Castro, preocupado por el «incalificable» vídeo de la declaración de la Infanta

Con posterioridad, Castro ha mantenido una reunión con el comisario jefe de la brigada de Policía Judicial de Baleares, Antoni Cerdá, para hablar sobre este asunto. Tras el encuentro, Cerdá ha mostrado su confianza en que a lo largo de los próximos días pueda haber avances en la investigación recién iniciada.

Por su parte, el juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, ha anunciado esta mañana que se abrirán diligencias previas para intentar averiguar cómo se consiguieron las mencionadas imágenes. Martínez Espinosa ha afirmado que no se sentía preocupado pero sí indignado por la mencionada grabación. Según el juez decano, la persona que la realizó «debe pagar las consecuencias legales de esa conducta».

Castro ya dio ayer una orden verbal al jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Baleares, Antonio Jarabo, para que abriera una investigación inmediata para averiguar el origen de la imagen que aparecía ayer en la portada de El Mundo, tomada dentro de la sala de vistas en la que declaró, en calidad de imputada, la Infanta.

Cabe recordar que el pasado 28 de enero el juez dictó una providencia en la que se prohibía expresamente la grabación de imágenes de la declaración, por lo que previamente sería requisado cualquier aparato electrónico que lo permitiera a las personas que fuesen a estar presentes dentro de la sala. Así parecía que había ocurrido, en un principio, el pasado sábado.

En la citada providencia el magistrado indicó que se prohibía «terminantemente» que durante la comparecencia de la Infanta persona alguna pudiera acceder al interior del edificio «portando terminal telefónico, tabletas, ordenador portátil o cualquier otro dispositivo» apto para la captación de imágenes o sonidos.

Dichos equipamientos tecnológicos deberían ser depositados «en el control de entrada» y su uso únicamente sería autorizado «en los recesos» que tuvieran lugar a lo largo de la declaración. Con dicha prohibición se pretendía asegurar que «ninguna grabación, ni de imagen ni de sonido», se obtendría «fuera de los cauces habilitados para ello». Las únicas personas no afectadas por esta medida eran los funcionarios adscritos al Servicio de Guardia durante el 8 de febrero.