La Policía cita como imputado al principal sospechoso de grabar el vídeo de la Infanta

Cabe recordar que Castro había dictado el 28 de enero una providencia en la que prohibía «terminantemente» que el 8 de febrero se pudiera acceder a los Juzgados centrales de la capital balear con dispositivos aptos para la captación de imágenes o sonidos.

Las indagaciones del Cuerpo Nacional de Policía se iniciaron con un requerimiento en la sede de Wouzee, portal web que difundió el vídeo, solicitando la entrega de los datos identificativos, entre ellos la dirección IP (Internet Protocol), del ordenador desde el que fue enviada la mencionada grabación audiovisual. Una vez concluidas las primeras diligencias efectuadas, se prevé que en las próximas horas la Policía entregue el atestado correspondiente al Juzgado de Instrucción número 11 de Palma, que es el que se ocupa del caso.

Desde el inicio de la investigación policial, las principales sospechas sobre la autoría de la grabación habían recaído sobre todo en el abogado Francisco Carvajal, quien estuvo presente en la sala en la que se realizó la comparecencia de la hija menor del Rey en compañía de la abogada María del Carmen Jiménez. De hecho, hasta el pasado 8 de febrero, ni Carvajal ni Jiménez habían estado nunca presentes en una vista del «caso Nóos».

Ambos letrados se sentaron en la tercera fila de los bancos de la derecha, justo detrás de los funcionarios. Fue en ese punto concreto desde el que se filmaron algo más de cinco minutos de la declaración de la Infanta. Dichos abogados asistieron a la vista en sustitución, supuestamente, del abogado Javier Saavedra. Este letrado ejerce la defensa de Robert Cockx, presunto testaferro de Iñaki Urdangarín. Castro había autorizado dicho cambio en la citada providencia del 28 de enero.