Anticorrupción estudia pedir ya la libertad de Villarejo

La clave está en los plazos. Villarejo cumple cuatro años en prisión provisional en noviembre, el máximo que puede permanecer en esta situación. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional enfiló a juicio tres piezas separadas de la causa (Land, Iron y Pintor) en la primavera del año pasado y en noviembre, se resolvieron todos los recursos presentados por los acusados. Habría juicios, sólo faltaba ponerles fecha.

En febrero, la Sección Cuarta, que es la que va a juzgar este asunto, aún no había fijado el calendario. Dictó un auto acordando que las tres piezas separadas se verían en una sola vista pero además, decretó la libertad provisional de Villarejo en los tres asuntos. La decisión no tenía en la práctica consecuencia directa, porque el comisario está en preventiva por el resto de las piezas separadas y una vez tras otra, hasta más de una docena, la Audiencia Nacional ha denegado su salida por riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva.

Sin embargo, no era una cuestión baladí: tenía un impacto directo en el calendario. Para la Sala, el juicio de Villarejo ya no era el de una causa con preso y por tanto, no tenía que darle prioridad a la hora de buscar hueco en la agenda para celebrarlo. A resultas, fijó el 13 de diciembre como inicio de la vista, es decir, más allá de esa barrera del mes de noviembre cuando se ha cumplido la prisión provisional, tal y como avanzó ABC.

Anticorrupción tenía otros planes pues siendo un preso preventivo y con esos antecedentes de denegaciones de libertad, esperaba que el juicio fuese prioritario y se celebrase mucho antes, de acuerdo a las fuentes consultadas por este diario. De ese modo, cabía la posibilidad, aunque remota, de que hubiese un pronunciamiento firme y el comisario no llegase a agotar el máximo de prisión preventiva es decir, permaneciese en prisión pero por estar ya condenado.

Sin embargo, la decisión de la Sala de lo Penal y la demora en fijar calendario han puesto a la Fiscalía en un callejón sin salida. La prisión preventiva es la medida cautelar más lesiva de derechos fundamentales por lo que no cabe extenderla cuando ya se tiene constancia de que, en todo caso, vencerá antes de que sea sometido a un tribunal.

Y este es el panorama que los fiscales de Anticorrupción tienen sobre la mesa, pues la Sala ha rechazado sus alegaciones en recurso de súplica. Incidían en la necesidad de apreciar la causa Tándem como un todo, apuntaban que el tribunal no había razonado la libertad considerando el riesgo de fuga y el de reiteración delictiva omnipresentes todo este tiempo y que, en cualquier caso, ese cambio en la situación personal de Villarejo eludía «de modo arbitrario la condición de causa preferente para señalamiento del juicio».

Pero el tribunal no lo ve así. Para empezar, recuerda que tiene legitimidad para acordar que se juzguen las piezas conjuntamente pues dentro del reconocimiento de que tratan asuntos diversos y tienen acusados dispares, comparten el hilo conductor y buena parte de los acusados, así como el grueso del elenco de delitos que van a ser objeto del juicio.

Además, incide en que «los delitos más graves que son objeto de investigación» en otras piezas de la causa, como el blanqueo de capitales o el de organización criminal, no son los que se van a ver en este juicio, donde el ilícito con mayor reproche penal es el cohecho.

Villarejo ya habría amortizado en preventiva más de la mitad de la pena que le puede caer por ese delito, si bien los escritos de acusación elevan el horizonte penal mucho más allá del tipo básico de seis años, bien porque son varios cohechos independientes, bien porque se trata de un delito continuado, en función de cada caso.

Para la Sala, «no puede pretenderse bajo ningún concepto una proyección expansiva de la gravedad de las conductas que se persiguen en la pieza principal al resto de las piezas y menos aún, a efectos del mantenimiento de una situación de prisión provisional ». Y han pasado ya más de tres años.

En este escenario, con el juicio ya en agenda para finales de 2021, Anticorrupción se ve en la situación de tener que instar la libertad del comisario, para el que se han abierto ya una treintena de piezas separadas de investigación en la Audiencia Nacional, de las que en torno a quince siguen vivas, y que acumula un horizonte penológico de más de cien años de cárcel entre unos y otros asuntos.