El termalismo del Imserso, en jaque por la inacción de la ministra Ione Belarra

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José Luis Fernández

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La preocupación es máxima. Las empresas temen tener que afrontar la próxima temporada con el mismo beneficio económico nulo que en años anteriores. Y ninguna de ellas puede abandonar el programa al tratarse de contratos directos que los balnearios firman con el Imserso.

Si lo hacen, se exponen a sanciones administrativas que les impedirían poder participar en el programa durante los años siguientes, además de acceder a cualquier contrato con la Administración. Pero incluso con ese castigo de por medio, algunos establecimientos decidieron dejar de trabajar con el programa el año pasado.

Los contratos con los que actualmente dan servicio a 200.000 pensionistas anuales se explotan con los precios que balnearios e Imserso firmaron en 2021, cuando la economía se encontraba en la antesala de la escalada de precios. Desde ese año, la tarifa que asumen los beneficiarios del programa solo ha aumentado un 0,9% anual, que es el máximo que acordaron ambas partes y que ligaron a la evolución del IPC.

Pero para el sector resulta ya inasumible trabajar en 2024 con estas tarifas (calculadas en 2020) y piden una actualización acorde a los tiempos para poder optar a un mínimo rendimiento económico y que la calidad de su oferta no se vea resquebrajada.

Lo denuncia la patronal de los balnearios, Anbal. Su presidente, Miguel Mirones, relata a este periódico la incertidumbre que vive el sector tras meses insistiendo a Derechos Sociales sobre la necesidad de una actualización de las condiciones económicas. Asegura que desde el Imserso siguen sin aclararles nada. «En la última conversación nos dijeron que estaban esperando la entrega de un estudio encargado sobre el programa de termalismo social y que no tenían fecha concreta de entrega», señala Mirones, que trasladó al departamento de Belarra la necesidad de tomar una decisión en el mes de junio o los primeros días de julio como máximo, ante el temor a que no quede margen administrativo para tramitar los nuevos contratos y se prorroguen los actuales. El sector espera obtener una respuesta tras la reunión prevista en el seno del Imserso la próxima semana.

Fuentes de Derechos Sociales señalan a ABC que la resolución de los contratos antes del plazo previsto «no es una decisión que se pueda tomar a la ligera. En todo caso, si se propusieran nuevos contratos se debe contar con una justificación suficiente y con la debida planificación presupuestaria».

Desde Anbal tampoco entienden el hecho de que se hayan actualizado los precios con una nueva licitación en el programa de turismo social y, sin embargo, no se haya tomado la misma decisión con ellos. «Cuando se ha adoptado una decisión de incremento de costes en un programa también se ha hecho en el otro», subraya Mirones.

El perjuicio económico podría ser notorio. Según los cálculos de Anbal, los más de 90 balnearios que dan servicio a los beneficiarios del programa de termalismo generan 7.000 puestos de trabajo directos y 12.000 indirecto. Lo hacen en localidades de la España despoblada, muy necesitadas de empleo. Son cien municipios los que dependen de estos establecimientos y que desarrollan su actividad económica alrededor de ellos.