Las bajas laborales cuestan un 20% más de lo previsto y obligan al Estado a movilizar 2.400 millones más de Presupuesto

A través de la figura de la modificación presupuestaria, que permite bascular a lo largo del año las partidas para adecuarlas a las necesidades que se produzcan durante su ejecución mediante la distribución de los créditos ya consignados, Seguridad Social llegó a desviar en el acumulado del pasado ejercicio un total de 2.444 millones de euros. Tal y como se desprende de los datos de ejecución fue en la segunda mitad del año cuando se aceleraron las desviaciones de financiación. A mes de septiembre se había incrementado el presupuesto inicial para la incapacidad temporal en 500 millones de euros, pero en los tres últimos meses del año este aumento de financiación se quintuplicó hasta alcanzar la cifra referenciada.

El problema económico que comporta el incremento exponencial de gasto en las bajas laborales, que el Gobierno ya ha detectado y al que pretende poner coto con la reforma del modelo asistencial de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social dotándolas de una mayor participación en los procesos principalmente de procesos traumatológicos, tiene visos de seguir su escalada en el presente ejercicio.

La tendencia iniciada en el pasado año podría replicarse en 2024, tanto en cuanto el Estado destinó entre enero y febrero un total de 2.393 millones de euros a este menester. La cifra, más allá, rebasa en un 19,2% el coste registrado en el mismo periodo del pasado ejercicio, cuando en los dos primeros meses del año se abonaron prestaciones de incapacidad temporal por valor de 2.007 millones de euros. De mantenerse la tendencia de aumento proporcional del gasto, Seguridad Social tendría abonar el conjunto del presente ejercicio cerca de 17.000 millones.

En este punto, y teniendo en cuenta que la misma previsión fallida de inicio del pasado 2023 -cuando se consignaron para este capítulo de desembolsos 11.764 millones- es la que aparece referenciada en los balances de ejecución del presente año debido a la prórroga presupuestaria, parece evidente que el Estado deberá de volver a andar la senda de modificaciones de financiación que ejecutó en el pasado ejercicio, si bien deberán de alcanzar una mayor cuantía en previsión de un nuevo aumento del gasto en incapacidad temporal.

Fuerte desviación del

gasto previsto por el

Gobierno para incapacidad

temporal (IT)

Movilizaciones de presupuesto para

cubrir el exceso de gasto en IT

En millones de euros acumulados. Año 2023

2.444

1.944

1.544

502

356

19

4,9

5,9

E

F

M

A

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A

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O

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D

Evolución del gasto total

en cobertura de la IT

En millones de euros anuales

2012

5.360

2013

5.014

2014

5.472

2015

6.149

2016

6.888

2017

7.586

2018

7.484

2019

9.527

2020

11.887

2021

12.468

2022

13.590

2023

14.121

Fuente: Ministerio de Seguridad Social / ABC

Fuerte desviación del gasto previsto

por el Gobierno para incapacidad temporal (IT)

Movilizaciones de presupuesto para

cubrir el exceso de gasto en IT

2.444

1.944

En millones de euros acumulados. Año 2023

1.544

502

356

356

19

4,9

5,9

5,9

5,9

5,9

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Evolución del gasto total en cobertura de la IT

En millones de euros anuales

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13.590

12.468

11.887

9.527

7.586

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6.888

6.149

5.472

5.360

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2020

2021

2022

2023

Fuente: Ministerio de Seguridad Social / ABC

No en vano, cabe destacar que estas modificaciones presupuestarias entran dentro de lo ordinario, si bien el elemento llamativo es la elevada cuantía desviada en esta partida. Por ejemplo, a lo largo del pasado año se realizaron modificaciones presupuestarias en la totalidad de las rúbricas de gasto contributivo. Pero sólo los 1.648 millones de euros movilizados para las pensiones de jubilación son comparables a las desviaciones aplicadas para la incapacidad temporal. Cabe recordar que esta partida de gasto -la de la incapacidad temporal- nace a partir del decimosexto día de baja de un trabajador, momento en el que es el organismo protector el encargado de cubrir la prestación y que los algo más de 14.100 millones que se desembolsaron en el pasado ejercicio suponen que ya se consume presupuesto por valor de casi un punto porcentual del PIB y la segunda mayor rúbrica de gasto que atiende la Seguridad Social después de las pensiones en su nivel contributivo.

Este cuadro implica ineludiblemente un nuevo paradigma al que deberá adaptarse la Administración. En un primer momento el salto exponencial de gasto experimentado en esta partida parecía estar localizado en el episodio de crisis sanitaria iniciado en 2020 con el estallido de la pandemia, y que tardó al menos dos años en despejar del balance presupuestario el coste de las medidas dispuestas en los peores momentos para poder sostener las rentas de los trabajadores y la actividad de los negocios.

Ahora, cuatro años después la consolidación de este gasto sin aparente explicación sanitaria es lo que ha hecho saltar las alarmas en el Ejecutivo: el gasto en los cuatro años posteriores a la pandemia -incluido 2020- es de algo más de 13.000 millones, mientras que en periodo prepandemia equiparable el coste anual medio fue de 7.800 millones. Es decir, el gasto casi se ha duplicado en la última década. Pero incluso más relevante es que en el año 2023, con un impacto residual de las bajas por Covid, se destinara a incapacidad temporal un 18,7% más que en el propio año de pandemia. Ahora bien, el gabinete dirigido por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, parece haber atendido a la circunstancia. Toda vez que en la comunicación transmitida a las comunidades autónomas recientemente en el que se plasma la intención del Ejecutivo de dar más poder a las Mutuas en patología de carácter traumatológico se especifica que el objeto final de las modificaciones pasa por «reducir la duración de los procesos», para así disminuir el gasto en incapacidad temporal «tanto para el sistema general como para las mutuas».

Para la consecución de la medida el Gobierno ha impulsado ya una negociación con patronal y sindicatos como una ampliación de la declaración de intenciones plasmada ya por los representantes de empresarios y sindicatos en la firma del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) -donde se plantea la necesidad de fijar líneas de actuación que como consecuencia reduzcan el número de procesos y su duración-. Las organizaciones instan a los poderes públicos a desarrollar convenios con dichas Mutuas, encaminados a realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes de origen traumatológico.

Sin embargo, tal y como trasladan desde la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) este gesto podría quedar en agua de borrajas si no se acompaña de una visión más ambiciosa por parte del Gobierno. Desde la patronal señalan que sólo si se permite a las Mutuas recetar el alta del trabajador se logrará dotar de eficacia al sistema y reducir los niveles de gasto asociado. Según AMAT, el absentismo en su lectura más amplia le cuesta al tejido productivo más de 140.000 millones de euros al año, resultante de las 8,3 millones de bajas laborales causadas en 2023. Por ello, reclaman un mayor poder en la prescripción del alta definitiva del trabajador, que según los planes del Gobierno quedará aún en manos del INSS.