Claves de la histórica declaración de la Infanta Cristina

Así se llega a una comparecencia que, según las fuentes judiciales y jurídicas consultadas por ABC, se presenta como «relativamente sencilla» para Doña Cristina -sabe que con lo que hay en la causa no se podrá mantener su imputación, y solo un error garrafal suyo podría comprometerla-, pero también «muy incómoda», porque tendrá que admitir que cometió varias irregularidades. Deberá además mantener la calma ante unos interrogatorios que se prevén tensos por parte de Castro y las acusaciones populares, que intentarán rehacerse tras el estrepitoso fiasco de los peritos. Eso sí; cuenta con una ventaja: «apenas queda margen para la sorpresa», según las fuentes consultadas, después de que el instructor desgranase en los más de 200 folios de su auto de imputación todos los indicios que tiene contra la hija menor de los Reyes. A continuación se exponen las claves de la declaración.

Doña Cristina tendrá que responder a las inquietudes del juez Castro sobre por qué decidió participar al 50 por ciento en esa sociedad con su marido, «pues estando en régimen de separación de bienes no se entiende que no se hubiera constituido una sociedad limitada unipersonal». Es decir, el instructor deduce que la Infanta aceptó formar parte de esa sociedad a sabiendas de que iba a servir de «andamiaje imprescindible para la comisión de los delitos fiscales que se están investigando». De ahí, interpreta el magistrado, que la Duquesa de Palma pudiera ser cooperadora necesaria, aunque para ello habría que demostrar antes que existió ese conocimiento previo y que consintió la actuación delictiva, lo que no está acreditado en modo alguno. El instructor, sin duda, insistirá en ello durante su interrogatorio. Las fuentes jurídicas consultadas por ABC afirman que no se recuerdan precedentes de una cooperación necesaria en un delito fiscal: «Es una sola persona la que lo comete», precisan.

Será otro de los asuntos estrellas de la declaración de Doña Cristina, que deberá responder a lo que parece más un convencimiento de Castro que una realidad respaldada por las pruebas que constan en el sumario. En cualquier caso, la Infanta deberá responder a si Aizoon fue creada para «servir como cauce para el reparto de beneficios»; facturar los ingresos de Urdangarín por «servicios personalísimos», como su asistencia a consejos de administración de empresas para no hacerlos constar en su declaración de IRPF; participar en el giro cruzado de facturaciones ficticias entre las sociedades de la «galaxia Nóos»; beneficiarse de los beneficios fiscales por contratación de personal y minorar la base imponible del impuesto de sociedades cargando a Aizoon gastos personales, entre otras cosas. Como se ve, de nuevo el juez da por hecho en su argumentación que la hija menor de los Reyes estaba al tanto de todo lo que sucedía, lo que no está demostrado.

Castro da por buena, en su auto de imputación, la declaración del notario ante el que se constituyó Aizoon según el cual el asesor fiscal de Urdangarín le dijo que la presencia de la Infanta en la sociedad tenía como objetivo «tener un escudo frente a Hacienda». Sin duda, Doña Cristina será preguntada por esta cuestión, un tanto vidriosa si se tiene en cuenta que el propio Castro no da valor a otra de las afirmaciones del notario, que dijo que la Duquesa de Palma no jugaba papel alguno en la firma...

Es otra de las claves de la declaración de la Infanta, porque el juez considera que independientemente de que no fuese administradora de la sociedad Doña Cristina podía jugar algún papel en el día a día de la misma. Además, hace hincapié en que ella asistía a las Juntas de la misma, firmaba las actas y las cuentas, por lo que es muy difícil imaginar que no conociera lo que allí ocurría. Sin embargo, expertos de Hacienda y fuentes judiciales afirman que es muy habitual que en las sociedades familiares se firme en barbecho, ya que hay una confianza absoluta y en último término el administrador es el responsable de las posibles irregularidades. Es curioso, además, que en 2012 Castro utilizara un argumento absolutamente contrario para no imputar a la hija menor de los Reyes.

Es uno de los argumentos estrella del auto de imputación de Castro, y la Infanta va a tener que responder a muchas preguntas sobre este asunto. Parece obvio que tendrá que reconocer que utilizaba la tarjeta de Aizoon para sus gastos personales -está acreditado prácticamente desde el comienzo de la investigación y hay todo tipo de documentos al respecto-, aunque ya es mucho más dudoso que supiera que luego se hicieran pasar como gastos de la firma para deducir una parte en el impuesto de sociedades. No obstante, esta actividad no es delictiva si lo defraudado no supera los 120.000 euros, y en este caso no los supera. Serán de esas preguntas incómodas, pero inocuas para su futuro procesal.

Castro y las acusaciones populares intentarán demostrar que la Infanta tenía los conocimientos suficientes como para saber que estaba cometiendo actividades irregulares, entre ellas que su marido cobrara a través de Aizoon el dinero que cobraba por su asistencia a consejos de administración. Muchas cuestiones girarán en torno a este tema, aunque como reflexionaba el fiscal Pedro Horrach en su escrito del pasado 14 de enero, «si el propio juez manifiesta (en su auto) reiteradas dudas e hipótesis acerca de la correcta tributación de determinados rendimientos (...) resulta incongruente que se impute a Doña Cristina, ajena a la administración de la sociedad, por presuntamente conocer cómo y de qué forma tenían legalmente que tributar los ingresos de Aizoon». Sin duda, un buen argumento al que se podrá aferrar la Infanta.

Es otra de esas cuestiones incómodas a las que tendrá que responder la hija menor de los Reyes. Doña Cristina contrataba a través de Aizoon al personal de servicio doméstico, beneficiándose así la sociedad de las ayudas previstas por la ley por aumentos de plantilla. Además, los primeros meses pagaba «en negro». Se trata de una actitud muy alejada de la ejemplaridad exigible a un miembro de la Familia Real, aunque lo cierto es que no es un delito, sino una falta administrativa que conlleva la correspondiente sanción. El propio Castro, en su auto de 2012, así lo reconoce.

Es otro punto oscuro de la actuación de la Duquesa de Palma y su marido. Tras comprar la vivienda de Pedralbes habilitaron una zona como despacho para Aizoon. Para obtener beneficios fiscales, se autoalquilaron esas dependencias en un acto en el que, esta vez sí, intervino ella directamente pues firmó el contrato de arrendamiento. Esta práctica se prolongó desde enero de 2007 hasta diciembre de 2008, aunque fue detectada por la Agencia Tributaria, que no admitió ese arrendamiento a efectos fiscales. Es decir; ese dinero «no se computó ni como gasto deducible en sede de Aizoon, ni como ingreso (rendimiento del capital inmobiliario) en sede del señor Urdangarín», precisa el correspondiente informe de los inspectores de Hacienda. La Infanta, pues, tendrá que dar explicaciones sobre este tema vidrioso.

Será otro de los asuntos estrellas de la comparecencia. Castro insiste en su auto que necesariamente Doña Cristina conocía las irregularidades que se estaban cometiendo, tanto a través de Carlos García Revenga como de la prensa, y que a pesar de ello no hizo absolutamente nada por cortar esa situación. Y siempre según este argumento, lo podía hacer de forma sencilla, ya que controlaba el 50 por ciento de la sociedad. En lugar de eso, dejó hacer a Urdangarín. La hija menor de los Reyes, sin embargo, argumentará que jamás tuvo noticias de esas actividades ilícitas y que tenía plena confianza en su marido, que era quien estaba al frente de Aizoon. Jamás dudó de él, ni podía imaginar que estaba haciendo las cosas mal, pues ella permanecía absolutamente al margen del día a día de la sociedad y se limitaba a firmar los documentos que se le presentaban. Y por supuesto, nadie le advirtió de lo que estaba pasando. En cualquier caso, se trata de otro de los puntos críticos de la declaración.

Es otra de las incógnitas que sin duda se plantearán en el interrogatorio de Doña Cristina. Probablemente el juez lo pondrá sobre la mesa y luego la defensa de Diego Torres y su mujer, Ana María Tejeiro, insistirá en ello. Se trata de conocer su versión, primero, de cómo era la relación entre las dos parejas, y después de determinar si en los encuentros que presumiblemente tenían se abordaban cuestiones profesionales del Instituto Nóos y las sociedades que giraban en torno a él. El propio juez se lo pregunta en su auto de imputación y hay expectación por conocer cuál es la versión de la Infanta. Hay que recordar que la esposa de Diego Torres sí tenía un papel activo en el Instituto Nóos, donde actuaba como una especie de jefe de personal aunque no tomaba decisiones sobre las actividades de la citada entidad supuestamente sin ánimo de lucro.