Y después de la declaración de Doña Cristina... ¿qué?

Por supuesto, antes que eso se produzca el juez Castro deberá resolver si accede a la petición de la defensa de Diego Torres de tomar declaración, entre otros, al ministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, al exministro de Economía Pedro Solbes o al expresidente de la Generalitat, José Montilla, para que expliquen sus relaciones con Iñaki Urdangarín y el Instituto Nóos. Lo lógico, según las fuentes consultadas, es que el magistrado se oponga a esas comparecencias, tal como ha solicitado el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, pero en este caso, ya mucho más mediático que jurídico, nada es descartable.

Si se impone la lógica, tras la declaración de la Infanta el juez dictará un auto de conclusión del procedimiento abreviado y en ese momento -si es que no ha tomado la decisión antes-, se sabrá si continúa implicando a la Infanta, ya que en ese escrito se deben detallar hechos y supuestos responsables de los mismos. De mantener imputada a Doña Cristina recurrirán, además de la defensa, la Fiscalía y la Abogacía del Estado; y si la exonera, muy probablemente lo hará la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias y, en principio, el Frente Cívico Somos Mayoría , de Julio Anguita, recientemente personado en la causa. En ambos casos deberá ser la Sección Segunda la que se pronuncie.

En paralelo, la Fiscalía presentaría su escrito de acusación y las partes sus conclusiones, con descripción de hechos, responsables y peticiones, en su caso, de condena. Posteriormente, ya resueltos los recursos, se abriría el juicio oral. Las fuentes consultadas aseguran que la Audiencia de Palma quiere dar prioridad a este proceso, por lo que en seis meses desde ese momento podría quedar señalado.

Eso, si antes no hay que resolver otros recursos, ya que alguna de las partes puede tener la tentación de recusar a la Sección Segunda, que es la que en principio debe juzgar el caso. Lo cierto es que no faltan razones para ello, ya que esta Sala ha dictado autos en la fase de instrucción en los que entra en el fondo del asunto. Baste recordar el que resolvió el recurso del fiscal contra la primera imputación de Doña Cristina por parte del juez. En cualquier caso, si hay recusación o no será una incógnita que solo se desvelará en el último momento.

Por lo que se refiere al caso concreto de la Infanta, Castro es perfectamente consciente de que en ningún caso se sentará en el banquillo de los acusados por delito fiscal. Eso es así porque ni el fiscal ni la acusación particular en este delito concreto, que ejerce la Abogacía del Estado, van a presentar acusación contra ella. Y la Ley de Enjuiciamiento Criminal es taxativa en este punto: sin la acusación pública, ni la acusación particular se puede juzgar a nadie. Es un argumento que Anticorrupción aún no ha esgrimido en sus escritos porque considera que hay razones de fondo para no implicar a la hija menor de los Reyes, pero que todos saben que está ahí y que es incuestionable.

Cuestión distinta es lo que pueda suceder con respecto al blanqueo, por el que sí podría ser juzgada la Infanta aunque sólo lo pida la acusación popular, ya que no hay un perjudicado concreto. Pero ese cargo sería muy difícil de mantener ante un tribunal al no haber un delito antecedente -el fiscal no serviría, pues no se la puede juzgar por él-, y el único posible, el de malversación de fondos públicos a través del Instituto Nóos, tampoco es utilizable después de que la Audiencia de Palma descartara que la hija menor de los Reyes lo hubiera cometido.