Punta Ballena Confidencial

El pasado viernes, los abogados de los tres policías presentaron sendos recursos ante la titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Carmen González, que es quien lleva el caso. Los letrados solicitaron la puesta en libertad de sus clientes, pero de momento siguen en la cárcel provincial de Palma. La magistrada imputa a los citados agentes la presunta comisión de cinco delitos, en concreto, coacciones, amenazas, extorsión, contra la salud pública y omisión del deber de denunciar.

A lo largo de este lunes, han sido los fiscales Joan Carrau y Ana Lamas quienes se han reunido con la juez, por lo que no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas o a lo largo de esta semana.

Los orígenes de este presunto nuevo caso de corrupción se remontarían, al parecer, a mucho tiempo atrás. Desde hacía años, algunos dueños de locales de ocio se quejaban de la supuesta vinculación de policías locales de Calviá con presuntos casos de extorsión y con un supuesto trato de favor a dos grupos empresariales. Asimismo, existían rumores de que vendedores ambulantes y mujeres que se dedican a la prostitución en la zona estarían pagando comisiones para poder desarrollar su actividad. En determinados casos, algunos agentes incluso habrían recibido también favores sexuales a cambio de su permisividad.

Por lo que respecta a los dos grupos empresariales que, presuntamente, habrían recibido trato de favor, se decía que habrían contratado para labores de vigilancia nocturna a compañías de seguridad que tendrían alguna vinculación directa con los agentes ahora bajo sospecha.

Finalmente, el pasado 29 de agosto varios de aquellos dueños de locales de ocio decidieron acudir a la Fiscalía Anticorrupción para presentar una denuncia por algunas de esas supuestas irregularidades. En total, habrían sido denunciadas una quincena de personas, entre policías y empresarios.

Entre la documentación aportada hace diez días al fiscal Miguel Ángel Subirán figuraban varios correos electrónicos y también un vídeo supuestamente incriminatorio para dos policías. En dicha grabación se ve a un agente que entra en un local de Punta Ballena, el «Pure Lapdance», y con disimulo deja un paquete con droga -cocaína- debajo de un sofá. Minutos después, llega otro agente con un perro adiestrado de la Unidad Canina, que localiza el mencionado paquete. En el atestado que se levantó aquel día sobre la inspección llevada a cabo en ese local no se hacía referencia al hallazgo de dicha droga, lo que podría hacer suponer que los agentes implicados en el caso habrían intentado extorsionar luego al empresario afectado.

Por su parte, la versión que los policías detenidos habrían dado a Subirán y a González sobre esa grabación sería completamente distinta. En este sentido, el inspector jefe de la Policía Local de Calviá habría dicho a la juez y al fiscal que semanas atrás varios empresarios le hablaron del vídeo y que él no quiso verlo.

Al parecer, el pasado 31 de julio los propietarios de la empresa Carnage y del local «Pure Lapdance» acudieron al Ayuntamiento de Calviá para denunciar que estaban siendo extorsionados. En la reunión estuvieron presentes varios responsables políticos, funcionarios y agentes. En dicho encuentro, el inspector jefe habría dicho a los dueños de Carnage que era él quien se sentía víctima de un chantaje y les habría animado a denunciar ante la Justicia cualquier indicio de delito.

Por lo que respecta a los dos agentes que aparecen en el vídeo del «Pure Lapdance», ambos habrían dicho al fiscal y a la juez que el control que llevaron a cabo formaba parte de los entrenamientos que de forma regular se llevan a cabo con los perros de la Unidad Canina. Asimismo, habrían señalado que ese vídeo fue grabado hace más de un año, el 31 de agosto de 2013, por lo que ahora habría sido utilizado de manera interesada por los empresarios que presentaron la denuncia. Los policías sólo habrían reconocido el uso de droga todavía no registrada administrativamente en el mencionado control.

La Fiscalía investiga también ahora unos correos dirigidos al actual jefe de la Policía Local de Marratxí, Antonio Ledesma, en la época en que estuvo destinado en Calviá. Según desveló el diario local «Última Hora», al parecer determinados empresarios de Magaluf le pedían a dicho mando policial que tramitase altas y bajas laborales de bailarinas y de camareros extranjeros, a través de la gestoría de un familiar.

En este contexto, el alcalde de Calviá, el popular Manu Onieva, ha manifestado estos días su máxima disposición a colaborar con la Justicia y ha dicho que tomará decisiones políticas contundentes si se confirmase que hubo corrupción en el seno de la Policía Local. Por su parte, el PSOE y la coalición econacionalista MÉS han pedido una Comisión de Investigación.