Yolanda Díaz entrega a las comunidades autónomas los primeros 1.800 millones para políticas activas de empleo

A fin de que puedan empezar a afrontar sus compromisos, Trabajo ha informado de que las comunidades autónomas recibirán de manera inmediata el 70% de los fondos que les corresponden de acuerdo a los criterios establecidos en la Conferencia Sectorial de abril de 2023 y que mantienen el aumento del 6,49% respecto al importe del año 2022.

La cuantía de los fondos asignados, 1.800,3 millones de euros, es la recogida en los Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogados finalmente para 2024. Tal y como señalan a ABC las fuentes consultadas, de haberse aprobado las Cuentas del presente ejercicio, esta cuantía habría ascendido a más de 2.500 millones de euros y aseguran que los 700 millones restantes serán entregados una vez haya presupuesto consignado para esta materia.

De este modo, en próximas semanas se celebrará una nueva conferencia sectorial en la que se completará la distribución total de los fondos, según ha precisado en un comunicado el Ministerio que dirige Yolanda Díaz. Si bien, las fuentes consultadas por este medio no aclaran la naturaleza de la fuente de financiación que permitirá al Estado incrementar hasta en un 39% el presupuesto destinado a estas políticas activas de empleo.

De los 1.800,3 millones de euros contemplados, 997 millones corresponden a políticas activas de empleo y formación; 308 millones a iniciativas del sistema de formación profesional para el empleo que no corresponden a certificados de profesionalidad; 443 millones a iniciativas de formación en alternancia para el empleo, y 51,4 millones a la modernización de los servicios públicos de empleo. Trabajo ha detallado que, del importe total, se destinarán 633 millones de euros a combatir el desempleo del colectivo de personas mayores de 52 años.

Se establecen además objetivos cuantitativos por comunidades autónomas, el objetivo de mejora de la empleabilidad y la voluntad de impulsar la consolidación y profesionalización del personal orientador laboral en toda la red de los servicios públicos de empleo.

Para ello, el Ministerio de Trabajo, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), impulsará el diseño y financiación de un programa inicial y continuo de formación para profesionalizar y consolidar al personal que desempeñe las competencias relacionadas con la orientación laboral.

Asimismo, previa propuesta del Patronato de la Fundación Española para la Prevención de Riesgos Laborales, en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales se ha asignado un crédito presupuestario total para acciones ordinarias de prevención de riesgos laborales de ámbito territorial de 11.390.000 euros.

Trabajo ha señalado además que, en el marco de la Conferencia, se ha debatido con las comunidades autónomas el proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo y los servicios garantizados establecidos en la Ley de Empleo, así como el protocolo para la identificación de buenas prácticas que permitan avanzar en la mejora de los sistemas de empleo públicos.

«Me gustaría comenzar con una felicitación colectiva por la buena marcha de esta conferencia. Creo que somos un ejemplo de diálogo institucional y de acuerdo entre gobiernos de diferentes colores para desarrollar en común las políticas que importan a la ciudadanía. Quiero agradeceros vuestro esfuerzo y colaboración», destacó Díaz durante su intervención.

Según Trabajo, esta colaboración se ha reflejado en las votaciones, pues prácticamente todas las comunidades han aprobado este jueves la distribución de fondos. Sólo se ha abstenido Castila y León en la partida de prevención de riesgos laborales y Comunidad Valenciana ha votado en contra en el reparto de fondos para políticas activas de empleo.