Puerto Rico: cambiar Obama por Felipe VI

Como primera acción, el MRE acordó presentar una petición ante el consulado español para que los puertorriqueños que lo soliciten puedan recibir la nacionalidad española, argumentando que la soberanía reconocida a Estados Unidos en 1898 se hizo sin tener en cuenta a los residentes de la isla, que para entonces tenía un régimen autonómico dentro de España.

«Hace 116 años, España firmaba en contra de su voluntad el Tratado de París, un acuerdo que la separaba, no solo de sus territorios y posesiones ultramarinas, sino que también arrebataba a millones de sus ciudadanos el derecho a optar por la nacionalidad de sus ancestros (…) Si se la otorgarán a los sefardíes, es justo que a los puertorriqueños que la solicitemos, también», indicó el texto dirigido al Gobierno español que firmaron los presentes.

Precisamente el querer ser de nuevo una parte más de España, con plenos derechos, frente a la situación colonial que hoy vive Puerto Rico como territorio estadounidense –no participa en la elección del Gobierno de EE.UU., a pesar de que sus leyes son de cumplimiento en la isla–, fue la principal razón esgrimida por los partidarios de la nueva opción para constituir el grupo.

«Hay quien defiende seguir dependiendo de Estados Unidos, porque al mirar alrededor tiene miedo de la inestabilidad de otros países de la región», afirmó uno de los asistentes, Gerardo Olmeda, piloto comercial; «yo lo que tengo miedo es de perder mi cultura, mi identidad como puertorriqueño, y la manera de asegurarla es formando otra vez parte de España».

La aparición de este grupo es muestra de la inconformidad de muchos puertorriqueños con su actual situación. «Estamos al final de una época», considera José Javier Colón Morera, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, cuya sede se encuentra cerca del salón de actos en que se constituyó el MRE.

En su opinión, la división entre los «estadistas» del Partido Nuevo Progresista (PNP), que piden ser un estado más de EE.UU., y los «estadolibristas» del Partido Popular Democrático (PPD), que apuestan por la actual fórmula del Estado Libre Asociado (ELA) o por su mejora, refleja la gran indecisión de la sociedad puertorriqueña, que valora las enormes subvenciones que recibe de Washington y es reticente a los mayores impuestos que supondría entrar en la Unión. A esas dos grandes tendencias políticas se suma la muy minoritaria de los independentistas.

De todos modos, «la indecisión es mutua», añade Colón, en referencia a que tampoco Estados Unidos tiene claro hacia dónde llevar su especial relación con la isla. «Iremos hacia donde Estados Unidos quiera conducir el debate», advierte. Dado el menor interés de Washington por el Caribe, dejada atrás la Guerra Fría, Colón cree que la alternativa pasará probablemente por ciertos retoques que den más capacidades a Puerto Rico para que pueda internacionalizar su economía, y esta pueda salir de los grandes problemas de deuda en los que se encuentra.

Para Carlos Díaz Olivo, profesor de Derecho en la misma Universidad, muchos males de Puerto Rico se arreglarían con la estadidad, de la que es firme partidario. Reconoce que EE.UU. «ha perdido interés» por la isla, pero cree que si el PNP actuara con «suficiente estrategia», a Washington le resultaría difícil desdecirse de su promesa de aceptar a Puerto Rico como estado número 51 en el caso de que así lo reclamaran los puertorriqueños.

De momento, sin embargo, cualquier cambio de estatus parece aparcado. En 2012, el último referéndum celebrado sobre la cuestión indicó que el 54 por ciento reclamaba un cambio. En una segunda pregunta, el 44,6 por ciento abogó por la estadidad, el 24 por ciento por un ELA con mayor soberanía y un 5,5 por la independencia (hubo un 26 por ciento de votos en blanco). El Congreso de EE.UU. encargó un estudio de costes sobre la plena integración, pero ha enfriado el asunto aduciendo que hay que valorar el impacto.

El abogado y analista Domingo Emanuelli precisa que toda solución pasará por la prioridad estadounidense de que los propietarios de los 72.000 millones de dólares en bonos de deuda pública puertorriqueña puedan recuperar su inversión.