Unanimidad de las entidades económicas catalanas por un nuevo sistema de financiación

Más de diez años después de aquello, y tras una década política que también implicó una profunda división entre las organizaciones civiles y económicas y empresariales, un total de veinte instituciones de la sociedad civil y empresarial catalana –las 13 Cámaras de Comercio de Cataluña, Fomento, Pimec, FemCAT, el Colegio de Economistas de Cataluña, el RACC, Barcelona Global y el Círculo de Economía– han firmado una inédita declaración conjunta en la que reclaman «medidas ambiciosas para mejorar sustancialmente el sistema de financiación territorial».

Las entidades, apuntan que tal reforma debe conducir bien a un modelo federal, bien a un pacto fiscal. «Las organizaciones firmantes consideran que el actual sistema no es ni transparente, ni equitativo ni eficiente y representa un obstáculo importante para el progreso económico y el bienestar social de muchas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña» sostienen.

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Tanto el sistema federal como el pacto fiscal, «acompañados de un mecanismo de solidaridad», serían beneficiosos para Cataluña y por el conjunto de las Comunidades Autónomas, apuntan las entidades.

Si se optase por el modelo federal, se redefiniría «la capacidad normativa, de gestión, de recaudación e inspección de todas las CCAA», y permitiría al Estado ya las regiones «compartir las mismas bases imponibles». «Es un modelo similar al de EE.UU., que llevaría a las comunidades a »disponer de forma directa y dentro del mismo ejercicio fiscal los ingresos que le corresponden. De esta forma se mejoraría la robustez del sistema, se promovería una asignación eficiente de los recursos y una gestión más responsable por parte de todas las CCAA. «La implantación de este modelo sólo requeriría una reforma de la Lofca», añaden.

La otra fórmula apuntada, el pacto fiscal, «también permitiría avanzar hacia un modelo más transparente y también aseguraría la suficiencia financiera de Cataluña (...) La Generalitat administraría y recaudaría todos los tributos generados en el territorio, y asumiría un poder normativo sobre estos similar al que asumen las comunidades forales».

Tanto un sistema como otro, apuntan, debe «respetar el principio de ordinalidad». Es decir, «debe garantizar que las comunidades que más aportan no pierden posiciones en el ranking una vez han operado los mecanismos de solidaridad, y debe asignar los recursos teniendo en cuenta las diferencias del coste de vida entre territorios«.

«Un sistema que no respetara este principio tendría un importante efecto negativo en la cohesión y el bienestar social, y limitaría gravemente el desarrollo económico equilibrado en todos los territorios», añaden.

El posicionamiento del tejido económico catalán se produce en un contexto en el que la Generalitat -ahora gobernada por ERC en solitario con el apoyo del PSC-, pretende situar la carpeta de la financiación como prioridad en esta legislatura. En pocas semanas se espera que haga su propia propuesta de financiación.