Las comunidades del PP rechazan el «chantaje» de la ministra de Vivienda y no intervendrán los alquileres

Las comunidades presididas por el PP (Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia, Baleares, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Extremadura) más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, recuerdan a la ministra de Vivienda que el Estado no puede discriminar en la «obligación» de repartir de forma «equitativa» los recursos públicos y que hacerlo sería «quebrantar» el artículo 31.2 de la Constitución, además de las buenas prácticas de la gestión de los fondos estatales y comunitarios. «Rechazamos igualmente el procedimiento anunciado para hacerlo, mediante un reparto desigual de los fondos procedentes de los impuestos de todos los españoles, condicionándolos a un posicionamiento político, de una ideología concreta», manifiestan las regiones firmantes.

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Los populares también se reafirman, como ya hicieran la semana pasada, en que la decisión de no declarar zonas tensionadas y limitar los alquileres es «potestativa, y por tanto legal» para las comunidades autónomas. «Esas medidas solo sirven para provocar menor oferta de vivienda y subida de los precios. Las comunidades autónomas cumplimos la ley, como no puede ser de otra manera», declaran en la misma carta. «Por ello, no toleramos la amenaza y el chantaje de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de retirar los fondos a las comunidades autonómicas por no aplicar voluntariamente una medida contemplada en su Ley por el derecho a la Vivienda, que se ha demostrado perjudicial para los ciudadanos» insisten desde el PP.

Por ello, reclaman al Gobierno diálogo y que «abandonen la unilateralidad» de sus políticas para alcanzar acuerdos que permitan solucionar un problema «que ya es acuciante para una mayoría de la población española». «Proponemos que la acción política de todos los representantes públicos en esta materia esté guiada por el diálogo, el planteamiento técnico riguroso y la evaluación de las políticas públicas. Las acciones de confrontación, los planteamientos extremistas y la imposición ideológica deben ser eliminados del legítimo debate político en una materia tan delicada para los ciudadanos como es el acceso a una vivienda», reclaman.

La reunión convocada en la sede del Ministerio de Vivienda orbitará sobre la elaboración del próximo Plan Estatal de Vivienda que debe entrar en vigor en 2026 y la siguiente convocatoria del Bono Alquiler Joven. Finalmente, Vivienda ha reculado ante los representantes autónomicos del ramo en sus intenciones de castigar a las regiones «insumisas» con menos fondos, pero sí abogará por premiar a las comunidades autónomas que declaren zonas tensionadas con más fondos para desarrollar acciones particulares.