La asesora de Pablo Iglesias se retracta para sacarle del caso Villarejo

El escrito, al que tuvo acceso ABC, tiene lugar después de un duro auto del juez Manuel García Castellón firmado este lunes en el que apreciaba indicios de al menos dos delitos en la actuación de Pablo Iglesias en todo este asunto de la tarjeta del móvil de Bousselham que se investiga en el caso Villarejo.

Uno, de revelación de secretos, porque la conservó entre 5 y 39 meses sin decir nada a su legítima propietaria a sabiendas de que contenía información sensible y privada. Se trata de un delito semiprivado que sólo puede ser perseguido a instancia de parte, es decir, ella puede denunciar al que fuera su jefe o expresar su perdón por los hechos, de modo que decaiga cualquier acción penal.

No ocurre necesariamente igual en el otro delito del que obran indicios en la causa. Se trataría, como lo señalaron la Fiscalía y el juez, de un delito de destrucción de dispositivos electrónicos , porque según la primera declaración de Bousselham en la Audiencia Nacional en marzo del año pasado y la ampliación que ofreció el 18 de mayo, cuando por fin Iglesias le devolvió la tarjeta de memoria, estaba inservible . Las periciales han constatado que la tarjeta no es que no funcione, es que está «parcialmente quemada».

La defensa de Bousselham, que es la misma que la de Iglesias, ha registrado este escrito redactado en primera persona y con afán de clarificar en el que niega que hubiese tal daño en el dispositivo , aunque fue ella quien, desde el inicio, puso en la pista a los investigadores con sus declaraciones sobre el tema.

«Respecto de la meritada tarjeta Samsung 32, en la que se encontraban archivos originalmente contenidos en mi teléfono móvil y que aporté en su día a este juzgado, debo decir que inicialmente cuando se me entregó, funcionaba », asegura ahora, sin concretar cuándo se produjo esa entrega.

Dice saber que funcionaba porque comprobó «que en su interior estaban los contenidos» de su móvil, sustraído en un centro comercial en noviembre de 2015. «Yo misma, con el fin de proteger mi intimidad, mi vida familiar y mi relación de pareja, accedí a los elementos de naturaleza más personal e íntimos de esta y, por ello, puedo indicar que inicialmente funcionaba si bien, no contrasté ni analicé todo su contenido», asegura ahora.

Sobre el porqué esa insistencia en afirmar que le llegó averiada, como hizo en sus dos comparecencias ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción, expone que «tratando de recordar hechos tan convulsos y problemáticos» en su vida, indicó que «nunca» pudo acceder a la tarjeta, pero matiza: «En la medida en la que nunca tuve conocimiento o acceso sobre la totalidad del contenido de esta».

Cuando Bousselham aportó el dispositivo en marzo del año pasado a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, advirtió al juez y a los fiscales de que no había podido llegar a abrirlo . Señaló que incluso pensó en enviarla a Berlín a un servicio técnico aunque no llegó a hacerlo y se acabó olvidando de ella. De hecho, la tarjeta fue entregada en un sobre con matasellos alemán que está siendo analizado.

El pasado 18 de mayo, convocada ante las contradicciones en su declaración, insistió en que la tarjeta no funcionaba y para probarlo, afirmó que intentó arreglarla enviándola a un servicio técnico y aportó una serie de correos electrónicos que debían sustentar su tesis . Sin embargo, tal y como recogen el juez y la Fiscalía Anticorrupción en sendos escritos, de esos emails sólo parece tener algún valor probatorio el primero: en febrero de 2017, su marido, Ricardo Sa Ferreira, pidió información a una empresa de Madrid sobre «recuperar datos de una tarjeta SD» como la sustraída, sin más detalles.

«Los correos electrónicos no corroborarían la versión de Dina Bousselham prestada en sede judicial el pasado 18 de mayo de 2020», dice el escrito de la Fiscalía en este punto. «No concuerdan en nada», añade el auto del juez.

En su escrito ella lo explica así: « Cuando volví a tratar de acceder a ella, dejó de funcionar , pudiendo haber quedado la misma afectada y es, a partir de ahí, cuando no funcionaba y no pude volver a acceder, tratando de recuperar la misma por mero interés personal, previo a ninguna cuestión judicial y desconociendo lo que sería la posterior aparición en un registro, de los mismos materiales con igual origen en mi teléfono móvil».

Cabe recordar que su marido tampoco mencionó que la tarjeta estaba en su poder cuando el año pasado testificó en la Audiencia Nacional. Dijo no tener constancia de que ella hubiese recuperado nada de lo robado en 2015, y no mencionó ni la existencia de la tarjeta ni que fue él quien intentó repararla poniéndose en contacto con un servicio técnico.

«Me encuentro ante una situación ajena al origen del presente procedimiento y a la realidad material del mismo », concluye Bousselham, tras recordar que a la postre, sus fotografías íntimas y su información personal, «obraban en poder de terceras personas y medios de comunicación» y «algunas habían sido publicadas y otras no» pero todas procedían, según afirma, del robo de su teléfono.