Gallardón se plantea dimitir si Rajoy lo desautoriza con la ley del Aborto

El desgaste que le ha causado la polémica ley de tasas judiciales, el tener que aparcar la ley de demarcación y planta —para evitar el enfrentamiento con los ayuntamientos a las puertas de unas municipales— o incluso su enfrentamiento con los jueces por la reforma del Poder Judicial, no han afectado personalmente al ministro tanto como la posibilidad de que el Ejecutivo paralice «sine die» esta reforma. De ahí que fuentes gubernamentales no descarten que Gallardón se esté planteando su retirada.

Por el momento, el objetivo del Departamento que dirige es emplearse a fondo en combatir la estrategia rupturista del presidente de la Generalitat, Artur Mas. De ahí que cualquier decisión del ministro no se produciría hasta después de que la Abogacía del Estado plante cara a la Generalitat con los recursos que presentará ante el TC contra la ley de consultas y contra el decreto de convocatoria del referéndum ilegal.

Y es que el hecho de que el anuncio de la posible paralización de la ley del aborto se haya producido precisamente en estos días ha caído como un jarro de agua fría en el Ministerio. No se puede decir que Ruiz-Gallardón se haya enterado de las reticencias de Rajoy para sacar adelante esta reforma por los medios de comunicación, porque hace ya un par de meses que Moncloa abrió un periodo de reflexión sobre la oportunidad política de sacar adelante la ley. Lo hizo precisamente apenas unos días después de que el ministro pusiera (de nuevo) fecha a su aprobación por parte del Consejo de Ministros. «El verano no acaba hasta el 21 de septiembre», dijo entonces Gallardón.

A día de hoy al Ministerio de Justicia no le consta que ese periodo de reflexión se haya resuelto con la negativa a aprobar la reforma, pero todo apunta a que va a ser así. Un estudio electoral interno en el seno del PP achaca a este controvertido asunto los malos resultados del partido. No hay duda de que se trata un tema espinoso y más de convicciones éticas que políticas , como demuestran las discrepancias que se han puesto de manifiesto incluso dentro del partido. Presidentes autonómicos, como el de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, o diputadas como Celia Villalobos no han dudado en manifestarse en contra de la reforma, pese a los matices del nuevo texto que Gallardón iba a llevar al Consejo de Ministros. Aunque en teoría seguía contemplando solo dos supuestos en los que la mujer podía poner fin a su embarazo, el de violación y el de grave peligro para la salud física o psicológica de la madre, en la práctica este último supuesto acogía de forma indirecta el de malformaciones que sí estaba previsto en la ley de 1985.

Teniendo en cuenta que el nuevo texto era menos restrictivo que el borrador del pasado diciembre, y que recogía en gran medida sugerencias de una treintena de informes, surgen varias incógnitas: ¿Había verdadera voluntad por parte del Gobierno de sacar adelante esta reforma? ¿No se sabía ya desde el principio el coste político que la misma podía tener para el partido? ¿Se aventuró el ministro a poner fecha a su ley sin el visto bueno de Rajoy? ¿Asume el Gobierno el malestar de buena parte de su electorado que confió en esta reforma?

Para el jefe del Ejecutivo, esta ley constituía también uno de los ejes de su legislatura, y prueba de ello es que fue uno de los principales «encargos» que hizo al ministro de Justicia: reformar la ley Aído. A Ruiz-Gallardón, por su parte, no le resultó difícil promover esta reforma porque «creía en ella», recuerdan fuentes de su Departamento. Apenas una semana después de aprobarse el anteproyecto, en una entrevista con ABC, Gallardón calificaba el anteproyecto como «la ley más progresista del Gobierno» y «uno de los dos logros más importantes (junto con la ley de Educación) de lo que llevamos de legislatura». «Hemos hecho algo sin precedentes en las últimas décadas en Europa: acabar con el mito de la presunta superioridad moral de la izquierda», sostuvo en estas páginas.

Las primeras reacciones a la posible retirada de la ley no se hicieron esperar ayer dentro de las filas populares. La presidenta de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, Lourdes Méndez, aseguró que le «cuesta mucho creer» que el Gobierno dé marcha atrás, pues se trata de «una cuestión medular» para el partido. Tampoco cerró la puerta a la reforma el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien recordó que el Ejecutivo todavía no se ha pronunciado. De la misma forma, el portavoz y secretario de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, recordó que los compromisos electorales «están para cumplirlos».