El desafío independentista de la Generalitat «es un acto contra el Estado de Derecho, la norma será nula»

Francesc de Carreras , catedrático de Derecho constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y miembro del Consejo Consultivo de la Generalitat entre 1981 y 1998, considera que el contenido del documento «es un acto contra el Estado de Derecho» y «una locura, jamás vista hasta ahora en el ámbito del derecho».

Del mismo parecer es Teresa Freixes , también catedrática de Derecho constitucional de la UAB y especialista en derecho comunitario, al señalar que «la ley que preparan los partidos independentistas es nula de pleno derecho porque no emana, ni por procedimiento ni por materia, de un sujeto que la pueda legitimar». Y añade: «No he visto mayor chapuza jurídica en el mundo. Es una aberración jurídica».

El letrado Ramón de Veciana , miembro de Abogados Catalanes por la Constitución, apunta que «es una ley de sedición», que «desborda el Estatuto de Autonomía y la Constitución española» y que, además, también «vulnera el derecho internacional».

Los tres expertos, en cualquier caso, no tienen duda de que el Gobierno recurrirá la norma, en cuanto sea aprobada por el Parlamento autonómico, y el Tribunal Constitucional la suspenderá automáticamente.

Por su parte, la entidad Llibertats, que agrupa a juristas catalanes contrarios a la independencia de Cataluña, advirtió en un comunicado que -aunque el texto conocido hasta la fecha sea solo un borrador- «su contenido supone una clara ruptura de la vigente estructura de división de poderes propia de cualquier Estado de Derecho, lo que pone nuevamente de manifiesto las graves carencias democráticas» de la reivindicación secesionista tal y como está planteándose.

En este sentido, el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra , tras una reunión con el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, tranquilizó a los funcionarios afirmando que es «imposible» su trasvase «automático» de la Administración General del Estado a la Generalitat, y recordó que si un empleado público infrinje la Constitución «puede perder su nombramiento».