Pintada realizada esta madrugada en la pared de una vivienda de la localidad navarra de Iturmendi
Pintada realizada esta madrugada en la pared de una vivienda de la localidad navarra de Iturmendi - EFE

ETA huye hacia adelante y planea un final sin arrepentimiento

Se cumplen seis años del fin de la actividad de la banda sin que aún se haya disuelto

Bilbao Actualizado: Guardar
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Los periódicos Gara y Berria fueron los canales elegidos por ETA para anunciar, el 20 de octubre de 2011, el fin de su actividad armada. Ni pidieron perdón a las víctimas ni entregaron las armas, pero el mensaje de los terroristas marcó un antes y un después en la historia de España. Con más de 800 asesinatos a sus espaldas, la banda continúa activa a día de hoy, si bien camina firme hacia su inexorable desaparición. Cuál será la fórmula para llevar a cabo esa liquidación es aún un misterio, aunque la propia organización, acosada por la presión internacional, ha realizado ya los primeros movimientos al respecto.

El sexto aniversario del cese de la violencia etarra ha sorprendido al país en plena crisis territorial. El proceso ilegal impulsado desde la Generalitat se ha convertido en un ejemplo a seguir para los últimos paladines de la organización criminal, que animan a los gobernantes vascos a emprender un camino paralelo en el País Vasco. Un nuevo desafío que, en cualquier caso, no estaría «tutelado» por ETA, que es «perfectamente consciente de que en el ciclo político que viene» no será «un agente principal». Así lo admitió la propia banda en un comunicado en el que abogó por alcanzar la independencia «solo desde medios civiles y democráticos».

Valores que excluyen directamente a una organización que busca la forma de disolverse sin condenar su pasado. En una nota publicada en Gara, la banda anunció que se encuentra inmersa en un debate interno sobre su futuro: «Miraremos hacia adelante para tomar decisiones sobre la función y el ciclo de ETA», destacó, y añadió que ahora es «la militancia» la que tiene «la palabra y la decisión sobre la propuesta puesta encima de la mesa». Una operación que parte con el objetivo de dejar de «entorpecer» los planes separatistas de los partidos políticos y otras formaciones de corte radical del País Vasco.

La palabra «disolución» genera reticencias en el seno de la banda, que prefiere utilizar términos como «desmovilización». Una expresión que la ONU define como la «baja oficial y controlada de los combatientes activos de las fuerzas y grupos armados» y que incluye además «una fase de reinserción en que se proporciona asistencia a corto plazo a los excombatientes». Toda una declaración de intenciones que se hizo pública en el Foro Social Permanente celebrado el pasado martes en San Sebastián.

Dispersión

No es la desaparición de la banda el único frente que queda sin cerrar en el País Vasco. Una de las condiciones de los radicales para disolverse es el fin de la dispersión de los presos, iniciativa que cuenta con el apoyo del propio PNV. El presidente de los nacionalistas, Andoni Ortuzar, manifestó este verano su «compromiso» con la «necesidad de acabar con el alejamiento» de los reclusos, al tiempo que reclamó a los terroristas que realicen un «análisis autocrítico» de su pasado que aún no se ha producido.

EFE
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Una reclamación que ha llegado hasta el mismo Parlamento vasco, que en una de sus ponencias de Memoria dio la palabra a un exrecluso que participó en calidad de víctima de la «dispersión». Se trata de Unai González, que perteneció a una organización juvenil vinculada a ETA y que fue invitado porque su suegra murió en un accidente de tráfico en una de sus visitas a la cárcel. A ello hay que sumar el apoyo económico de la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria a entidades de apoyo a los presos como Etxerat, cuyos integrantes reclamaron ayer al Gobierno estatal que dé «pasos» para acabar con el alejamiento.

Los radicales cuentan con el apoyo del Parlamento Europeo, que recientemente condenó una dispersión que, a su parecer, «constituye un castigo añadido para las familias de los reclusos». Sin embargo, el Ejecutivo estatal no modificará la política penitenciaria hasta que ETA no desaparezca definitivamente. Interior sostiene que antes de dar cualquier paso es necesario que la banda pida perdón.