Rajoy reta a Puigdemont en el Congreso

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría , llevó la declaración al Consejo de Ministros. La propuesta se sometió a debate y todos los ministros presentes intervinieron para apoyarla. No se produjo una sola discrepancia, según fuentes del Consejo. A la reunión solo faltaron las ministras de Empleo y de Sanidad.

Sáenz de Santamaría compareció después junto al portavoz, Íñigo Méndez de Vigo , para hacer pública la declaración del Gobierno desde La Moncloa. Se trata de la respuesta oficial a la última exigencia de Puigdemont, quien acudirá el próximo lunes a Madrid para exponer en una conferencia su ultimátum de un referéndum independentista «pactado», gracias a las facilidades que le ha dado para ello la alcaldesa, Manuela Carmena.

La vicepresidenta recordó que la posición del Gobierno de Rajoy ha sido «muy clara» desde el principio, y se basa en «la defensa de la unidad de España y el respeto a la soberanía nacional que consagra nuestra Constitución y que reside en el pueblo español, en el conjunto del pueblo español». Por eso, el Gobierno invita al presidente autonómico catalán «a dialogar y debatir democráticamente su propuesta por los cauces legalmente previstos en el sitio idóneo para ello: el Parlamento de la Nación». Fuentes del Gobierno precisaron después que sería en el Congreso de los Diputados, y recordaron que el Senado, como Cámara territorial , ya invitó a Puigdemont a exponer sus propuestas y este lo rechazó.

El Gobierno no ha actuado en solitario. En todo momento ha informado de cada uno de sus pasos al principal partido de la oposición, el PSOE, también al Partido Socialista de Cataluña (PSC), y a su socio Ciudadanos , de quienes ha obtenido su respaldo. No fueron los únicos que apoyaron la iniciativa. La marca de Podemos en Cataluña instó a Puigdemont a aceptar la invitación del Gobierno, aunque en este caso votarían a favor del referéndum.

La vicepresidenta recordó que el Ejecutivo no puede negociar un referéndum porque la Constitución no lo permite , «pero lo que sí permite nuestro ordenamiento es que ante los legítimos representantes de todos los españoles se pueda debatir cualquier propuesta, siempre que se haga por los cauces democráticamente previstos». Sáenz de Santamaría garantizó a Puigdemont que contará con la colaboración del Gobierno para que el debate de sus propuestas se haga con «la mayor agilidad posible», y se mostró convencida de que todos los grupos parlamentarios lo facilitarán al máximo.

El Gobierno evitó decir de qué forma debería Puigdemont llevar su proyecto al Congreso. «Les corresponde a ellos traer la iniciativa a las Cortes Generales» , comentaron fuentes de Moncloa, que evitaron así indicar cuál sería el camino idóneo. Pero tanto la vicepresidenta como su entorno aludieron al precedente más claro que existe, el del lendakari Juan José Ibarretxe el 1 de febrero de 2005. El «Plan Ibarretxe» fue un proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía, para modificar el «estatuto político» del País Vasco. El Congreso lo rechazó con 313 votos en contra, 29 a favor y 2 abstenciones.

Los independentistas catalanes ya estuvieron en el Congreso en abril de 2014 . Fueron Jordi Turull (CiU), Marta Rovira (ERC) y Joan Herrera (ICV) para defender una Proposición de Ley del Parlamento de Cataluña que pedía el traspaso de la competencia del Estado para convocar un referéndum. Se rechazó con 299 votos en contra, 47 a favor y 1 abstención.

Fueron fórmulas distintas, con un denominador común: las iniciativas se debatieron en el Pleno del Congreso de forma legal . En el caso actual, el Gobierno emplaza a Puigdemont a seguir «el cauce democrático y exponer su propuesta de referéndum en el Congreso». «Primero porque es lo legal, y segundo, para que se constate democráticamente en qué situación está y abandonen la partida», admiten en el Gobierno.

En La Moncloa explican que la iniciativa que presenten, en su caso, los independentistas se podría debatir y votar. Una de las posibilidades sería plantear la reforma de la legislación relativa a las consultas , o directamente poner sobre la mesa el referéndum. Desde el Gobierno se cree que lo primero no sería problemático. En todo caso, sería la Mesa del Congreso el órgano competente para admitir a trámite una iniciativa autonómica o no. Si se quiere celebrar un referéndum independentista, la vía sería a través de una reforma constitucional, y no una sola votación en el Pleno del Congreso.

No es la primera vez que el Gobierno de Rajoy insta a la Generalitat a llevar el debate de sus propuestas al Parlamento nacional . En septiembre de 2012, cuando Artur Mas fue a exigir el Pacto Fiscal a Rajoy en La Moncloa, y amenazó con poner en marcha el mecanismo independentista si el Ejecutivo no cedía, el presidente ya le invitó a llevar su propuesta al Congreso.