Toni en esta historia porque los directivos de Unipost no dieron muchos detalles sobre su identidad. Pero Jordi Turull, consejero de Presidencia, había asegurado en su declaración que nadie de la Generalitat pagó un solo euro por las papeletas, los sobres, la propaganda y las urnas.

El fiscal le mostró a Turull una factura proforma por un importe de 977.000 euros de Unipost que tenía que ser abonada por cinco departamentos de la Generalitat, a lo que el ex consejero respondió que anularon el pedido tras haber recibido por esas fechas una advertencia del Constitucional.

Tras escuchar esta respuesta, el fiscal le pidió que explicara quién se había ocupado de encargar, pagar y llevar las urnas y las papeletas a los colegios electorales. Turull respondió: «No lo sé, pero tenía fe en el pueblo catalán». Está claro, a la luz de estas palabras, que la fe mueve montañas. Pero, dado que se acusa a los inculpados de un delito de malversación, no estaría por demás que los jueces llegaran a averiguar el misterio, tan enigmático como el del carbunclo azul, de quién pagó esos fastos.