Roca afirma que la situación jurídica de la Infanta Cristina es «insólita»

En declaraciones a los periodistas en Barcelona, Roca ha estimado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, así como de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, indican que la Infanta no debería ser objeto de un proceso y ha señalado que eso es lo que se defiende en su recurso.

La defensa de la Infanta Cristina presentó el pasado viernes un recurso de apelación contra el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos dictado por el juez José Castro el pasado 22 de diciembre, en el que abría proceso contra la hermana del Rey por dos presuntos delitos fiscales.

Roca ha indicado que intuye que la Infanta «está, lógicamente, preocupada» por esta situación, y ha dicho que ha hablado con ella en Navidad, Año Nuevo y también con motivo de la presentación del recurso.

El citado recurso, registrado en el juzgado de Instrucción número 3 de Palma, es de apelación y se ha presentado directamente ante la Audiencia de Palma, si bien el juez no decidirá si lo admite a trámite y lo traslada al tribunal provincial hasta finales de esta semana, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Miquel Roca ha argumentado que en el recurso se «defiende que hay una razón objetiva derivada del derecho, al que la Infanta debe acogerse». A su juicio, el juez instructor del caso Nóos, José Castro, deberá decidir sobre el recurso de acuerdo con Manos Limpias, porque «es evidente» que su actuación se sostiene con la argumentación de este sindicato de funcionarios.

El recurso de apelación se opone a «determinados pronunciamientos» del auto de apertura de juicio oral porque consideran que incurre en «excesos», no se ciñe a lo estrictamente propio de este tipo de auto e incluye «una materia que debe ser objeto de una resolución previa: la de la legitimación procesal para solicitar la apertura de juicio oral».

Reclamaron a Castro que, «en cumplimiento de las garantías constitucionales» y del derecho a un proceso con todas las garantías, eleve el recurso de apelación a la Audiencia de Palma, ya que consideran que la cuestión de la legitimidad de la acusación popular para pedir la apertura de juicio se tenía que haber resuelto «en resolución judicial previa e independiente».

Señalaron además que, no admitir recurso al auto de apertura de juicio supondría «fraude de ley».

El equipo legal liderado por Roca y Jesus María Silva alegó falta de legitimación de la acción popular ejercitada por Manos Limpias para acusar por delitos contra la Hacienda Pública, en aplicación de la llamada « doctrina Botín », y falta de fundamento y desproporción de la fianza acordada contra Cristina de Borbón (que el magistrado fijó en 2,7 millones de euros).