Los fiscales no informaron a sus jefes de la detención de Rato

Los fiscales de Madrid que formularon la denuncia contra Rato en los juzgados de Plaza de Castilla contrariaron la orden del fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, y del fiscal jefe provincial, José Javier Polo, cuando pidieron la detención de Rato. No lo hicieron por escrito, pero el auto del titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Enrique de la Hoz, quien estaba de guardia entonces, es claro cuando acuerda esa detención «de conformidad con lo solicitado por la Fiscalía».

Es decir, los fiscales del caso se lo pidieron verbalmente y el magistrado lo dejó constar por escrito, como es habitual. La alternativa sería incongruente: que el juez hubiera acordado el arresto por su cuenta y faltara a la verdad en su resolución al decir que lo hacía a instancias del Ministerio Público.

Fuentes de la Fiscalía de Madrid aseguran a ABC que cuando Moix y Polo, los jefes de los fiscales del caso, se enteraron de la detención de Rato, en el transcurso del segundo registro -y tras ver la ya célebre imagen de la mano del agente de Aduanas sobre la cabeza del exvicepresidente- «no dieron crédito». Fue entonces cuando solicitaron al juez (el mismo que había acordado la detención) su inmediata puesta libertad, lo que hizo posible que el investigado pudiera dormir en casa.

Podría tratarse de un episodio aislado, e incluso un despiste, por parte de los fiscales económicos -que trabajan codo con codo con la Agencia Tributaria- si no fuera porque ese día ya llovía sobre mojado. No fue hasta veinticuatro horas antes de la detención de Rato; es decir, el miércoles, cuando Moix se enteró de las actuaciones que se iban a seguir contra el expresidente de Bankia.

La publicación, el martes, por parte de un diario digital de que Rodrigo Rato se había acogido a la amnistía fiscal precipitaba los acontecimientos y la necesidad de informar al fiscal superior de que había que practicar cuanto antes las entradas y registros para evitar que se pudieran destruir pruebas.

Moix autorizó la presentación de la denuncia el miércoles, pero antes pidió ver el texto. Cuando el jueves quiso introducir alguna modificación menor, le informaron de que ya se había presentado.

Esa misma mañana, los fiscales del caso habían llevado a los juzgados de Plaza de Castilla dos escritos distintos: el de la petición de entrada y registro en el domicilio de Rato, que fue el que, por su urgencia, recayó en el juzgado de guardia, y el de la propia denuncia, que es el que por reparto fue a parar al día siguiente (viernes) al Juzgado de Instrucción número 31, el del juez Antonio Serrano, conocido por haber investigado la operación Puerto contra el dopaje.

El mismo viernes, otra fiscalía, Anticorrupción, levantaba la liebre sobre la forma en la que se estaba gestionando el caso Rato. Fue esta Fiscalía especializada, en cuyas manos ha dejado finalmente la investigación la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, la que confesó haberse enterado a la vez que toda España de la detención del exvicepresidente, pese a que ya lo investigaban por Bankia y por las tarjetas «black».

Efectivamente, Anticorrupción no lo sabía . Hace ya dos meses, la Agencia Tributaria le había puesto sobre la mesa la información que tenía sobre Rato -y que ha derivado en una investigación por siete delitos, cinco de ellos fiscales-, y la Fiscalía especializada pidió a Hacienda que siguieran investigando el caso, aún inmaduro. Anticorrupción no se imaginó en ese momento que la Agencia Tributaria iba a llevar esa misma denuncia a la Fiscalía de Madrid, como efectivamente hizo.

En esta Fiscalía provincial no ocultan su malestar con el hecho de que la Agencia Tributaria no les informara de que Anticorrupción les había cerrado la puerta antes de que ellos se la abrieran. Si esto hubiera sido así, si hubieran sabido que la Fiscalía que dirige Antonio Salinas vio y rechazó previamente los indicios (entonces prematuros) que les llevó Hacienda, se habrían hecho las cosas de otra forma, reconocen fuentes del Ministerio Público. Ha habido, según confiesan, una falta de coordinación, pero en ningún caso se puede hablar de «mala fe».