La Junta andaluza entorpeció la investigación de los ERE

A muchas de esas partidas, el Grupo de Delitos Económicos de la UCO ya les había podido seguir el rastro, pero en esa documentación figuran además correos muy reveladores de la impunidad con la que se actuaba desde al menos una parte de la Consejería de Empleo de la Junta andaluza y del nivel de «organización criminal» surgido al amparo de la propia administración.

Uno de esos correos electrónicos, como publicó ABC, evidencia este «sistema perfectamente establecido», según la tesis de Alaya. Se lo envió el exdirector general de Trabajo a Estudios Jurídicos Villasís, el bufete de abogados sevillano que contrató como comercial al conseguidor de ayudas Juan Lanzas, quien a su vez actuaba de enlace directo con los sindicatos.

«Adelántame 100.000 euros, que ya me he comprometido», le reclama el que fuera director de la Consejería de Empleo durante nueve años al despacho de abogados que asesoraba a las consultoras gestoras de las pólizas. Guerrero le indica después: «Ya te compensaré de otra forma». Esa y otras comunicaciones, que constan en el informe entregado por la Junta el mes pasado, según ha podido saber ABC, no son nuevas ni han sido rescatadas ahora, pero no habían sido aportadas.

La juez y los investigadores no tienen dudas sobre las «zancadillas» que se han encontrado en el camino por parte de quienes debían ser —y así lo han proclamado varios consejeros de Griñán— los máximos garantes de que se aclarara el destino del dinero público de la partida 31L.

La información contenida en ese documento nuevo, aportado «in extremis», está en posesión de la Junta andaluza desde hace casi año y medio, por lo que tiene difícil explicación que no se haya entregado hasta hace poco más de un mes. No es un documento que deje en buen lugar al Ejecutivo andaluz, según las fuentes consultadas, sobre todo por el tiempo transcurrido. «A Guerrero le habían dejado caer hace tiempo; por tanto, no tiene sentido que retuvieran esa información», explican fuentes jurídicas.

La oportunidad de entregar ese dosier días antes de que se asestara otro gran golpe a la trama de los ERE solo tiene una explicación estratégica: el interés de la Junta en dejar claro que sí ha colaborado con la instrucción, especialmente después de las quejas de la juez, que tardó meses en recabar información sobre los «consejillos» en los que se tomaban las decisiones sobre el reparto de los fondos.

La operación Heracles, aunque sin detalles, era un secreto «esperado» en Sevilla desde semanas antes, de ahí que los responsables de entregar la información se adelantaran a las detenciones de la Guardia Civil y los encarcelamientos ordenados por Alaya.

Pero la Junta de Andalucía ha seguido adelante. Después de producirse el nuevo ingreso en prisión de Guerrero y otros miembros de la trama, y ante las duras acusaciones de la juez sobre el «dispendio generalizado y descontrolado» de dinero público, han vuelto a dar un paso al frente en un supuesto ejercicio de transparencia. Hace unos días entregaron otro informe nuevo, cuyo contenido no ha trascendido, dado que Alaya decidió ampliar un mes más el secreto de las actuaciones a petición de la Guardia Civil.

A falta de conocer qué contiene esta nueva documentación, hay quien señala que el Ejecutivo trataría de poner un parapeto más ante la posibilidad de que la magistrada vuelva a llamar a declarar al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien ya estuvo en prisión; es decir, establecer una especie de cortafuegos para que las responsabilidades no sigan hacia arriba.

Alaya ordenó ayer el embargo de dos fincas y cuentas de Guerrero para cubrir su fianza civil de 686 millones de euros y ha tomado la misma medida respecto a su sucesor al frente de Trabajo, Juan Márquez , para cubrir 173 millones de fianza civil, informa Efe. La juez acuerda embargar a Guerrero una finca en El Pedroso (Sevilla) y parte de otra en la misma población, así como todos sus saldos bancarios y las posibles devoluciones de la Agencia Tributaria. A Márquez se le embargará un piso en Huelva, una finca en Lucena del Puerto, sus saldos bancarios y devoluciones tributarias.