El juez Castro ha sido vigilado por detectives «freelance»

El patrimonio de todos ellos fue igualmente sometido a examen desde 2011, coincidiendo con el desarrollo del llamado «caso Palma Arena», en el que se investiga una presunta malversación de fondos públicos en la legislatura autonómica 2003-2007, cuando el presidente del Gobierno balear era el popular Jaume Matas. Precisamente, el Tribunal Supremo revisará el próximo 2 de julio la sentencia que condena a seis años de prisión a Matas por una de las piezas separadas de dicho caso. En marzo del pasado año, la Audiencia Provincial consideró probado que Matas había favorecido a un periodista con fondos públicos y le consideró culpable de los delitos de fraude, falsedad, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Si el Supremo ratificase dicha sentencia, ello podría suponer el ingreso en la cárcel del también exministro de Medio Ambiente.

La Policía ofreció en su momento a los cuatro juristas mencionados la opción de realizar labores de contravigilancia , para poder conocer quién o quiénes habrían contratado a los citados detectives, pero los afectados rechazaron esta posibilidad. Cabe recordar que las agencias de detectives tienen prohibido llevar a cabo pesquisas sobre fiscales o jueces, por lo que la vigilancia a la que fueron sometidos el juez y los tres fiscales habría sido realizada al margen de la legalidad.

Por otra parte, esta misma semana se ha sabido también que el PP balear contrató los servicios de una agencia de detectives en la pasada legislatura para investigar una presunta malversación de fondos públicos durante el gobierno de centroizquierda del socialista Francesc Antich. Así lo confirmó ayer el actual diputado en el Congreso y portavoz de los populares isleños, Miquel Ramis, que en la pasada legislatura era su secretario general.

La contratación de los detectives tuvo lugar en 2010 y los cargos públicos investigados habrían sido de la coalición econacionalista Bloc —hoy denominada Més—, , a raíz de un viaje que realizaron a Andalucía. Ramis negó ayer de manera rotunda que se hubiera investigado a diputados del PSOE o a personas concretas.

Ramis recordó que hasta el PP llegó en su momento una información relativa a que se podrían haber utilizado fondos públicos para gastos privados por parte de cargos del llamado Pacto de Progreso, que gobernó en las principales instituciones de Baleares entre 2007 y 2011. «Una vez que se comprobó que no había sido así, se dio por cerrado el asunto» , afirmó Ramis. El dirigente popular reconoció que existe una factura oficial, aprobada por él y pagada a través de un banco, por los servicios prestados por la citada agencia de detectives. El importe de la factura asciende a 4.176 euros.

Las conclusiones del informe realizado por los detectives no se hicieron públicas hace tres años, y Ramis considera que sería «injusto» hacerlo ahora, ya que se podría perjudicar a personas que se comprobó que no habían cometido ninguna irregularidad.