La Audiencia ordena practicar más pruebas sobre el «chivatazo»

Tres diligencias

La Audiencia Nacional dictó ayer el auto, del que ha sido ponente el magistrado Enrique López, en el que da parcialmente la razón a las acusaciones populares del «caso Faisán» -ejercidas por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y por Dignidad y Justicia (DyJ)- y ordena a Garzón realizar tres de la treintena de diligencias de prueba que solicitó la segunda de esas asociaciones y cuya práctica rechazó en su mayoría el magistrado a finales del pasado año.

El Tribunal no se pronuncia sobre si la causa debe ser o no archivada, tal y como solicita el fiscal, pues el objeto del recurso de AVT y DyJ no es ese, sino las diligencias de prueba. Garzón, dice el auto, no se ha pronunciado aún sobre ese extremo, pero es «algo que tendrá que hacer en el futuro con absoluta libertad de criterio».

La tres pruebas cuya práctica ordena ahora la Sala consisten en la declaración de tres funcionarios de la Policía y en la petición a Francia de documentación sobre el tráfico de llamadas telefónicas realizadas desde una cabina pública [ver recuadro]. Desde ese teléfono Elosúa habló con José Luis Cau, etarra a la que debía entregar el dinero de un empresario extorsionado por la banda terrorista y para el que había actuado como intermediario el dirigente del PNV Gorka Aguirre.

Según el Tribunal, existe una vía inexplorada que apuntaría a «otro círculo de funcionarios» distinto del entorno al que pertenecen los ahora imputados. «Otra dirección» que, dice el auto, parece haber sido sugerida por la propia Fiscalía para justificar su petición de archivo de la causa del «chivatazo» sin que, pese a ello, el Ministerio Público haya ahondado en ella. De hecho, esa nueva línea aún «no ha sido objeto de análisis ni investigación ni por parte del Ministerio Fiscal ni por parte de la Policía Judicial ni por parte del juez instructor».

Este segundo equipo policial al que se refiere la Audiencia Nacional como «el círculo de posibles autores» del chivatazo «está y debe estar dentro del grupo de funcionarios policiales que, por una u otra razón, bien directamente o indirectamente, tenían conocimiento de la operación que se iba a realizar el día 4 de mayo de 2006» contra la red de extorsión etarra.

Investigar al investigador

Ese grupo de policías fue el que originalmente investigó la red extorsión de ETA -cuyo dirigente era Joseba Elosúa y cuyo centro de operaciones era el bar «Faisán» de Irún, propiedad de éste- y el que, una vez descubierto el chivatazo, se encargó también de la investigación interna.

Pues bien, lo que la Sala sugiere a Garzón es que realice averiguaciones sobre este segundo grupo policial al que, en palabras del auto dictado ayer, «parece apuntar» la Fiscalía. El Tribunal recuerda que para justificar su petición de archivo del «chivatazo» el Ministerio Público se basó en la declaración prestada por Elosúa, quien había asegurado que la persona que le llamó por teléfono para alertarle de su inminente detención «es la que controla directamente a los cuatro o cinco policías que le hacen seguimientos, lo cual descarta a los hasta ahora imputados y parece apuntar en otra dirección».