El juez acusa a tres de los detenidos de tráfico de órganos

Según ha informado la Policía Nacional, el receptor pagó las pruebas, que se realizaron en el Hospital Clínico de Barcelona, a estas nueve personas, supuestamente voluntarias y captadas en España, para comprobar si eran compatibles. El desembolso fue de 12.000 euros, que se abonaron a través de una empresa registrada en Alicante. Los análisis incluían resonancias abdominales, TAC abdominales o volumetrías hepáticas, comprobaciones solo indicadas para pacientes con cáncer hepático o para el trasplante de hígado

Solo un inmigrante de origen rumano arrojó un resultado compatible con el ciudadano libanés. Sin embargo, el trasplante en vivo no se llegó a realizar porque los médicos encargados del caso en Barcelona no encontraron acreditada la relación entre el donante y el receptor, requisito imprescindible según la legislación española.

En paralelo, una de las inmigrantes con las que se contactó, una argelina de 28 años en situación irregular, reveló a una ONG que le habían ofrecido una gran cantidad de dinero a cambio de uno de sus órganos, lo que dio origen al inicio de la investigación por parte de la Policía Nacional de Valencia. La mujer llegó a realizarse las pruebas aunque fue rechazada por encontrarse embarazada. A partir de su denuncia, la ONG dio la voz de alarma a la Policía Nacional, punto de partida de la operación.

Finalmente, el libanés recibió un trasplante en Barcelona procedente de su hijo, un proceso que se realizó conforme a la legalidad. Sin embargo, a raíz de la investigación fue detenido en el aeropuerto valenciano de Manises el 30 de enero tras regresar a España para someterse a una revisión en Barcelona. Junto a él fueron arrestadas otras dos personas, acusadas de haber ejercido de intermediarias con los supuestos donantes voluntarios, y dos miembros de la empresa de Alicante a través de la cual se realizaron los pagos de las pruebas.

Tres de los detenidos han sido puestos en libertad con cargos acusados de un delito de tráfico de órganos. El intento de comprar un órgano para trasplante y la realización de pruebas médicas a presuntos donantes potenciales con este fin es un delito en España, incluso en el caso de que el trasplante no haya llegado a realizarse. Como medida cautelar, a los retirados se les ha retirado el pasaporte para evitar que abandonen el país. Los dos arrestados restantes fueron liberados sin que fueran puestos a disposición judicial.