El CGPJ tramita la jubilación anticipada solicitada por el anterior instructor del caso Cursach

El Reglamento de la Carrera Judicial prevé que el procedimiento de jubilación anticipada se inicie a instancias del posible interesado. Iniciado el procedimiento, la Comisión Permanente del CGPJ constata el cumplimiento de las condiciones necesarias para la jubilación y elabora una propuesta de resolución de la que se da vista al interesado para que pueda formular alegaciones. Cumplido lo anterior, el asunto se remite de nuevo a la Permanente para su resolución definitiva.

Los motivos por los que el juez Florit decidió solicitar su jubilación anticipada no han trascendido, si bien una de las razones sería, presumiblemente, su imputación en una de las piezas derivadas del caso Cursach , en concreto el denominado caso Móviles. Cabe recordar, en este contexto, que el pasado mes de septiembre la juez del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) Felisa Vidal dictó un auto de apertura de juicio oral por varios presuntos delitos contra Florit, que fue el magistrado que a finales del pasado año ordenó el requisamiento de los teléfonos móviles de dos periodistas que habían estado cubriendo informativamente el caso Cursach.

En su auto, la juez Vidal señalaba que existían «indicios racionales de criminalidad contra el acusado». Florit será juzgado, en principio, como presunto autor de los delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional y de interceptación ilegal de comunicaciones.

Cabe recordar que en el caso Cursach se investiga, esencialmente, la existencia de una supuesta trama de corrupción policial, política y empresarial, cuyo presunto impulsor sería el magnate mallorquín Tolo Cursach , quien durante décadas fue el principal empresario del sector del ocio nocturno de Baleares. La clave de la citada supuesta trama estaría en que, presuntamente, Cursach habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos y funcionarios, que habrían favorecido sus negocios y habrían perjudicado a los de la competencia a cambio de dádivas y regalos. Por su parte, Cursach siempre ha negado la existencia de esa posible trama.

La instrucción de lo que hoy se conoce genéricamente como el caso Cursach fue iniciada hace algo más de un lustro por la juez Carmen González, que dejó la causa por un cambio de destino. Seguidamente, pasaron a ocuparse del caso el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán . El citado juez fue apartado de la causa en marzo de 2018 por la Audiencia Provincial de Palma por «pérdida de apariencia de imparcialidad». Además, el propio Penalva y también Subirán podrían acabar siendo juzgados en los próximos meses por varios supuestos delitos cometidos durante la instrucción, entre ellos los de denuncia falsa, revelación de secretos, coacciones y amenazas.

El sustituto de Penalva al frente de la instrucción del caso Cursach fue el ya citado juez Florit, quien, como se ha indicado, se sentará en breve en el banquillo por haber ordenado incautar los móviles del periodista de «Diario de Mallorca» José Francisco Mestre y de la redactora de Europa Press en Palma Blanca Pou . En previsión de lo que podía llegar a suceder, el pasado mes de julio el Decanato de los Juzgados de Palma había designado ya al juez Antoni Garcías como nuevo instructor del caso Cursach, teniendo además en cuenta que Florit se encontraba de baja en esos momentos.

El caso Cursach cuenta hoy con diversas piezas separadas, entre ellas una específica que abrió el juez Florit el pasado año y que, en un giro inesperado de los hechos, es la que finalmente ha conducido al propio magistrado a sentarse en el banquillo. Florit había abierto esa pieza separada para indagar acerca de las presuntas filtraciones periodísticas que se venían produciendo desde hacía tiempo en el marco de este proceso. Dicha pieza separada fue abierta por Florit a raíz de la denuncia previa presentada en el verano de 2018 por Cursach tras la publicación en los medios de comunicación de diversas informaciones reservadas.

Una de las decisiones tomadas por el juez Florit en el marco de la mencionada pieza separada fue ordenar el 11 de diciembre del pasado año la incautación de los móviles de los dos periodistas citados. El magistrado devolvió los móviles a Mestre y a Pou poco después, el 4 de enero, certificando que dichos teléfonos no habían sido finalmente abiertos y que sus contenidos tampoco habían sido examinados. Aun así, ya en diciembre «Diario de Mallorca» y Europa Press habían presentado una querella contra Florit. Poco después, se personó también la Agencia Efe como parte igualmente perjudicada. Posteriormente, en abril de este año, Florit compareció ante el TSJIB en calidad de imputado, negando haber vulnerado el secreto profesional de los periodistas. Por último, en septiembre la juez decidió que Florit deberá sentarse finalmente en el banquillo.