El Canal pagó 31 millones de dólares «sin apenas exigir garantía»

González ya no presidía el Canal de Isabel II en 2013 , debido a su ascenso como presidente pero fue quien negoció en la sombra la compra, según la declaración del entonces gerente del Canal y presidente de Canal Extensia Adrián Martín López de las Huertas, también imputado en la operación.

La Fiscalía Anticorrupción y la UCO ya investigaban esta compra, plagada de irregularidades, y a esas pesquisas se sumó la denuncia presentada por Ángel Garrido, actual presidente del Canal de Isabel II en septiembre del año pasado, con la que Cristina Cifuentes escenificaba su ruptura con la anterior administración. Aunque la cantidad malversada aún no está del todo acreditada, la Fiscalía maneja cifras escandalosas: se pagaron 31 millones por una sociedad que costaba ocho. El resto se sospecha que acabó en cuentas de los investigados, a través de un complejo entramado societario.

El procedimiento es muy similar al que se produjo con la compra de Inassa en el año 2001 cuando Alberto Ruiz Gallardón, también investigado como informó ABC el pasado 13 de mayo, era presidente de Madrid.

Anticorrupción remitió el pasado noviembre al juez Eloy Velasco un revelador informe elaborado por la Intervención General del Estado (IGAE) en el que desgrana en 24 puntos las irregularidades detectadas en la compra de la sociedad brasileña. De ellas, concluyen "eran conocedores los consejeros (de Canal Extensia) ya que por su condición de consejeros se les presuponen conocimientos y experiencia adecuados para el desempeño de su cargo".

En un punto anterior, los interventores exponían que habían encontrado numerosas deficiencias en la aprobación de las operaciones por Canal Extensia e Inassa, especialmente en la información que habrían recibido los mencionados consejeros. "Si no exigieron las aclaraciones pertinentes eran conocedores de las mismas", señala Anticorrupción, quien incide en la "permisividad, casi connivencia de las administraciones" en las fraudulentas inversiones con dinero público en Suramérica.

Los consejeros de Canal Extensia y de Inassa están imputados en el procedimiento por dicha compra. La Fiscalía detalla las actuaciones irregulares que rodearon la operación y que siguen investigándose. En la documentación no existe autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad para la compra con fondos públicos, ni se comunicó a la Asamblea de Madrid ni se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad. La adquisición se hizo a través de una sociedad vehículo radicada en Uruguay y comprada a dos sociedades panameñas, sin fijarse el importe que se tenía que pagar a esos vendedores.

Los cinco consejeros de Canal Extensia (todos imputados) aprobaron en abril de 2013 la compra del 40 por ciento de las acciones de Emissao (la mitad por Canal Extensia y la otra mitad por Inassa), pero más tarde y sin explicación aumentaron esa previsión hasta adquirir el 75 por ciento. La inversión era de 31 millones de dólares y para pagarla las empresas públicas tenían que endeudarse. Tampoco esa inversión se incluyó a la hora de tener en cuenta el límite de endeudamiento aprobado en los Presupuestos de la Comunidad. No figura autorización de la Consejería de Hacienda y en los papeles para la compra aparecen estudios en informes con los emblemas del Canal de Isabel II de los que se desconoce el autor y a quién llegaron. La lista de despropósitos sigue. Un último ejemplo: al accionista mayoritario Sevastiao Cristovam se le ingresaron 25 millones de dólares en una cuenta de Suiza. Un dato más para pensar que esa es la cantidad malversada.