Cae un grupo que estafó a empresarios necesitados de financiación

La primera fase de la investigación culminó con el arresto de los cinco principales responsables en Madrid, Jaén, Granada y Albacete. Tras el estudio de las declaraciones de las víctimas, se detuvo a otras cuatro personas en Guipúzcoa, Madrid, Barcelona, Jaén y Cádiz. Se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y estafa.

La investigación se inició tras el cotejo de dos denuncias presentadas en Granada por personas que, al parecer, habían pagado de la misma forma supuestas tasaciones de sus bienes y/o negocios para acceder a un elevado préstamo hipotecario que nunca se concedió.

Más de 90 operaciones

Las primeras pesquisas determinaron que existían varias células formadas por dos o tres individuos y distribuidas por toda la geografía nacional. En más de 90 operaciones, llegaron a ofrecer a sus víctimas grandes cantidades de dinero con condiciones muy favorables y simulando pertenecer a alguna entidad bancaria internacional.

En primer lugar, trababan amistad con personas del entorno empresarial de cada zona haciéndose pasar por supuestos intermediarios en la prestación de créditos hipotecarios por parte de banca extranjera o grupos de inversión privada. Seguidamente, les ofrecían la posibilidad de trabajar con ellos como comisionistas, convirtiéndose así en el gancho para la captación de empresarios y particulares necesitados de financiación. Una vez contactaban con las víctimas, les ofrecían una oportunidad inmejorable de obtener un crédito por cuantía de varios millones de euros.

Tras un primer acuerdo, entraba en acción el falso jefe de la supuesta entidad financiera, que explicaba al cliente-víctima los pasos a seguir para el estudio de la concesión del préstamo. Una vez comunicada la aceptación del crédito, la organización solicitaba la tasación de los bienes y/o negocios objeto de la hipoteca como condición indispensable para la firma del préstamo.

Para ello ofrecían la posibilidad de encargar dicha valoración a la empresa tasadora de la propia entidad financiera, lo que suponía una rebaja importante sobre el precio de la misma. Esta cantidad, que oscilaba entre los 500 y 20.000 euros en función de la cuantía del crédito y de los bienes a valorar, era abonada por la víctima a una cuenta controlada por la tasadora, o bien mediante giro postal o entrega en metálico.

Credibilidad para las operaciones

Para dar credibilidad a la operación, el grupo criminal llegó a enviar la documentación facilitada por los empresarios a notarías donde supuestamente se tramitarían las escrituras hipotecarias. Por otro lado, trataban de evitar en todo momento la mención de la entidad concesionaria de los préstamos, pero cuando era ineludible una respuesta explicaban que se trataba de un grupo inversor o de conocidas entidades extranjeras.

En el caso de que las víctimas sospecharan de la operación y protestaran por los retrasos en la firma del crédito, uno de los miembros de la organización se encargaba de amenazarlas con rescindir el préstamo, para evitar con ello que extendieran sus quejas. A la cantidad desembolsada en pago por las tasaciones descritas hay que sumar como perjuicio adicional para los empresarios el hecho de que algunos de ellos adelantaron sus inversiones a la espera de la firma del crédito que les habían concedido falsamente.

Entre los detenidos se encuentran los miembros de la cúpula de la organización, que se encargaban del control exhaustivo de todas las operaciones, de la tasación y cobro de las mismas, así como de hacerse pasar por los responsables de las entidades financieras.

En cuanto a los miembros de las células que captaban a los empresarios, la mayoría contaba con experiencia previa en gestorías o en la intermediación financiera . Hasta el momento los agentes han detectado pagos para la emisión de estas tasaciones que suman cerca de 100.000 euros en una sola cuenta.

La operación ha sido realizada por el Grupo de Delitos Económicos-Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada y por la Brigada Central de Delincuencia Económica de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).