Álvaro Rodríguez Bereijo: «La reforma territorial se planteó por la élite de algún partido que no se llama nacionalista y lo es: el PSC»

-Permitir que EHAK participara en las elecciones autonómicas, ¿ha supuesto abrir de nuevo la puerta de las instituciones a ETA?

-Tengo la convicción personal de que ha sido el cauce para que Batasuna y ETA entren de nuevo en el Parlamento vasco. Es mi impresión, probablemente compartida por muchos vascos.

-Parece que hay varios aspectos que encajan en los requisitos que establece la ley para poder ilegalizar un partido y, sin embargo, el Gobierno sigue argumentando que no son pruebas suficientes...

-La respuesta es aquí más compleja. No basta con la convicción que uno, incluso el propio Gobierno, tenga de que eso puede ser una argucia urdida por ETA/Batasuna para eludir el límite impuesto por la ley de Partidos Políticos y la ley Electoral respecto de la continuidad en la representación política de los partidos ilegalizados. Entramos ya en un terreno exquisitamente jurídico respecto del cual es necesario tener muchas cautelas. No basta sólo con la convicción, con la impresión que uno pueda tener; es necesario que haya elementos probatorios suficientes y bastantes. Y desde esa perspectiva, con los datos que yo conozco a través de los medios de comunicación, no puedo afirmar que esos elementos probatorios concurran en este caso. Por otra parte, el Tribunal Constitucional, en la sentencia sobre Aukera Guztiak, establece requisitos muy exigentes en esta materia.

-¿Hay un endurecimiento de la exigencia probatoria?

-Sí. El TC dirige mensajes muy claros. Si bien la doctrina permanece constante, hay avisos de que no puede valer cualquier acción y, desde luego, de que no valen las impresiones que uno pueda tener, los indicios, la convicción personal y moral de que eso es una argucia de ETA y Batasuna para sustentar una acción judicial. Tienen que existir también pruebas. ¿Pudo haberse hecho una investigación exhaustiva desde el momento en que se constituyó este partido político para evitar este resultado? Seguramente sí, y seguramente se hubieran podido encontrar conexiones entre este partido político y elementos más o menos conectados al entorno de ETA.

-Entonces, ¿es inevitable que una organización del complejo ETA se «cuele» en el juego democrático?

-Inevitable, no. Pero ése es el riesgo de una sociedad democrática y abierta: que los derechos y libertades que reconoce los pueden utilizar también los enemigos del Estado. Y ésa es la historia que llevamos sufriendo en España con el nacionalismo radical de todo tipo y, en concreto, con el terrorismo de ETA. En este sentido, la lucha que se inició en 1996 contra el terrorismo de ETA en todos sus frentes, quitándoles el agua de la pecera, me ha parecido un acierto. Y la ilegalización de Batasuna, contra todo lo que pronosticaron algunos agoreros, no ha supuesto ningún peligro, sino todo lo contrario. Ha sido un avance en la lucha contra el terrorismo.

-Desde la llegada del PSOE al Gobierno, ¿se ha reducido la presión contra el entorno de ETA o ha sido un espejismo fruto, por ejemplo, de las elecciones vascas?

-No tengo elementos para hacer una valoración de eso, por el momento. Al margen de las cosas que se afirman con motivo de unas elecciones, no creo que haya una renuncia a luchar contra el terrorismo de ETA bajo todas sus formas porque, entre otras cosas, no es un problema de uno u otro partido. Ahí nos estamos jugando todos la democracia y la libertad y, sobre todo, quienes se la están jugando antes que nadie son las personas que viven y trabajan en el País Vasco, algunos de los cuales no tienen libertad ni tampoco reconocido de manera efectiva el derecho a la vida, puesto que tienen que vivir amenazados, con escolta y sometidos continuamente a la coacción.

-¿Cómo se explica entonces el cambio de criterio de la Fiscalía en el «caso Atutxa», en el que ha pasado de ser querellante a anunciar que pedirá la absolución?

-No tengo elementos de juicio en ese punto concreto. Lo que sí puedo decir es que me preocupa extraordinariamente la quiebra de la fuerza de la ley cuando ésta es dictada por los tribunales de justicia en el País Vasco, donde las leyes y las resoluciones judiciales ni se acatan ni se cumplen. Me preocupa que haya una especie de territorio exento a la ley y al Derecho, no sólo con respecto a los derechos individuales de las personas, la vida, la libertad de expresión, reunión o movimiento, restringida de manera lamentable para algunos, sino también ese área exenta e inmune al Derecho y al Estado de Derecho en donde las leyes, las normas y las sentencias judiciales se cumplen sólo si son de su agrado. Es una especie de ley del embudo, a la que los nacionalistas son muy proclives, según la cual «sólo es justo lo que es de mi gusto».

-Entonces, cuando el Supremo ordenó disolver Sozialista Abertzaleak no se entrometió en la actividad de la Cámara vasca...

-Para nada. El Supremo dictó una sentencia impecable que debió cumplirse en sus propios términos. Lo que preocupa es eso, que resoluciones o normas jurídicas dictadas para todos con la generalidad que implica la ley no se cumplan sólo por la voluntad de aquéllos que en un determinado momento tienen la responsabilidad de gobierno e institucional en el País Vasco.

-¿Es posible aplicar en España un modelo territorial basado en las «comunidades nacionales»?

-Esa es una ocurrencia, dicho sea con todos los respetos, que trata de enredar una cuestión que en el artículo 2 de la Constitución está meridianamente claro. Evidentemente, si nos ponemos en el plano constituyente, uno se puede inventar todos los conceptos que quiera, aunque para eso no hace falta idear un término tan equívoco y ambiguo.

-Luego el término «nación» no es discutible...

-Lo que quiero decir es que el articulo 2 es muy claro: hay una única nación, la española, en la que descansa la unidad política del Estado; y las nacionalidades y regiones son una composición de esa nación española dentro de la pluralidad que la Constitución reconoce, pero que alude más a la identidad histórica, cultural e incluso jurídica que tienen algunas Comunidades Autónomas. Aquí estamos manejando conceptos jurídico-políticos que están plasmados en la Constitución. Por lo tanto, no se puede decir que el concepto de nación, que recoge el artículo 2, es discutido y discutible. Es un concepto jurídico que se podrá cambiar, y legítimamente se puede iniciar una reforma constitucional para ello, pero no se puede alterar, contradecir o relativizar si no es mediante la reforma de la Constitución misma.

-¿Ha llegado el momento de reformar el artículo 2?

-Creo que no. El artículo 2 es, junto con el Título VIII, la clave del arco sobre el que se ha hecho ese gran pacto histórico que ha conducido al Estado de las Autonomías, que es la fórmula más abierta, más flexible, y la que mejor puede dar respuesta a las tensiones territoriales y a las cuestiones que siempre han venido entorpeciendo la historia política de España desde el antiguo régimen. Y en este sentido, nosotros creímos que esa solución de la Constitución del 78, ese gran pacto que permitió alumbrar esa nueva organización territorial del Estado para vertebrar sobre ella la unidad nacional, la unidad de la nación de España, es la fórmula en la que pueden tener mejor cabida todas las tensiones que los nacionalismos periféricos generan. Y no creo que vayamos a encontrar una fórmula que dé mayor apertura y flexibilidad a la expresión política de la pluralidad constitutiva de España (desde luego, en modo alguno el Estado federal, en el que no encontraremos una descentralización mayor que la que posibilita el Estado de las Autonomías), a no ser que lo que se pretenda sea otra cosa. Y muchos sabemos muy bien que lo que algunos partidos nacionalistas pretenden no es una reforma de la Constitución sino una ruptura de la Constitución, porque lo que quieren es la independencia. Pero eso no es ya un cambio en la Constitución, es un cambio de Constitución, una ruptura profundamente abrupta del orden constitucional y del pacto constitucional.

-¿Se avecina un cambio propiciado por la presión de los compromisos parlamentarios del Gobierno?

-No exactamente. Probablemente el tema de la reforma territorial, de los estatutos y de la Constitución se planteó por las elites dirigentes de algunos partidos políticos nacionalistas e incluso de otros partidos políticos que no se llaman nacionalistas pero que lo son (me refiero concretamente al PSC,que tiene más de nacionalista que de socialista). Esas jóvenes elites dirigentes que han perdido la memoria histórica del gran pacto del 78, por puros criterios de oportunidad política han decidido poner encima de la mesa como un elemento más de su programa político la reforma territorial del Estado. Y todo ello sin que exista una demanda ciudadana y bajo el paradigma de que esta Constitución y estos estatutos ya no nos sirven. Son una elite política que, sin atender a la memoria histórica, a lo que ha costado poner en pie este Estado constitucional, han decidido hacer tabla rasa de todo eso bajo el paradigma de que las constituciones se cambian porque las generaciones se suceden, con lo cual estaremos en un proceso permanentemente constituyente. Y han decidido abrir este proceso de reforma territorial de una manera a mi modo de ver irresponsable. El presidente del Gobierno ha decidido que efectivamente ha llegado el momento de llevar a cabo una segunda transición; que la que se hizo de forma modélica y ejemplar y que ha dado un fruto espectacular desde el punto de vista de la Historia de España no sirve; que hay que hacer una segunda transición política para hacer acaso ahora la ruptura que no se quiso hacer en 1978 porque se tenía una conciencia muy clara y una memoria muy presente de lo que había sido la Historia de España. Y precisamente porque se tenía una memoria histórica muy viva de lo que había representado la Guerra Civil, se pensó que eso había que superarlo con un pacto constitucional que diera estabilidad a nuestro país para un futuro muy largo. Pues ese futuro muy largo es el que algunas personas quieren ahora poner en cuestión. Lo que me parece sobre todo un error estratégico es haber admitido como punto de partida que esta Constitución del 78 no sirve y que hay que sustituirla por otra.

-¿Aconseja el actual clima político iniciar la reforma constitucional?

-No existen hoy las condiciones ni están los mimbres para hacer el pacto que se hizo en 1978, porque hay algunos partidos que no tienen ni voluntad de consenso ni voluntad de reforma de la Constitución. Reformar la Constitución implica como condición indispensable su defensa. Y tengo muchas dudas de que ERC, PNV o BNG quieran defender esta Constitución y no deconstruirla, es decir, derribarla. Esto no es una reforma de la Constitución, sino un cambio de Constitución.

-¿Tampoco lo aconsejan las relaciones PP-PSOE?

-Eso ya es el remate. Me preocupa cómo se ha ido erosionando el apoyo y el consenso de los grandes partidos nacionales a la Constitución. Esta Constitución no se sostiene sólo con un gran partido nacional, sea cual sea, ni se sostiene tampoco con un partido y medio. Esto requiere como mínimo dos grandes partidos firmemente unidos en la defensa y el mantenimiento de esta Constitución. Y con esto no quiero sugerir que yo sea un inmovilista, porque rápidamente se ha disparado con esta munición sobre cualquier persona que levantara la cabeza para decir algo que no está en la línea del pensamiento único que algunos quieren imponer. No soy ni un fundamentalista constitucionalista ni un inmovilista. Si se va a cambiar esta Constitución, lo que quiero saber es por qué, para qué y cuál es la otra Constitución que usted me ofrece, en qué va a ser mejor y qué problemas va a solucionar. Y dígame qué ha funcionado mal, hágase un balance de estos 25 años. Aquí lo que hemos hecho es poner el carro delante de los bueyes: primero digo que vamos a reformar la Constitución y los estatutos y luego ya veremos a dónde esto nos conduce.

-¿Era necesario adaptar nuestra Carta Magna al Tratado de la Constitución europea?

-Creo que no. Participé como representante de Aznar en la redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y lo que puedo decir es que una de las preocupaciones primordiales en aquella tarea era que la Carta, germen de lo que es ahora la Constitución europea, no pusiese patas arriba ni los tratados constitutivos ni las constituciones nacionales de los Estados miembros. Por eso siempre he creído que no había incompatibilidad alguna. Y el TC ha dejado zanjado este problema, aunque con una resolución que es muy pobre desde el punto de vista jurídico y argumental. Pero en todo caso, es un asunto zanjado y no hay necesidad alguna de reforma.

-¿Y la reforma promovida por el Gobierno para introducir el nombre de las Comunidades Autónomas?

-Ocurre lo mismo. La singularidad de nuestra Constitución es que organiza un territorio sin definir el Estado, con lo cual la estructuración del mismo se defiere a un momento y a una dinámica política posterior, que es todo el proceso estatutario que ha ido produciéndose. Es verdad que después de 25 años, el Estado español, desde la perspectiva de su estructura territorial, ya está definido: es un Estado de las Autonomías, compuesto por 17 Comunidades Autónomas más dos Ciudades Autónomas. Bien, ahora se puede plasmar esa realidad en el texto de la Constitución. Si se quiere meter esto en la Constitución me parece bien, pero que se explique qué problema resuelve de los planteados por los nacionalismos periféricos. Eso no va a satisfacer las pretensiones de los nacionalistas, que lo que quieren es hacer una reforma radical y constituir el Estado bajo supuestos territoriales completamente distintos de los de 1978. En esa línea van el plan Ibarretxe e incluso muchos de los planteamientos que hacen Maragall y el PSC, que difícilmente tienen encaje en esta Constitución. Por tanto, añadir el nombre de las comunidades no va a resolver ningún problema sobre cómo ha de vertebrarse la unidad constitucional de España, la unidad de la nación española, la pluralidad y los nacionalismos periféricos.

-Nacionalistas catalanes y vascos pretenden crear consejos del poder judicial autonómicos. ¿Es viable?

-No. El Poder Judicial es único. La unidad del Poder Judicial es un concepto asentado profundamente en la Constitución y no cabe la posibilidad de fragmentarlo.

-¿Qué opinión tiene de la reforma del sistema de nombramiento de los altos cargos judiciales?

-No tengo una opinión sobre eso. Lo único que constato es que se ha producido una situación lamentable de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que no añade nada bueno ni nada nuevo a la atormentada y triste historia de este órgano constitucional que se ha visto politiqueado hasta los extremos más inconcebibles. Y eso ha minado las bases sobre las que un órgano constitucional puede funcionar con tranquilidad y con sosiego.