La Audiencia Nacional, cuatro meses a la sombra del «procés»

Entre el 25 de febrero y el 27 de marzo, la Audiencia Nacional enjuició al antiguo presidente del Barcelona Sandro Rosell, que resultó absuelto por falta de pruebas que demostrasen las acusaciones. Le atribuían haber blanqueado supuestas comisiones millonarias por los derechos audiovisuales de la selección brasileña de fútbol. Un duro golpe a la investigación después de que el empresario pasase 21 meses en prisión a la espera del juicio .

Esa vista oral, y la que continúa en marcha para averiguar si la salida a Bolsa de Bankia fue una estafa, han sido los principales focos de interés estos meses en la Audiencia Nacional. Numerosos testigos han comparecido para expresar lo que saben sobre el salto al parqué de la entidad, que necesitó ser rescatada con más de 23.000 millones de dinero público y cuyo folleto para salir a Bolsa está bajo sospecha. Un juicio que continúa con el debate cruzado de los peritos, los expertos que analizaron las cuentas de Bankia, encabezados por los dos antiguos técnicos del Banco de España que sostienen que fue un engaño.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, cuenta a ABC que ha seguido habiendo la misma actividad que siempre , «de todo», entre operaciones judiciales, detenciones, declaraciones y otras diligencias para impulsar las investigaciones en marcha. Desde que la banda terrorista ETA abandonó su actividad armada, y desde que estalló la crisis, las causas de corrupción y las investigaciones por delitos económicos se han convertido en las protagonistas en este tribunal.

Los asuntos que llegan a la Audiencia Nacional -un tribunal con jurisdicción en toda España- se deben a las competencias que le otorga la ley: terrorismo, delitos contra la Corona o la forma de Gobierno, algunas acciones de las organizaciones criminales como el tráfico de drogas, o los grandes fiascos económicos, con capacidad para afectar a la economía. Esta regulación ha atraído a esta orilla de la plaza de la Villa de París casos habitualmente muy mediáticos, que en ocasiones generaron en el pasado «jueces estrella» .

Además de Bankia y Rosell, los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional han continuado estos meses atando cabos en el caso Villarejo , han procesado a Imanol Arias y Ana Duato, han citado a declarar a los antiguos dirigentes del Banco Popular y han celebrado juicios por enaltecimiento yihadista. También han abierto una causa por el asalto a la embajada de Corea del Norte en Madrid, que sucedió en Madrid el pasado 22 de febrero con un guión propio de película de espías.

El magistrado Santiago Pedraz reconoce en conversación con ABC que ha habido comentarios en el interior del tribunal sobre una sensación de mayor tranquilidad estos meses. Pero deja claro que las investigaciones y los juicios han continuado como siempre. «Nosotros estamos a lo nuestro, y no nos preocupa si es primera página o no», sentencia el titular del juzgado central número uno de la Audiencia Nacional y el decano de sus jueces. Pedraz, en este tiempo, ha investigado al antiguo embajador español en Venezuela Raúl Morodo por haber cobrado supuestamente comisiones de la empresa petrolera chavista, por ejemplo .

Siempre ha estado ahí, por una vez en mucho tiempo a la sombra, fuera de los focos, la Audiencia Nacional.