El antiguo instructor del caso Cursach niega cualquier posible irregularidad durante su investigación

Los presuntos delitos que podrían haber cometido Penalva y Subirán serían los de prevaricación, detención ilegal, deslealtad profesional y revelación de secretos. Así, durante la instrucción de la pieza principal del caso Cursach y de varias piezas separadas, ambos juristas habrían tomado decisiones supuestamente no ajustadas a la ley o cuando menos erróneas , tanto para el logro de posibles pruebas, como para la detención y el encarcelamiento preventivo de presuntos sospechosos o la obtención de apoyos mediáticos. Por su parte, Penalva y Subirán habían defendido a lo largo de estos últimos meses, con varios escritos, que sus decisiones fueron siempre ajustadas a derecho. En esa misma línea se han pronunciado ambos este jueves.

Cabe recordar que en el llamado caso Cursach se investiga, esencialmente, la existencia de una supuesta trama de corrupción policial, política y empresarial, cuyo presunto impulsor sería el magnate mallorquín Tolo Cursach, quien durante décadas fue el principal empresario del sector del ocio nocturno de Baleares. La clave de la citada supuesta trama estaría en que, presuntamente, Cursach habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos y funcionarios, que habrían favorecido sus negocios y habrían perjudicado a los de la competencia a cambio de dádivas y regalos. Cursach, por su parte, siempre ha negado la existencia de esa posible trama.

La instrucción de lo que hoy se conoce genéricamente como el caso Cursach fue iniciada hace algo más de un lustro por la juez Carmen González, que dejó la causa por un cambio de destino. Seguidamente, pasaron a ocuparse del caso el juez Penalva y el fiscal Subirán durante varios años. Sin embargo, Penalva fue apartado de la causa en marzo de 2018 por la Audiencia Provincial de Palma por «pérdida de apariencia de imparcialidad».

El sustituto de Penalva al frente de la instrucción del caso Cursach fue el juez Miquel Florit , quien en 2019 se vio también obligado a dejar el caso . Cabe recordar, en ese sentido, que Florit será juzgado el próximo 27 de febrero por haber ordenado requisar los teléfonos móviles a dos periodistas que cubrían la causa . En la actualidad, la instrucción del caso Cursach la llevan los jueces Antoni Garcías y Enrique Morell.

La complejidad del caso Cursach se evidencia en el hecho ya señalado de que, paradójicamente, uno de sus antiguos instructores —el juez Florit— se sentará dentro de tres semanas en el banquillo, mientras que su antecesor en la causa —el juez Penalva— ha tenido que declarar ahora ante el máximo órgano de la Justicia balear. Para entender cómo se ha llegado finalmente a la imputación del juez Penalva y del fiscal Subirán hay que recordar que en 2018 Cursach y uno de sus colaboradores, Bartomeu Sbert, presentaron sendas denuncias por la presunta filtración a la prensa de una información reservada.

Tras las denuncias presentadas por Cursach y por Sbert, agentes de Asuntos Internos de la Policía iniciaron una investigación para intentar averiguar quiénes habrían estado detrás de esa posible filtración a los medios. En el marco de sus indagaciones, dichos agentes descubrieron la existencia de un grupo de «WhatsApp» compartido del que formaban parte el juez Penalva, el fiscal Subirán y cuatro miembros del antiguo Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional de Palma , que fueron quienes llevaron el peso de la investigación del caso Cursach durante años.

El análisis de los mensajes intercambiados en ese chat habría mostrado la existencia de las posibles irregularidades ya citadas que se atribuyen hoy a Penalva y a Subirán. La instructora del tramo final de esa investigación, la juez Carmen Abrines, consideró que había indicios suficientes para que ambos juristas tuvieran que comparecer finalmente ante el TSJIB, como así ha ocurrido ahora, como presuntos autores de los citados delitos de prevaricación, detención ilegal, deslealtad profesional y revelación de secretos.

En su comparecencia de este jueves, Penalva y Subirán han contestado sólo a las preguntas de los fiscales Concepción Sabadell y Tomás Herranz , en el sentido ya indicado de que no habrían cometido ninguna irregularidad durante la instrucción del caso Cursach. Asimismo, han explicado a los fiscales que los mensajes de «WhatsApp» analizados no siempre debían entenderse en sentido literal. Tanto Penalva como Subirán han declinado, en cambio, responder a la treintena de abogados que han asistido a la comparecencia en representación de varios imputados en la causa que ahora ejercen la acusación particular contra los dos juristas, quienes, por otra parte, desde hace meses se encuentran además de baja.

Tras la comparecencia, el TSJIB ha rechazado acordar la prisión provisional para Penalva y para Subirán, que había sido solicitada por la acusación particular ejercitada por la Asociación sin Ánimo de Lucro de Víctimas de Arbitrariedades Judiciales. El Ministerio Público y la defensa de los investigados se habían opuesto previamente a esa petición de cárcel. El magistrado ha dictado un auto en el que argumenta que no concurren los requisitos establecidos para acordar la prisión provisional.