Diez pasos para llegar a un disparate

1. El juez instructor del caso Nóos, José Castro, pide a la Agencia Tributaria que, con arreglo a las bases de datos a las que tiene acceso , le comunique qué operaciones de compra y venta inmobiliarias de la Infanta Cristina entre 2002 y 2012. La propia naturaleza de la petición ya deja claro que las fuentes que se van a utilizar son ajenas a Hacienda.

2. El Departamento de Comunicación de la Agencia Tributaria pide los datos a los dos registros en los que constan este tipo de operaciones, el de los notarios y el de los registradores de la propiedad. Una vez recibida la información, la vuelcan en el documento. En ese momento ya constan las 13 supuestas operaciones.

3. El informe se elabora sin que la Agencia Tributaria haga ni una sola comprobación sobre la veracidad de los datos y sin que los dos inspectores que hacen el auxilio judicial al juez Castro lo vean . Es imposible, por tanto, que se puedan detectar los errores.

4. El juez Castro recibe el documento el pasado viernes y de inmediato lo incorpora al sumario . Poco después llega a manos de los medios de comunicación, que tienen acceso a él por alguna de las partes personadas.

5. Ya entrada la tarde de ese día comienzan a surgir dudas sobre la fiabilidad del informe de Hacienda . Ni el tipo de propiedades ni los importes por los que se venden cuadran con la actividad que se supone a Doña Cristina.

6. Algunos periodistas comienzan a ponerse en contacto con los supuestos compradores que figuran en el informe, que niegan tajantemente haber hecho operaciones de compraventa con la Infanta.

7. Ya por la noche el asunto llega a oídos de la Casa Real. Poco después un portavoz de la Duquesa de Palma desmiente categóricamente que esas propiedades fueran suyas y que haya vendido nada, salvo su primer piso del barrio de Pedralbes de Barcelona para financiar parte de la adquisión de su vivienda actual.

8.Durante todo el fin de semana los supuestos compradores niegan cualquier relación con unos hechos que no se produjeron . El estupor es ya total en la opinión pública y también en el juez, la Fiscalía y la defensa de la Infanta.

9. El lunes Hacienda habla por primera vez y admite que los datos pueden ser falsos. Confirma que esa información es de fuentes ajenas y que no fue comprobada antes de ser enviada al juez, porque es la práctica habitual en este tipo de informes. Y recuerda que las ventas se refieren a ejercicios fiscales ya prescritos, por lo que no podía hacer una inspección de los mismos . El juez pide a los distintos registros que le informen de si esas ventas imputadas a Doña Cristina se produjeron realmente.

10. Con el escándalo ya imparable, Hacienda hace un comunicado en el que atribuye el error a un problema con el DNI de la Duquesa de Palma . Los registradores y los notarios afirman que en sus registros no figuran esas ventas de la Infanta. Las explicaciones resultan del todo insuficientes y obligan a que al mediodía de hoy haya comparecido Cristóbal Montoro.