La UE quiere que Google, Amazon y Netflix financien la ampliación de redes

Estos operadores han presionado durante mucho tiempo para convencer a las autoridades comunitarias de que exijan una contribución financiera a las grandes como Google de Alphabet, Facebook y Netflix que son las que acaparan la mayor parte del tráfico de internet en Europa pero son todas norteamericanas.

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Miriam Villamediana

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La Comisión tiene previsto presentar después de la consulta un reglamento sobre medidas para reducir el coste del despliegue de redes que se llamará Ley de Infraestructura Gigabit y que es una revisión de la directiva de reducción de costes de banda ancha (BCRD) que se adoptó en 2014 para reducir los costes y los trámites burocráticos del despliegue de infraestructura digital de alta velocidad. Sin embargo, esa legislación no funcionó en casi ningún país, por lo que ahora Breton quiere lograr una regulación que no necesitará ser transpuesta a las legislaciones nacionales, sino que tendrá efecto directo.

Según algunas filtraciones parciales, la propuesta «tiene como objetivo facilitar y estimular el despliegue de redes de muy alta capacidad al promover el uso conjunto de la infraestructura física existente y al permitir un despliegue más eficiente de la nueva infraestructura física para que dichas redes puedan desplegarse a un costo menor y más rápido».

Por ahora, los dos sectores interesados tienen posiciones claras. ETNO, el grupo de presión de Europa para los operadores de telecomunicaciones, considera que más de la mitad del tráfico de la red global es atribuible a seis empresas: Google, Facebook, Netflix, Apple, Amazon y Microsoft. La Comisión pregunta en esta consulta si debe instituirse lo que Breton ha llamado el 'fear share' o el 'reparto justo' de los costes. Pero estas empresas han argumentado que la introducción de una nueva contribución financiera pone en peligro la «neutralidad de la red», o el principio de que los proveedores de servicios de internet deben permitir el acceso a todo el contenido y las aplicaciones, independientemente de la empresa que lo gestiona.

Mientras se ejecuta la consulta pública, en la Comisión quieren ser también muy cuidadosos con el tema para evitar que la simplificación del debate se convierta en un nuevo capítulo de disputa comercial entre Europa y Estados Unidos, ahora que las cosas están relativamente enrarecidas por las diferencias sobre la ley contra la inflación que ha aprobado la Administración Biden y que se considera que penaliza gravemente a los constructores europeos de coches eléctricos.