Vivienda recula en su amenaza a las autonomías y premiará a las que topen el alquiler

Con todo ello. el nuevo discurso de la titular de Vivienda tampoco logró desatascar las relaciones con las 11 autonomías (más Ceuta y Melilla) que firmaron el manifiesto contra las políticas en materia de vivienda del Gobierno. Las comunidades presididas por el PP (Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia, Baleares, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Extremadura) más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, recordaron a la ministra de Vivienda en la previa de la reunión que el Estado no puede discriminar en la «obligación» de repartir de forma «equitativa» los recursos públicos y que hacerlo sería «quebrantar» el artículo 31.2 de la Constitución. «Rechazamos igualmente el procedimiento anunciado para hacerlo, mediante un reparto desigual de los fondos procedentes de los impuestos de todos los españoles, condicionándolos a un posicionamiento político, de una ideología concreta», manifestaron las regiones firmantes antes de conocer el nuevo ofrecimiento de la ministra.

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Los populares también se reafirmaron, como ya hicieran la semana pasada, en que la decisión de no declarar zonas tensionadas y limitar los alquileres es «potestativa, y por tanto legal» para las comunidades autónomas. «Esas medidas solo sirven para provocar menor oferta de vivienda y subida de los precios. Las comunidades autónomas cumplimos la ley, como no puede ser de otra manera», declararon en la misma carta. «Por ello, no toleramos la amenaza y el chantaje de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de retirar los fondos a las comunidades autonómicas por no aplicar voluntariamente una medida contemplada en su Ley por el derecho a la Vivienda, que se ha demostrado perjudicial para los ciudadanos» insistieron desde el PP.

Por ello, reclamaron al Gobierno diálogo y «abandonar la unilateralidad» de sus políticas para alcanzar acuerdos que permitan solucionar un problema «que ya es acuciante para una mayoría de la población española». «Proponemos que la acción política de todos los representantes públicos en esta materia esté guiada por el diálogo, el planteamiento técnico riguroso y la evaluación de las políticas públicas. Las acciones de confrontación, los planteamientos extremistas y la imposición ideológica deben ser eliminados del legítimo debate político en una materia tan delicada para los ciudadanos como es el acceso a una vivienda», reclamaron.

Es una petición que los populares hacen tras presentar ayer un plan de vivienda con el que pretenden derogar las zonas de mercado tensionado y desalojar a los okupas en un plazo de 24 horas. Una hoja de ruta que además propone ayudas fiscales para el alquiler y compra de vivienda a jóvenes y familias, como la exención gradual de impuestos a los jóvenes menores de 35 años durante cuatro años y la bonificación del 100% en el impuesto de sucesiones y donaciones a familiares para comprar una vivienda. La proposición de ley que el PP presentará en las próximas semanas en el Congreso también aspira a introducir deducciones en el IRPF a los propietarios que formalicen nuevos contratos de arrendamiento de inmuebles que hayan estado en desuso al menos dos años.

Pese a la crispación previa al encuentro, si hubo consenso entre autonomías y Vivienda para aprobar los fondos correspondientes a la próxima convocatoria del Bono Alquiler Joven, que ascienden a 200 millones de euros. Unas ayudas que benefician a jóvenes de entre 18 y 35 años con hasta 250 euros mensuales para pagar el alquiler durante un periodo de dos años. Con todo, Rodríguez pidió a las comunidades aumentar con fondos propios la cuantía de las ayudas, pero regiones como Madrid defendieron que el propio decreto «no permite» llevar a cabo esa ampliación, según aseguro el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras madrileño, Jorge Rodrigo, quien lamentó no haber recibido disculpas de la ministra tras llamarles «insumisos», a pesar del cambio de criterio.

En el marco del encuentro la ministra Rodríguez hizo un llamamiento a la alianza de país por la vivienda, y llamó a las distintas administraciones a «comprometerse a dar esa respuesta necesaria al problema que tienen miles de españoles y españolas en nuestro país para acceder a una vivienda». En su alegato, no desistió en su petición a las comunidades para que apliquen la ley de Vivienda. «Esta ley permite que podamos bajar un 5% los precios, beneficiando a las familias, jóvenes, y que los propietarios puedan tener bonificaciones de hasta un 90%. ¿Por qué no lo hacemos? Yo no lo entiendo», dijo la exalcaldesa de Puertollano antes de la reunión.