Raúl Morodo, un castrista en la «corte» de Hugo Chávez

Catedrático de Derecho Político y Constitucional, se le atribuye un importante papel en la transición . Fue uno de los fundadores del izquierdista PSP (Partido Socialista Popular) de Enrique Tierno Galván, donde ejerció de mentor político de un joven abogado llamado Pepe y apellidado Bono, con el que coincidiría en Caracas dentro de muchos años y con un contrato milmillonario entre manos, pero esto se lo cuento al lector un poco más tarde.

Tras su paso por el CDS de Adolfo Suárez, Morodo encontró acomodo en el PSOE, partido que lo hizo embajador dos veces , Portugal (1995-1999) y Venezuela (2004-2007). A su llegada a Caracas, tardó un cuarto de hora en convertirse en un ferviente chavista, y hasta escribió en «El País» un artículo laudatorio del régimen bolivariano, que ya había enseñado la patita en cuanto a su escaso apego a la democracia.

Sabedor de su admiración por la figura de Fidel, un día Chávez citó al embajador de Zapatero en el segundo piso del Palacio de Miraflores por sorpresa y, sin ni siquiera una pequeña bolsa de viaje, se lo llevó en su avión a La Habana, donde le presentó a los hermanos Castro . «En ese mismo viaje de ida y vuelta en 30 horas, Morodo conoció a Rafael Ramírez», relata a ABC el periodista venezolano Nelson Bocaranda.

No es baladí el dato, pues Ramírez era el ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y presidente de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima. Con la anuencia del régimen, PDVSA regó a Morodo con unos cuatro millones de euros en contratos «ficticios» que cobrarían empresas de su hijo, Alejo, detenido el pasado lunes , una vez que el padre dejó la embajada (fuentes de la investigación apuntan que la cifra total puede terminar superando los 14 millones de euros).

Morodo volvió de Cuba tan ensimismado que su amigo Chávez le colocó en su residencia, en el selecto Country Club caraqueño, «un teléfono de la red interministerial para que por allí conversara con Fidel, que tenía en La Habana una extensión de la red oficial del Gobierno de Venezuela», recuerda Bocaranda.

Con motivo de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2005, en las que la oposición se negó a participar porque las consideraba amañadas, una delegación de las Cortes Generales aterrizó en Caracas como observadores. Entre los diputados y senadores españoles estaba el peneuvista Iñaki Anasagasti, que tenía especial interés en el futuro de Venezuela, pues él mismo nació en Cumaná. «Ni nos recibió en el aeropuerto ni nos despidió, como siempre hacen los embajadores cuando reciben una visita institucional», recuerda Anasagasti.

Además, Morodo se negó a organizarles encuentro alguno con la oposición, en una época en la que Chávez cerraba medios de comunicación y hasta restringía el papel que podían comprar los periódicos. «Nos trató muy mal. Sí nos nos organizó una reunión en la embajada, pero con unos chavistas muy agresivos», relata el entonces senador del PNV.

Por ahí andaba un tal Juan Carlos Monedero , que se presentó a los parlamentarios españoles en una cena como un «profesor de la Universidad Complutense» y les insistió para que fueran a visitar con él las «misiones sanitarias» que Cuba tenía en Venezuela (no tuvo mucho éxito la propuesta de quien años más tarde sería uno de los fundadores de Podemos).

La situación a la que Chávez estaba llevando a Venezuela fue denunciada por la estación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de la embajada (no de forma pública, lógicamente), pero el representante de España en el país caribeño hacía oídos sordos, pues tenía otros intereses.

Y como lo prometido es deuda: Bono. El primer ministro de Defensa de Zapatero fue el gran valedor de Morodo para que el Consejo de Ministros acordara su designación . Luego, en noviembre de 2005, tras intensos contactos Zapatero-Bono-Chávez, la pública Navantia firmó la venta de ocho buques de guerra a Venezuela por más de 1.200 millones de euros. Morodo fue uno de los muñidores del contrato, que generó 42 millones de euros en comisiones. De ellos, doce los cobraron dos ex altos cargos de los gobiernos de Felipe González, Javier Salas Collantes y Antonio Rodríguez Andía, que siguen siendo investigados por Anticorrupción . Los últimos perceptores de los 42 millones son todavía un misterio.