El precio de la «libertad» que impone Mas

La transición nacional hacia el Estado propio que el líder de Convergència i Unió (CiU) prometió en su discurso de investidura tras las elecciones autonómicas de 2012 -año cero del giro secesionista de CDC-, incluía como objetivo fundamental la celebración de una consulta popular sobre la independencia de Cataluña. Gracias a esa propuesta, logró que ERC le diera apoyo durante esa legislatura.

Ese pacto, firmado en un acto solemne por Mas y el presidente republicano, Oriol Junqueras, en el Parlamento catalán, está a punto de saltar por los aires, dado que el referendo, como el propio Mas reconoce en privado, no podrá celebrarse el 9 de noviembre, pues el Tribunal Constitucional, previo recurso del Gobierno, lo prohibirá.

Al dirigente nacionalista no le queda otra salida que adelantar elecciones tras el fracaso de su proyecto estrella y del abandono de ERC, que además participa en la petición de una comisión de investigación parlamentaria sobre la evasión fiscal confesada por Jordi Pujol, cursada por la oposición. Y una vez constatada la estrecha relación política y familiar de Mas con Pujol, el presidente catalán deberá dar explicaciones sobre su actuación como consejero de Política Territorial de la Generalitat durante unos años en los que podría haberse adjudicado obra pública a cambio de comisiones. Esa es la clave de las investigaciones judiciales, que pueden salpicar a Mas y precipitar el fin de su carrera política.

De ahí que su partido, CDC, intente blindarle y se prepare ya para un eventual adelanto electoral, que salvaría a Mas de la humillación de verse fiscalizado por una oposición que también piensa ya en un avance de los comicios autonómicos. PSC, PP, Ciudadanos e incluso ERC abonan esta teoría para deshacer ese embrollo soberanista provocado por el «delfín» de Pujol.