Castro reta al fiscal Horrach a querellarse contra él si «cree» que ha prevaricado

«En la medida en que ese escrito y otros muchos que le han precedido contienen claras imputaciones de que yo he cometido un delito de prevaricación, creo que si el Ministerio Fiscal cree lo que escribe, y habría que suponer que sí, lo que tiene que hacer es presentar, tenía que haberlo hecho ya, una querella contra mí por prevaricación», ha afirmado Castro ante los medios a su llegada a los Juzgados centrales de la capital balear, en torno a las diez de la mañana.

Por lo que respecta al tono en el que está escrito el recurso de Horrach , el juez ha indicado que «en tanto contiene manifestaciones legítimas en apoyo de su pretensión, es un escrito que merece todo el respeto, se compartan o no se compartan». Sin embargo, «en la medida en que ese escrito contiene expresiones de descrédito y de falta de respeto, creo que se podría haber mejorado sin merma de su contundencia».

Castro también ha señalado que la ecuanimidad o la objetividad «la puede perder el juez y la puede perder el fiscal», al ser «un riesgo inherente» al ser humano. «Pero no creo que el juez sea más vulnerable que el fiscal a perder la imparcialidad», ha matizado.

Posteriormente, a última hora de la mañana, Castro ha vuelto a hacer declaraciones a los medios, a su salida de los Juzgados, pero en esta ocasión ha sido sólo para avanzar que a partir de ahora no volverá a hacer ninguna valoración del escrito de Horrach. «Ya nunca más voy a hablar de este recurso», ha sentenciado.

Por su parte, el fiscal jefe de Baleares, Tomeu Barceló, ha defendido este viernes al Ministerio Público y ha indicado que Horrach «ha puesto lo que creía que tenía que poner» en el citado recurso. «Yo lamento que el juez se haya molestado, pero bueno, esto ya es una cuestión personal suya«, ha añadido Barceló. Por su parte, el juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, da su apoyo a Castro en este polémica.

En su escrito, de 63 páginas, Horrach critica con dureza la decisión del magistrado de imputar a la Infanta, que considera basada en « meras conjeturas ». Asimismo, llega a hablar en algún momento de «instrucción a la carta». Según señala el fiscal en el inicio del recurso, «adoptar como pilar inicial de una investigación penal una »certeza absoluta«, conlleva magnificar la nimiedad y convertir en sospechoso lo cotidiano». En este sentido, se habría partido de la base de que la Infanta «es culpable, no se sabe bien de qué», para a continuación «emprender una intensa prospección para ver si se la pilla en un renuncio».

En la misma línea, Horrach señala que «cuando el puerto de destino está determinado antes de iniciar la investigación, basado en meras conjeturas, contamina de tal forma la marcha exploratoria que la convierte en un itinerario inamovible, en el cual los parámetros de imparcialidad, objetividad y congruencia que deben presidir cualquier actuación judicial quedan relegados».

El fiscal recuerda que en marzo de 2012 Castro desestimó la petición de Manos Limpias de imputar a la Infanta, porque, en palabras del propio juez, en la causa no obraba «absolutamente ningún testimonio» que involucrase a Doña Cristina «en la toma de decisiones de ninguna de las entidades que giran alrededor de su esposo o de don Diego Torres». Sin embargo, casi dos años después, el pasado mes de enero, Castro «cambia radicalmente el criterio» e imputa a la Infanta. Horrach señala en este punto que tras numerosas declaraciones de testigos vinculados al Instituto Nóos o a Aizoon, no se habría puesto de manifiesto una mínima participación de la Infanta «en la gestión de la mercantil de la que es socia». En este sentido, «se desprecian indicios de notable fuerza exculpatoria».

El Ministerio Público también indica que el resultado de los informes de la Agencia Tributaria, que exculpaba a la Infanta de haber cometido un presunto delito fiscal, «no satisfizo las expectativas del instructor, lo que condujo a iniciar otra línea de investigación, contradictoria con la inicial, a modo de encaje de bolillos». La Agencia Tributaria considera que sería Iñaki Urdangarín quien habría cometido sendos delitos fiscales en su declaración del IRPF en 2007 y en 2008, por un montante total de 337.000 euros.

El fiscal considera asimismo que el juez «construye un andamiaje probatorio , con una falsa apariencia de solidez» para imputar a la Infanta en esta causa judicial. «Cuando se revisan los anclajes de dicha estructura se revela tal inconsistencia que una leve brisa lo desmorona», afirma. En el mismo tono, Horrach señala que »el uso de la doctrina de la ignorancia deliberada para justificar la persecución de conductas atípicas constituye un recurso taimado, una vía de escape a una espiral inquisitiva alimentada de meras sospechas».