ETA arrancó a empresarios al menos 8.100 millones de pesetas para financiarse

Josu Ugarte, fundador y director de la asociación vasca de derechos humanos Bakeaz, ha coordinado la construcción de este documento, un estudio comprometido con una «ética de la memoria al servicio de la verdad sobre el pasado» y –reivindica– en lucha contra el fanatismo, que unas veces es negacionismo, otras manipulación , ocultación o impostura. Son coautores juristas, economistas, politólogos, policías o historiadores, a saber: Martín Alonso Zarza, Pablo Díaz Morlán, Florencio Domínguez Iribarren, Gaizka Fernández Soldevilla, Francisco Javier Merino Pacheco, Borja Montaño Sanz, José María Ruiz Soroa y Doroteo Santos Diego.

Por tratarse de un libro que explora las hasta ahora desconocidas finanzas de ETA, de sus 562 páginas atrae poderosamente la atención la reconstrucción de las cifras, todas respaldadas por fuentes probadas, que revelan que, en su mejor momento, la banda tenía un presupuesto anual de 300 a 400 millones de pesetas (5,01 y 6,68 millones de euros de 2016). El IRA disponía de cinco veces más dinero. De acuerdo con Josu Ugarte, el gran negocio etarra fueron los secuestros, por los que llegó a ingresar hasta 6.415,6 millones de las antiguas pesetas entre 1973 y 1996.

Por atracos se ha documentado que obtuvo otros 555,4 millones de pesetas desde 1977 hasta que abandonaron tal práctica delictiva a mediados de los 80. Ese mismo periodo constituyó «la edad de oro de la extorsión», sobre la que sólo ha podido recuperarse información fragmentada, a veces incluso contradictoria. La más importante es la incautada en el zulo de la empresa Sokoa descubierto en 1986 en Hendaya, en la que constaba que hasta esa fecha la banda se había apropiado por esa vía de 1.1.63 millones de pesetas. También se halló una lista de 117 chantajeados a los que el terrorismo exigía cantidades entre 50 millones y 200.000 pesetas.

En aquel listado fue llamativa la falta de nombres de grandes empresas, lo que deja abiertos interrogantes y la práctica certeza de que los embolsos del terrorismo fueron mucho mayores . Tampoco puede calcularse qué porcentaje de los «entre 10.000 y 15.000 empresarios» que –según papeles intervenidos en Sokoa y en Bidart– recibieron cartas del impuesto revolucionario de ETA cedieron a la extorsión, si bien el coordinador asegura que «sólo una minoría pagó, frente a lo que siempre habíamos pensado» . Lo que la investigación sí ha concluido es que sucumbieron más a las amenazas los empresarios de comarcas «de fuerte presión nacionalista radical, donde la atmósfera era asfixiante», caso de la zona de La Barranca, en Navarra, o de Goyerri, en Guipúzcoa.

De los métodos de persecución a los que fueron sometidos los que dijeron «no» y sus familias habla este libro, concebido en 2012 al hilo del testimonio de un chantajeado –que para Ugarte «simboliza la figura del testigo moral»– que se resistió a ETA una década y cuya experiencia es tan traumática que ha pedido que nunca se revele su identidad. No se oculta tampoco la victimización, «el destrozo y la posterior recomposición moral», de los que pagaron, aunque solo una de 68 entrevistados ha reconocido que en su casa pasaron por ese trance. Fue para liberar a un secuestrado. Hubo familias que abonaron rescates a plazos durante años.