Anticorrupción da por perdonado a Pablo Iglesias por lo que hiciera con el móvil de su asesora

Lo explica en un escrito de alegaciones a la providencia del juez Manuel García Castellón en la que planteaba que podía existir un «conflicto de interés» en el hecho de que la misma abogada representase a Bousselham y a Iglesias , dado que él pudo cometer ese delito de revelación de secretos y otro de daños informáticos en caso de acreditarse que estropeó el dispositivo intencionadamente antes de devolvérselo.

Esa era la tesis que había mantenido desde un inicio Anticorrupción. El pasado 21 de mayo pidió al juez que retirase a Iglesias la condición de perjudicado en esta pieza del caso Villarejo y planteó la posible concurrencia en su conducta de los dos mencionados delitos . No obstante, instaba al juez a llamar a Bousselham, porque el delito de revelación de secretos es semipúblico y requiere denuncia de parte y el de daños informáticos, al menos, que la víctima se reconozca como perjudicada. Quería así que se ofreciese a la exasesora la posibilidad de perdonar a Iglesias o, por el contrario, ejercer acusación contra él.

El juez rechazó este extremo y acordó diligencias para intentar esclarecer quién, cómo y con qué fines rompió aquella tarjeta. En este contexto, ha librado una orden europea de investigación dirigida a la empresa de servicio técnico con sede en Gales a la que el marido de ella envió el dispositivo para intentar arreglarlo.

Llegados a este punto, Bousselham se retractó y presentó un escrito de manifestaciones en el que negaba que hubiese recibido la tarjeta dañada y aseguraba que pudo abrirla y consultar su contenido. Decía que se había producido un «malentendido». También negó que hubiese conflicto de interés alguno con Iglesias y reafirmó su intención de seguir manteniendo la misma representación letrada, que ejerce la abogada de Podemos Marta Flor.

Para la Fiscalía Anticorrupción, si bien el escrito de manifestaciones tiene «un valor procesal muy discutible», al final «siembra mayores dudas sobre la posible acusación dolosa de daños en la tarjeta telefónica desde el momento en que desmiente que recibiera la tarjeta en tan mal estado como (decía) en las declaraciones judiciales es decir, inservible».

Incide además en que se ha demostrado «una inequívoca falta de voluntad» de Bousselham «de esclarecer los hechos en dos aspectos muy concretos y esenciales: la finalidad de las capturas de pantalla realizadas así como destinatarios y fechas de envío por ella misma y la forma fecha y estado de entrega de la tarjeta por parte de Pablo Iglesias».

En su opinión, que reafirme además que no existe conflicto de intereses pese a «los indicios de criminalidad descritos sobre la participación de Pablo Iglesias» lleva a concluir que «ha venido a otorgar el perdón previsto de manera tácita en su escrito», que es lo que venía pidiendo Anticorrupción: que se la citase y se le preguntase si perdonaba.

Para los fiscales, con esta maniobra Bousselham «ha venido a llevar a cabo por tanto la primera diligencia interesada por el Ministerio Fiscal y denegada por el instructor el 25 de mayo y ha pedido ratificar su escrito de manifestaciones, es decir que se proceda a la práctica de la segunda diligencia solicitada y rechazada por el instructor».

Por último, se refiere a la protección que brinda a la exasesora el Estatuto de la Víctima del Delito al que aludía el instructor cuando planteaba el mencionado conflicto de interés y dice, que «esos derechos son plenamente disponibles para la perjudicada» en tanto que «goza del derecho fundamental a elegir letrado de confianza» y «del derecho a otorgar su perdón expreso».

Por otra parte, en un segundo escrito, la Fiscalía Anticorrupción se refiere al recurso presentado por Pablo Iglesias contra su expulsión del procedimiento y se reafirma en que no existen razones para que siga siendo considerado un perjudicado del caso Villarejo , al tiempo que plantea que los indicios de delito que obran en esta pieza en particular, se están desinflando.

«Lo que debe dilucidarse en esta sede es si puede considerarse como perjudicado por una infracción penal y no existen elementos suficientes para ello en la presente causa, particularmente, tras la emisión de informe superficiales de la policía científica y las ultimas revelaciones de Bousselham que van venido a desvirtuar en gran medida los indicios de criminalidad existentes hasta ahora», señala.

En opinión del Ministerio Público, «no resultan de las actuaciones indicios suficientes para considerar que Pablo Iglesias resultara perjudicado por ningún hecho de carácter delictivo que sea objeto de investigación en la presente pieza separada ni que se derive de la supuesta sustracción del teléfono móvil de Dina Bousselham».

En esta pieza constaban hasta la fecha Iglesias y su exasesora en el Parlamento Europeo como perjudicados y en calidad de investigados, el propio Villarejo en tanto que tenía copia de los archivos del teléfono móvil de ella y los periodistas de la extinta revista Interviú Alberto Pozas y Luis Rendueles, que recibieron el dispositivo en un sobre anónimo llegado a la publicación.

En el caso de ambos, están investigados por un presunto delito de revelación de secretos que habrían cometido cuando, como explica el juez en otro de sus autos, «el ex comisario de Policía José Manuel Villarejo contacta con el periodista que había recibido la tarjeta, y le pide que le hagan entrega de una copia esta». «El periodista accede a la petición, y facilita al Sr. Villarejo una copia del archivo que tenía en su ordenador personal», resume el instructor.