Un juez de Liechtenstein investiga al expresidente Jordi Pujol por blanqueo

En su escrito, que llegó la semana pasada al juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, la Policía Nacional informa de que, a través de Interpol-Vaduz, ha recibido hace unos días una comunicación electrónica en la que comunica la existencia de «un procedimiento penal abierto por la Princely Court of Justice, con el número 14 UR.2014.405». La causa, añade el escrito, se ha abierto por unas «sospechas de blanqueo de dinero» contra una persona identificada como Jordi Pujol, de nacionalidad española y nacido el 9 de junio de 1930, y que posteriormente Interpol-Vaduz confirmó que se trata del expresidente catalán.

El objetivo de la petición de Interpol-Vaduz, sostiene la Policía Nacional, es solicitar, a instancias del juez Michael Jehle que investiga el caso, «que puedan facilitarse en su caso registros de antecedentes y condenas».

Según el oficio de la Interpol española, en un escrito posterior del pasado 8 de octubre, Liechtenstein precisó que el requerimiento tiene la finalidad de «preparar una solicitud de comisión rogatoria», por lo que pide información sobre la autoridad judicial que tenga abiertos procedimientos en España contra Jordi Pujol.

Por ese motivo, la Interpol de España solicita al juzgado de instrucción número 31 de Barcelona que investiga la querella de Manos Limpias tras la confesión de Jordi Pujol «si no tiene inconveniente en poner en conocimiento la referencia de sus diligencias previas a la autoridad judicial de Liechtenstein, a través de IP Vaduz».

En una providencia, el juez de Barcelona que investiga la fortuna oculta por los Pujol sostiene que «no existe inconveniente» en informar a la autoridad judicial de Liechtenstein sobre lo solicitado, una vez sea firme su resolución, que es recurrible.

Por otra parte, la Oficina Federal de Justicia de Suiza ha pedido a la justicia española más precisiones sobre el supuesto blanqueo por el que se investiga al expresidente de la Generalitat para poder dar curso a la comisión rogatoria planteada por un juez de Barcelona.

En una misiva, el responsable de la Oficina Federal de Justicia de Suiza, Florence Albertini, advierte de que, con la información que le han facilitado hasta el momento, no puede dar curso a la solicitud de colaboración planteada el pasado mes de agosto por el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, a raíz de la confesión de Jordi Pujol de que durante 34 años mantuvo oculta una fortuna en el extranjero.

En la carta, dirigida al Ministerio de Justicia español, Albertini alega que en la comisión rogatoria planteada desde España no se indican «ni la infracción de blanqueo, ni la infracción previa», ni se facilita «ninguna precisión o indicación concreta sobre las supuestas actividades criminales del interesado», el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol i Soley. El responsable helvético subraya que en el escrito remitido por las autoridades españolas no se pone de manifiesto «ninguna relación con Suiza».

Además, apunta que la solicitud «parece ir dirigida a las autoridades del Principado de Andorra» , donde el juez de instrucción también tramitó una comisión rogatoria después de que los Pujol reconocieran que durante años tuvieron una fortuna oculta en el extranjero. «Por consiguiente, en este estado (de las cosas), no se puede dar curso a la solicitud de colaboración española», prosigue la misiva. No obstante, el responsable de la oficina federal de la justicia precisa que está «abierto» a las autoridades españolas «para completar su solicitud» si le aportan más detalles sobre el caso.

En concreto, el responsable helvético recuerda en su carta que, de acuerdo con el derecho suizo, la exposición de los hechos que se desprenden de una solicitud de colaboración extranjera debe mencionar «principalmente la fecha y el lugar» de la comisión de los supuestos delitos, las personas implicadas y su función, así como el modo operativo.

«Cuando los hechos seguidos proceden de blanqueo, se deben hacer constar asimismo los hechos que fueron origen del dinero (delito previo). Además, se debe establecer la relación de los hechos que se investigan con la medida exigida por Suiza», puntualiza la carta.

Precisamente, los abogados de la familia Pujol han presentado un escrito al juez de Barcelona en el que le solicitan que desista en la tramitación de la colaboración de la judicial internacional, «por imposibilidad de cumplimiento de los parámetros legales exigidos por el Estado requerido». En su escrito, los abogados de los Pujol responden al requerimiento del juez de que las partes se posicionen sobre la petición de las autoridades andorranas, al igual que las suizas, para recibir también más detalles del caso para tramitar la comisión rogatoria sobre los datos bancarios de los Pujol en el pequeño principado pirenaico.

Según detallan en el escrito los abogados Cristóbal Martell y Albert Carrillo, que actúan en nombre de los Pujol, la petición de más detalles para poder seguir adelante con la comisión rogatoria se enfrenta a un «escollo insalvable», ya que »la presente causa, precisamente, transita huérfana de 'hechos' en un sentido normativo típico«.

«Presumir, a partir de la existencia de unos fondos familiares, el que éstos deban traer causa de un ejercicio torcido y enriquecedor de la función pública, constituye una abstracta y genérica conjetura. Un puro juicio de valor u opinión, huérfano de la mínima concreción fáctica en orden a construir 'hechos' penalmente relevantes configuradores de tipicidad penal», subraya el escrito.