119 procesados por corrupción en España durante el primer trimestre de 2023
Los tribunales y jueces españoles han concluido 9 procedimientos que implican a 85 personas físicas y 34 jurídicas
El CGPJ también ha hecho públicas el número de sentencias dictadas: 15 entre enero, febrero y marzo de este año
Entrada del edificio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
De acuerdo a los datos publicados en el repositorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los jueces y los tribunales españoles han concluido en el primer trimestre de este año nueve procedimientos judiciales por corrupción, con un total de 119 procesados —85 ... personas físicas y 34 jurídicas—. También ha dictado 15 sentencias firmes en este mismo periodo.
La mayoría de los procedimientos se concentran en las comunidades autónomas de Andalucía (5) y Madrid (2). Los otros dos se ubican en Cataluña y la Comunidad Valenciana, respectivamente.
Así, la comunidad andaluza concentra a 66 de las 85 personas físicas acusadas, y a 32 de las 34 personas jurídicas. Por su parte, Madrid cuenta con 10 personas físicas y 2 jurídicas procesadas, la Comunidad Valenciana con 8 personas físicas acusadas en el único procedimiento abierto y Cataluña a otra en el suyo, sin haber implicadas personas jurídicas en estas dos últimas.
De la misma forma, el órgano de los jueces ha hecho publico el número de sentencias dictadas sobre este tipo de delitos: un total de 15 durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023. De ellas, 10 fueron total o parcialmente condenatorias y 5, absolutorias. Esto supone que el fallo fue condenatorio en dos de cada tres (66,66 %) de los casos.
Los datos que ofrece dicho repositorio hacen referencia a la corrupción pública, que tiene como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y está centrada en el uso del dinero público, por lo que implica tanto la corrupción administrativa como la política.
El Código Penal recoge entre estos delitos, sobre los que el CGPJ ha hecho públicos los datos de procedimientos abiertos, los siguientes: prevaricación urbanística y de funcionarios públicos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, trafico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y receptación y blanqueo de capitales.
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