Rato pudo ocultar bienes para no pagar su responsabilidad civil por Bankia

Así consta en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que desestima el recurso que fue presentado por el ex consejero delegado de Bankia Francisco Verdú contra la fianza solidaria de 800 millones de euros en concepto de responsabilidad civil fijada contra Bankia, su matriz el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y los antiguos miembros del Consejo de Administración, Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y él mismo.

El magistrado afirma que la medida cautelar tiene como finalidad que el "transcurso del tiempo dificulte la ejecución de la sentencia" o cause "grave daño por el retraso en su ejecución" y añade que "se pretende evitar que los inculpados, ante la posible exigencia definitiva de una responsabilidad pecuniaria pretendan eludir esa obligación, ocultando sus bienes para evitar hacer frente a esas posibles responsabilidades". En este sentido, precisa que la "posibilidad de ocultación" concurre en este caso.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 explica que la fianza tiene como objeto "asegurar el restablecimiento a la situación" en la que se encontraba aquellos que pudieran haber resultado perjudicados a través de la adquisición de acciones en base a una "información engañosa o falsa".

Dicho esto, defiende que existen "suficientes" y "fundados" indicios de criminalidad por parte de los imputados a la luz del informe elaborado por "dos profesionales independientes" como eran los peritos judiciales, que pusieron de manifiesto que los estados financieros de Bankia y BFA incluidos en el folleto de emisión de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) no reflejaba la "imagen fiel" de la entidad.

"En esta fase no se exigen certezas sino apariencias y la medida adoptada tiene el único efecto de vincular bienes suficientes del inculpado y sujetarlos a las resultas del proceso", prosigue Andreu, para concluir que "nada impide" que las medidas cautelares se adopten en los "meros inicios" del proceso a tenor del artículo 764 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y recuerda que se pueden acordar otras medidas "mucho más lesivas" como es la prisión provisional.

En el auto de imposición de la fianza civil dictado el pasado 13 de febrero, Andreu consideraba que se ha podido cometer un delito de falseamiento de cuentas en virtud del informe de los peritos cedidos por el Banco de España, del que se desprende que "con toda rotundidad los estados financieros contenidos en el folleto de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad". A su juicio, la pericial que elaboró, a petición de la entidad, el experto Leando Cañibano no contradice esta idea.

El magistrado responsabiliza de la creación y el mantenimiento de "tal ficción" a Bankia, al BFA -por su condición de accionista único- y a quienes participaron en el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración del 15 de junio de 2011 que dio lugar a la inclusión de la información contenida en el folleto de salida a Bolsa, que resultó ser "inveraz".