La Unión Europea activa un arancel verde con muchos puntos negros

La dificultad de cuantificar las emisiones, el complejo encaje en las reglas de la OMC y el golpe tanto a las empresas europeas exportadoras como al bolsillo de los hogares ensombrecen el denominado Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM)

España, líder europeo en infracciones ambientales activas

El pionero y controvertido arancel a algunos bienes de países contaminantes que la UE activará desde octubre llega rodeado de incógnitas

Laura Montero Carretero

Madrid

09/09/2023 a las 20:09h.

De poco sirve que los operadores intensivos en carbono de la Unión Europea paguen por cada tonelada de CO2 que arrojen a la atmósfera, en un intento de redirigir la inversión hacia modelos de producción limpios, si las importaciones provenientes de países con legislaciones ... climáticas más laxas no lo hacen. El perjuicio para la industria nacional es doble: existe el riesgo de que las empresas abastezcan el mercado único desde geografías con normativas medioambientales menos estrictas y, además, la reducción de emisiones europeas se compensa con las extracomunitarias. Ese es el razonamiento que ha llevado a la UE a aprobar un arancel verde, bautizado como Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), que empezará a aplicarse, en una primera fase de recogida de información, el próximo mes de octubre.

Se trata de una medida clave del paquete 'Objetivo 55', que busca garantizar una bajada de las emisiones de gases de efecto invernadero de, al menos, un 55% para 2030 en comparación con los niveles de 1990. En su fase inicial, abarcará sectores muy contaminantes, entre los que se incluye el hierro, acero, aluminio, cemento, fertilizantes, producción de hidrógeno y electricidad. En un futuro, eso sí, está previsto que se amplíe su ámbito de aplicación.

La recaudación estimada gracias a esta herramienta rondaría el 0,1% del PIB de la UE, según indica Michael Keen, de la Universidad de Tokio, en un informe publicado por el Instituto de Economía de Barcelona, en el que aclara que los ingresos se rebajarían a la mitad si existieran desgravaciones a las exportaciones. Aun siendo cifras importantes, ninguno de los expertos consultados habla de un fin recaudatorio como razón de ser del arancel.

Para entender la motivación que ha llevado a las instituciones europeas a sacar adelante esta tasa es necesario recordar que el continente cuenta con un régimen de comercio de derechos de emisión desde 2005, que implica que aquellas actividades intensivas en energía pagan por su coste medioambiental, es decir, abonan una cantidad por cada tonelada de CO2.

«Históricamente hemos tenido precios bastante bajos, pero la UE consideró que así no se iban a reducir las emisiones, de forma que empezó a tocar la oferta y la demanda para que los precios subiesen. El objetivo inicial era que estuvieran en torno a los 20 euros, pero han ido incrementándose y durante el año hemos estado cerca de los 100 euros por tonelada», explica Pedro González-Gaggero, socio responsable de fiscalidad ambiental de EY Abogados. Una situación que deja en desventaja competitiva a la industria europea y, desde el punto de vista climático, no mejora las cosas. «En España, por ejemplo, hace años que se produce muy poca electricidad con carbón porque ha pasado a ser antieconómico. Mientras, Marruecos está abriendo centrales y como la electricidad allí es más barata porque no soporta impuestos al CO2, la importamos. El resultado es que las emisiones siguen produciéndose, pero hemos perdido capacidad económica», subraya el experto.

En un intento por evitar el traslado al exterior, a lugares donde no hay esos costes, se conceden asignaciones gratuitas de derechos de emisión a las industrias con más riesgo de fuga de carbono, para que así compitan en igualdad de condiciones, al no pagar ninguno. ¿La consecuencia negativa? Desaparecen los incentivos para avanzar en la descarbonización.

Implantación gradual

Ante esta problemática, la Comisión opta por dar una vuelta de tuerca a la política climática de la UE. «Se retiran progresivamente las asignaciones gratuitas a nuestra industria y, al mismo ritmo, se introduce un arancel a los productos procedentes de países sin una legislación equivalente en esta materia a la nuestra», detalla González-Gaggero. Hablamos de un proceso complejo, por lo que la implantación será muy gradual.

Desde octubre de 2023 hasta diciembre de 2025 funcionará solo de modo declarativo, es decir, las importaciones no pagarán por sus emisiones, pero habrá que declarar qué volumen de emisiones llevan implícitos esos productos sujetos a arancel. A partir de enero de 2026, entrará en vigor de forma progresiva, al mismo ritmo al que se le retiran a la industria comunitaria sus permisos de emisión gratuitos.

Aun así, la aplicación del CBAM plantea multitud de retos, empezando por la medición del contenido de carbono de las importaciones, una labor nada sencilla. «Imaginemos que se importan piezas de acero para un coche, fabricadas en una empresa india que le ha comprado acero en bruto a una empresa china. Tanto el componente en sí como el acero en bruto están dentro del alcance del ajuste en frontera y habría que declarar las emisiones de CO2 producidas en todo el ciclo de vida de fabricación. Para algunos productos, además, se tendrán que incluir las emisiones indirectas, esto es, las producidas por parte del generador eléctrico que provee de electricidad a esa fábrica», comenta el experto de EY Abogados, que reconoce que, si bien el arancel quiere proteger a la industria comunitaria, las empresas tienen miedo de que la medida, que es muy compleja, no funcione a la perfección.

Desde ClimateTrade, su CEO, Francisco Benedito, alude a la necesidad de que haya una suerte de guía o taxonomía que determine los puntos de medición, pero matiza que ya existen calculadoras al efecto para todo esto, de modo que lo que tienen que hacer las compañías importadoras es implementarlas. «Lo más importante aquí es qué precios de carbono se pagan porque algunas empresas lo habrán neutralizado en origen. Está por ver cómo operan ese tipo de cosas, es algo en lo que aún no tenemos claridad».

Tensión geopolítica

Entre las dificultades asociadas a la puesta en marcha del arancel se encuentran también las posibles tensiones comerciales y las disputas en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC). «La medida respeta el principio básico de Igual Trato Nacional, pero la OMC podría declarar que su implementación es ilegal porque excluye determinados sectores, como es el caso de la agricultura, que genera metano, un gas de efecto invernadero», explica Enrique Feás, investigador principal del Real Instituto Elcano. Asimismo, se antoja complicado que la UE se libre de las acusaciones de proteccionismo verde. «Recientemente los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) hicieron una declaración en la que manifestaron que el medioambiente no se utilice como argumento para el proteccionismo comercial. No les va a hacer gracia el arancel y es probable que lo discutan», recuerda.

La iniciativa llega en un contexto de gran tensión geopolítica, agravada por la invasión rusa de Ucrania. «Estamos en un momento en el que el comercio es un arma arrojadiza en el marco geopolítico, así que aplicar un arancel que afectará a muchos países en desarrollo es imposible que se perciba como una cuestión neutral. Se interpretará en un sentido proteccionista, lo sea o no. Y casi con total seguridad, será respondido de alguna manera, bien sea en la OMC exclusivamente o bien algunos países apliquen aranceles equivalentes saltándose los procedimientos de la OMC. Puede ocurrir que incluso Estados Unidos piense que lo que va a aplicar la UE es una herramienta proteccionista y opte por el 'si tú proteges, yo también'», reflexiona Enrique Feás. La reacción del resto de bloques económicos es una de las incógnitas por resolver.

Las potencias perdedoras

Potencias como Rusia, Turquía o China se sitúan a la cabeza como los más afectados por la medida, si bien es cierto que hay países africanos de ingresos bajos y medios que también podrían resultar perjudicados, sobre todo aquellos que dependen de las exportaciones a la UE y cuyas emisiones de carbono en los productos sujetos al arancel son especialmente altas. Amadeo Fuenmayor, director de la Cátedra de Tributación Autonómica de Universidad Valencia, explica que «determinados países ya cuentan con una ventaja en cuanto a costes laborales. Cuando los permisos de emisión en la UE empiecen a ser muy caros, disfrutarían de una ventaja añadida, que con este mecanismo perderían». Por ejemplo, Mozambique por sus exportaciones de aluminio, Zimbabue por sus exportaciones de hierro y acero, Marruecos y los países del norte de África por sus fertilizantes.

Jeroen van den Bergh, catedrático de Economía Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados, considera que será interesante ver la respuesta de bloques con los que Europa mantiene una intensa relación comercial, como Estados Unidos, China o Japón. «EE.UU., por ejemplo, ahora tiene un presidente que está preocupado por el cambio climático Todos los indicadores son buenos, pero nunca se sabe. Algunos países más pequeños podrían incluso ir a la OMC».

Preguntado por las hipotéticas repercusiones negativas para el continente, lo primero que resalta es que la medida es positiva para la economía europea. Ahora bien, a su juicio, «los productores podrían cambiar su exportación a otros países y, por tanto, Europa tendría que buscar opciones diferentes, tal vez más caras o difíciles, incluso podría tener problemas de suministro, pero será muy improbable porque la introducción del sistema es tan lenta que hay suficiente tiempo para adaptarse». Con todo, su balance es favorable. «Todo el mundo dice que quiere ayudar a solucionar el problema del cambio climático, pero en el momento en que hay que realizar acciones costosas se complica. Por tanto, necesitamos que las condiciones sean iguales para todos los actores y este tipo de aranceles contribuyen a ello. Europa es uno de los grandes importadores del mundo y, por tanto, su medida tendrá efecto», justifica.

Un reciente informe de EsadeEcPol firmado por Natalia Collado, Pedro Linares y Ángel Martínez, centrado en el efecto en España del nuevo impuesto, pone blanco sobre negro: la introducción del CBAM tiene un impacto desigual en las diferentes categorías de productos del sector manufacturero. Los bienes más básicos se sitúan a la cabeza: en el caso del clinker de cemento, con un aumento del precio de hasta el 150% y de un 50% para lingotes de acero o aluminio. «En el sector manufacturero, los productos finales sufrirían incrementos de precio inferiores en general al 7-8%, aunque con excepciones (como la maquinaria agrícola e industrial) que podrían ver elevados sus costes hasta en un 20%», señala el estudio, que revela que de las 1.100 categorías de actividades económicas consideradas, unas 400 sufrirían aumentos de precio mayores al 2%.

Potencial incremento por grupo de manufacturas

(Calculado como cambio en precio por valor de exportaciones)

En millones de euros

(*) Excepto maquinaria y equipo. (**) Excepto muebles

1.570,9

1.295,2

524,3

338,5

225,7

207,0

149,8

104,7

75,6

65,6

38,2

26,9

23,5

13,5

9,5

3,8

4.682,1

Fuente: EsadeEcPol / ABC

Potencial incremento por grupo de manufacturas

(Calculado como cambio en precio por valor de exportaciones)

En millones de euros

(*) Excepto maquinaria y equipo

(**) Excepto muebles

1.570,9

1.295,2

524,3

338,5

225,7

207,0

149,8

104,7

75,6

65,6

38,2

26,9

23,5

13,5

9,5

3,8

4.682,1

TOTAL

Fuente: EsadeEcPol / ABC

Desde la perspectiva de las exportaciones, hay sectores que, en el caso de nuestro país, serían los grandes damnificados por su fuerte exposición a los mercados internacionales. Natalia Collado, economista en EsadeEcPol, apunta a la industria automovilística, la metalurgia y la maquinaria. Y es que, aunque el arancel iguala el terreno de juego en el mercado interior de la UE, los productores comunitarios con una gran vocación exportadora, al no tener ninguna exención, perderán competitividad por el incremento de los costes de las materias primas. «Supongamos que una industria exporta el 80% de su producción. No está exenta de comprar derechos de emisión para ese 80%. En el mercado interior el terreno de juego estaría nivelado, pero no tiene nada que le compense ese coste extra para ser competitiva con otros países de fuera de la UE como pueda ser China. Al no haber exenciones para las exportaciones en cuanto a la internalización del coste de las emisiones, le situaría en posición de desventaja», dice.

El director general de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), Andrés Barceló, es consciente del revés que el nuevo mecanismo de ajuste en frontera significará para las exportaciones de la industria comunitaria, con la siderurgia y el aluminio como los sectores más perjudicados. «El CBAM iguala las condiciones en el mercado europeo, pero no en la exportación y eso es un perjuicio enorme. Si una empresa europea vende fuera, en Brasil o Turquía, por ejemplo, será menos competitiva que las compañías de allí porque aguantará el coste regulatorio sin ninguna compensación», lamenta. Bruselas y los Gobiernos conocen la situación, pero hasta ahora se limitan a decir que lo estudiarán en 2026. «Por encima de todo, la Comisión tiene el objetivo de que el CBAM sea compatible con las reglas de la OMC, que prohíben las ayudas a las exportaciones», explica.

Para el director general de la patronal es también motivo de preocupación el peligro de que no se verifiquen adecuadamente las emisiones. «La posibilidad de que algunas empresas extranjeras mientan no es desdeñable». Por otro lado, advierte de que «aunque la medida tiene la vocación de que todo el mundo sea tan verde como la UE, si una empresa dispone de cuatro fábricas, puede enviar lo más limpio a Europa y lo demás a otras partes del mundo».

A falta de datos concretos sobre la repercusión que puede acarrear para su sector, desde la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme) señalan que sí son conocedores de que «los sectores más expuestos a los mercados internacionales, como la industria automovilística y la metalurgia, serán los más afectados por la medida, lo cual es un motivo más de preocupación para las empresas de nuestro sector por los efectos no deseados que esta nueva tasa podría acarrear sobre la competitividad de nuestra industria en el exterior».

La Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) afirman que «lo más probable es que el CBAM suponga una subida de los costes energéticos y de las compras de aprovisionamiento de las materias primas, en particular, las necesarias para fabricar el acero y los plásticos, componentes muy relevantes para los proveedores de automoción». «Calcular la potencial subida actualmente es muy difícil –continúan–, estaremos atentos».

Impacto en los hogares

La onda expansiva de la nueva tasa no solo se notará en la competitividad industrial europea, sino que llegará al bolsillo de los ciudadanos. En el caso de nuestro país, el informe de EsadeEcPol estima que su impacto, en promedio, ascenderá a los 100 euros por hogar y año, un 0,3% sobre el gasto total. Sin embargo, Natalia Collado aclara que los hogares de mayor renta soportarán más carga fiscal que los de menor poder adquisitivo. «El gasto extra en los hogares más acomodados es casi diez veces superior al de los hogares más pobres. En este sentido, la tasa es progresiva porque el gasto extra se concentra más en los hogares de renta elevada», subraya la economista. De hecho, en el decil más bajo (menos de 8.309 euros de gasto equivalente por hogar), el gasto extra se mueve en los 30 euros, mientras que en el más alto (más de 31.478 euros), el alza es de 268 euros.

En lo relativo a alimentos, de los 60 productos agrícolas y ganaderos contemplados en el estudio, 49 incrementarían su precio menos de un 1%, siendo la media para el total de la muestra del 0,4%. A la cabeza está la carne de vacuno, que experimentaría un repunte del 2,17%.

González-Gaggero, de EY Abogados, prevé que se encarecerán los productos en los que haya una mayor proporción de coste correspondiente a las materias primas sobre las que aplica el arancel. «El efecto sería a medio-largo plazo», vaticina. Por su parte, Amadeo Fuenmayor, director de la Cátedra de Tributación Autonómica de Universidad Valencia, defiende que a corto plazo habrá cierta repercusión en precios, pero en la cesta de la compra, en la inflación media, el impacto será mínimo por tratarse de sectores muy particulares.

Tecnologías limpias

Todos los expertos coinciden en que la meta final es que las empresas inviertan en tecnologías respetuosas con el planeta. «Se cree que con todas las medidas del paquete climático de la UE los precios de los derechos de emisión en unos años superen los 200-250 euros por tonelada, lo cual generará tal sobrecoste en la producción que obligará a las empresas a invertir para descarbonizarse», afirma González-Gaggero. En esta misma línea, Amadeo Fuenmayor lo interpreta como una manera de estimular a los productores a que busquen una alternativa más barata que no contamine, como ha ocurrido con las renovables. «Las empresas irán rediseñando sus fábricas para eludir el pago», remata. Y es que, como recuerda el consejero delegado de ClimateTrade, un objetivo del arancel es que se generen nuevas formas de producción más limpias, también en lugares que no sean del Viejo Continente: «La UE contribuye con un porcentaje pequeño a las emisiones mundiales en comparación con países como China, India y EE.UU. Fijando un arancel al carbono, que cada vez afectará a más sectores, les obliga a descarbonizarse a la carrera».

En el mejor de los escenarios, añade Feás, del Real Instituto ElCano, el resultado sería que los productores comprueben que si quieren acceder al mercado europeo (en 2021 la UE representó 4.300.000 millones de euros del comercio mundial), la única vía de ser competitivo es producir de manera verde, «incentivando indirectamente a que las producciones de países en desarrollo sean menos intensivas en carbono».

La Unión Europea se ha propuesto tomar la delantera en la carrera de fondo de la descarbonización, con medidas como el CBAM. Habrá que aguardar a su plena implantación para comprobar su eficacia.