La mediadora Uniter pagó 2,7 millones al bufete de abogados de los ERE

La larga declaración del empresario jerezano, que en los recesos no se cansó de proclamar su inocencia y que presentó a la juez Alaya auditorías en las que justifica todos los movimientos de sus cuentas, aportó varias novedades: los pagos millonarios al despacho Estudios Jurídicos Villasis, el bufete vinculado a la trama, y la aparición de un nuevo personaje, un exalto cargo de la Junta, como mediador.

Así, según fuentes del caso, el imputado admitió que Uniter pagó 2,7 millones al despacho Estudios Jurídicos Villasís entre los años 2001 y 2007 y que ese dinero formaba parte de los tres millones que el Fondo de Garantía Social (Fogasa) destinó a aminorar la prima que tenía y para las indemnizaciones a trabajadores. Se trataría de un dinero pagado a este despacho de abogados (en el que hay dos letrados imputados) por su mediación por asesorar a las asociaciones de trabajadores que las aseguradoras hacían cuando se constituía un ERE. En este punto, la juez le preguntó porqué Uniter pagaba al despacho de abogados por los servicios que éste prestaba a la Faja Pirítica de Huelva.

El imputado también admitió que pagaba a los sindicatos entre el 0,5 y el uno por ciento de comisión por cada póliza y que «los sindicatos auditaban las pólizas» y las empresas pagaban a los sindicatos. En este sentido, el dueño de Uniter se refirió a «los brokers» de los sindicatos para definir a ITG y Atlantic Cooper. Sin embargo, la juez le rebatió asegurando que en algunos casos se pagó un cinco por ciento y a veces llegó al 13 por ciento.

De hecho, la juez y el imputado se enrocaron y mantuvieron un rifirrafe. González Mata, cuya declaración fue muy tensa, no se achantó e incluso rebatió a Alaya. En un momento dado, el abogado le pidió a la magistrada que no discutiera con su cliente, a lo que la juez contestó asegurando que sólo estaba preguntando.

En cuanto al nuevo personaje, González Mata definió al que hacía de mediador entre el entonces consejero Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. Se trata de un intermediario que, según fuentes judiciales, el empresario jerezano identificó como «Paquillo». Aunque el imputado no dio más datos, fuentes del caso aseguraron que se refería al que fuera Secretario General de Empleo, Francisco García, y que actualmente es primer teniente alcalde en Guarromán, que intervino en los ERE de Santana y la Faja Pirítica. González Mata dijo que comió con el exconsejero de Trabajo, Antonio Fernández (también imputado) dos veces en unas reuniones en las que también estuvieron presentes dirigentes de Vitalia y Seguros la Estrella, además de los asesores jurídicos de ambos. Según dijo, Fernández era el que solventaba los retrasos de los pagos en las pólizas.