De Ana Botella a Matteo Renzi: políticos a los mandos que ningún votante ha elegido

«Cambian las personas, pero se mantiene el proyecto político», apuntó BotellaEncontramos ejemplos sonados en todo el arco latino del Mediterráneo: Italia, Grecia y España, por ejemplo. Si el ciudadano confía en una persona concreta, no es del todo justo y puede sentirse perjudicado por un cambio de candidato, bien sea por motivaciones del partido, de necesidad de reubicarle, o sencilla y llanamente, porque se improvisen o fuercen sucesiones ante situaciones jurídicas y políticas inconvenientes. Ese ciudadano no ha votado al político que de repente rige sus designios y toma las decisiones. Se imponen las siglas, lo que acaba siendo denostado coloquialmente como «dedazo» dentro de un partido. En el ámbito local, en España el de Botella no es un caso aislado en los grandes Consistorios: en Santiago de Compostela, por citar otro municipio, el profesor de Biológicas y hasta abril de 2012 primer teniente de alcalde Ángel Curras (PP) se convirtió en regidor tras la dimisión de Gerardo Conde Roa, cuando éste se vio salpicado frontalmente por una imputación por fraude fiscal. El exalcalde adujo para irse motivaciones como «su familia, su partido y su amor a la ciudad», sin tener en cuenta, tal vez, que había sido su urbe la que lo aupó a la Alcaldía. A él en detrimento de otro.

Esa imposición «digital» es la que se produjo también a la vista de los votantes socialistas andaluces que el 25 de marzo de 2012 confiaron en José Antonio Griñán, candidato a la Presidencia andaluza, como una suerte de mago que iba a «desfacer el entuerto» en que se hallaba metido el PSOE en esta autonomía. Aterido por los ERE fraudulentos en su etapa de consejero de Economía, el presidente andaluz se vio abocado a la autoexpulsión antes de ser imputado por la juez Mercedes Alaya. Y el «Hamelín» de las masas se vio hundido en el «fondo de reptiles», así que como paso previo a sentarse en el banquillo de los acusaos Griñán comunicó que no seguía el mes de julio pasado.

Dejaba tras poco más de un año el Gobierno regional a los mandos de la que fuera «número dos» de Griñán y consejera de Presidencia, Susana Díaz. La presidenta «in pectore» lo fue antes siquiera que candidata oficial a serlo. Es cierto que superó la «selección» endógena entre los simpatizantes y militantes del PSOE andaluz, cuya Secretaría General ocupaba ella misma siendo la primera mujer en ostentar este cargo. La delegación socialista regional respaldó con avales su nombre, pero el individuo que marcó Griñán en la papeleta el día de la «fiesta de la democracia» no tuvo opción de hacerlo. Díaz es desde septiembre la primera presidenta de la Junta en San Telmo.

Susana Díaz se convirtió en presidenta andaluza antes que candidata oficial a serloOtro caso autonómico. Ignacio González reemplaza a Esperanza Aguirre porque ella confía en él cuando anuncia sorpresivamente que «lo deja», que su estado de salud y sus circunstancias personales la empujan a tomar la determinación de cesar como presidenta de la Comunidad de Madrid. Es septiembre de 2012 y deja repuesto, apoyado ulteriormente por la mayoría del PP en la Asamblea regional. El «segundo de a bordo» decide hacer un Ejecutivo continuista, que no «traicione» el respaldo recibido en los comicios. Se trata de una nueva nominación personal y de partido: González ha sido el colaborador más estrecho de Aguirre durante la última etapa de su mandato. En este caso, había un imprevisto imponderable de salud, y, sin embargo, tamposo se preguntó a la ciudadanía madrileña si González era de su máximo agrado, como sí habían demostrado a la exministra, para que les representase desde ese mismo día.

Estas resoluciones adoptadas en los partidos puertas adentro no son bien recibidas entre el electorado. La clase política sigue siendo, por motivos como éste, el cuarto problema (llegó a estar en tercer lugar) que tiene este país, según atestiguan lo datos del Centro de Investigaciones Sociológicas ( CIS ). Cargos electos que cobran de lo público y no han sido elegidos directamente por el dictamen ciudadano. ¿Cómo encaja eso en un sistema democrático? Uno de los eslóganes más coreados por el movimiento hoy apagado del 15-M, de hecho, fue el de «lo llaman democracia y no lo es», que triunfó merced a estas afrentas a los mecanismos que se dan a la población para que tenga presencia en las grandes decisiones.

Pasó un poco de puntillas, pero en la jurisprudencia actual y el orden legislativo constitucional, hay una sentencia crucial del Tribunal Constitucional (TC) dictada el 7 de mayo de 2013. A partir de la publicación de este auto en el BOE, los concejales no electos no pueden formar parte de gobiernos locales. Según la sentencia, que responde a un requerimiento de la Abogacía del Estado, las Juntas de Gobierno de los Ayuntamientos «deben estar formadas, únicamente, por ediles electos tras la anulación por inconstitucional del precepto de la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local de 2003, más conocida como la Ley de Grandes Ciudades. Esta norma permitía nombrar como miembros de estos órganos de gobierno a personas que no han concurrido a las elecciones locales en las listas. Un auto del TC impide que los ediles no electos estén en las corporaciones El auto aclaratorio del Pleno del TC es meridiano en torno a la valía democrática de un proceso electoral: «El hecho de que los alcaldes y los concejales sean elegidos directamente por los ciudadanos es un plus de legitimidad democrática frente a la profesionalización» de los políticos no designados. Esta sentencia del Alto Tribunal afectó, de forma expeditiva, a cargos del Ayuntamiento de Madrid, de Sevilla, San Sebastián, Córdoba y Gijón, entre otros.

De acuerdo con las explicaciones sin desperdicio del tribunal de garantías, éste pone énfasis en la singular relevancia del artículo 140 de la Constitución de 1978 que «otorga una especial legitimación al gobierno municipal tanto en su función de dirección política como de administración que contrata, sin duda, con el diseño que la propia Constitución establece para el Gobierno del Estado». Considera que este apartado es un principio democrático profundamente enraizado. Mención particular merecen los votos adicionales de dos magistrados del TC, Andrés Ollero y Francisco Pérez de los Cobos -hoy presidente del órgano-, que señalaron que si esta ley se aplicara en niveles de gestión política más amplios (es decir, mirando hacia arriba en el escalafón estructural de la nación) tanto los ministros del Gobierno como los consejeros de las Comunidades Autónomas «habrían de ser parlamentarios elegidos de modo directo por los ciudadanos».

Esos magistrados establecen diametralmente que lo que se rigió para las corporaciones locales debiera hacerse en todos los planos que atañen a la elección de cargos públicos. Innumerables son las voces que, como ellos y dentro de la propia clase política, reclaman una revisión urgente de la Ley de Partidos Políticos, una reforma que impida casos como el del Ayuntamiento asturiano de Cudillero, que se quedó sin alcalde por renuncia personal del regidor electo y sus suplentes y siguientes candidatos de la lista hicieron lo propio. Finalmente, el primer edil acaba siendo alguien que no ha comparecido en el proceso electoral y comanda el municipio durante cuatro años, sin que haya acreditado ninguna carta de presentación solvente.

Hay decenas de episodios en la historia democrática española en los que, ante la renuncia de los cargos elegidos, los partidos políticos son los que deciden a quién ponen sin las exigencias debidas de idoneidad, mérito, capacidad y arraigo de los nuevos ocupantes de los sillones municipales. El relevo se hace desde el partido hacia afuera, en lugar de recorrer el camino opuesto: tras la sentencia del TC, se evidencia que la ley exige que la votación a alcalde se realice entre aquellos (y solo ellos) que encabecen los carteles de campaña en una contienda electoral. Según la ley que organiza esta «tramoya» electoral -la Loreg o Ley Orgánica de Régimen Electoral General-, si el elegido renuncia entonces «se sigue el orden de la candidatura». El juez Ollero exponía en el voto particular mentado que resulta incoherente esta situación porque se juntan, incluso en las mismas filas de un partido, concejales electos y otros designados con posterioridad que nadie ha votado para ese desempeño real. «Permitir que concejales que no hayan contado con ningún refrendo ciudadano lleguen a sostener el bastón de mando supone retorcer en exceso las reglas del Estado democrático, ya que se elude cualquier expresión de la voluntad de los vecinos», escribe. Por higiene democrática, los paisanos afectados por las decisiones de su corporción deberían escoger al sustituto del cesado. De otra manera, se exponen a la regañina admonitoria de la ciudadanía sobre que los partidos extienden su telaraña a su antojo, una suerte de poder feudal que no considera la opinión de los vecinos en los conflictos del municipio en cuestión.

Por higiene democrática, los paisanos deberían escoger al sustituto Analistas y expertos politólogos consultados no dudan en calificar como poco transparente la fórmula de elección de cargos que ocuparán plazas vacantes de importancia, aunque es legal, no raya precisamente con el espíritu democrático que se anhela. Comparte España los reproches que se hacen e hicieron en Italia con el espaldarazo dentro del Partido Demócrata al meteórico ascenso de Matteo Renzi y el encargo de que forme Gobierno nacional, de forma que el que era alcalde de Florencia y secretario general del PD supla al fatigado Enrico Letta. Tampoco fue el ciudadano del país transalpino quien aupó a Mario Monti, tecnócrata puesto por la Comisión Europea para manejar las riendas del Estado y conducirle a una mejora económica, como primer ministro italiano.

Los últimos gobiernos helenos tampoco son resultado de una participación masiva de los griegos en las elecciones gubernamentales. La megalópolis que vio nacer la democracia vio evaporarse de forma desconsolada la figura de Yorgos Papandreu, primer ministro entre octubre de 2009 y noviembre de 2011. Su reemplazo en realidad no fue ajeno a los ciudadanos, que no votaron tampoco quién debía sucederle, pero al menos en este caso las negociaciones para el nombramiento de un nuevo primer ministro se prolongaron durante cuatro días hasta que las principales fuerzas políticas del país forjaron el acuerdo. El elegido fue el economista Lukás Papadimos, otro tecnócrata para intentar reconducir la maltrecha economía nacional. Grecia asistió a la designación por motivos netamente económicos del exvicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Papadimos, como primer ministro. No fue el último. Papadimos estuvo hasta mayo de 2012. Luego llegó como por arte de birlibirloque Panayotis (o Panagiotis) Pikrammenos,un juez que comandó el país solo mes y medio al frente de un gobierno interino después de las elecciones legislativas de mayo de 2012, en las que ningún partido obtuvo la mayoría absoluta y que tapó el agujero de poder que dejó la marcha de su predecesor.

Grecia retrotrae, para concluir, a la propia raíz etimológica de la palabra democracia: «demos», que significa «pueblo y gente» y «kratos», «poder, superioridad». La democracia es una forma de gobierno en la que se plantea que el poder político es ejercido por los ciudadanos de una misma comunidad política, o lo que es lo mismo, la población de una nación. También democracia deviene en «que todos los miembros de una sociedad tengan una posibilidad real e igualitaria de participar en las decisiones colectivas». Sin embargo, a la vista de George Bernard Shaw, «la democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida por la elección hecha merced a una mayoría incompetente» y, con mayor comicidad se expresaba Groucho Marx acerca de que la política «es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados». A juicio de los expertos testados y en relación a este relevo de los altos cargos se hace al gremio una amonestación pública y notoria que convendría subsanar desde los propios aparatos de las formaciones políticas. Es decir, valdría más una receta de meritocracia y participación ciudadana a la hora de elegir un sustituto que no el parche del amiguismo y cierta «corporatocracia» vigente.