Sumar quiere que los vuelos internacionales también paguen IVA para encarecer los precios de los billetes

Son algunas de las 750 enmiendas que los distintos grupos políticos han presentado durante la tramitación de la ley de movilidad sostenible en el Congreso de los Diputados. Las de Sumar se presentan clave para sacar adelante la norma, ante la falta de apoyo del PP, que ya trató de enmendar la totalidad de la norma en septiembre. La formación de Yolanda Díaz aboga por medidas ecologistas y vuelve a poner a las aerolíneas en el foco, en plena persecución de Consumo a las compañías de bajo coste por el cobro de la maleta de mano, y tras intentar vetar los vuelos cortos, ahora pide «armonizar», en base «al interés general y la justicia social y ambiental», el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al sector de la aviación y de los cruceros «al resto de medios de transporte público», según figura en una de las enmiendas presentadas al proyecto de ley. Una propuesta que conllevaría un importante aumento del precio de los billetes de llegar a aplicarse.

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En la práctica, la medida supondría que los viajeros abonasen un 10% de IVA (el mismo que el transporte público) por los vuelos al extranjero y Canarias que hasta ahora están exentos de este tributo (así como los vuelos con escala nacional cuando el destino final es fuera de España), y que suponen la amplia mayoría de las operaciones comerciales que se hacen en nuestro país. Esa tributación sí la tienen que cumplir, en cambio, con los vuelos domésticos, por los que el consumidor paga por billete el mismo 10% que en el resto de opciones de transporte público como puede ser el tren o el autobús.

La propuesta de Sumar es una fórmula difícil de digerir para las aerolíneas y no queda muy claro si podría ejecutarse cuando el origen es España. También podría caber la opción, en caso de que prospere la enmienda, de que se pague el IVA correspondiente al tiempo de vuelo que se hace en territorio nacional. Es algo parecido a lo que ocurre con los vuelos entre la península y Baleares, en los que parte del recorrido puede transcurrir sobre aguas internacionales y estas permanecen exentas de IVA, por lo que finalmente se acaba pagando un porcentaje ligeramente menor al 10%.

Con todo, no es el único ataque que reserva el partido de Yolanda Díaz al transporte de pasajeros por mar y aire. La formación más a la izquierda del Gobierno propone la «elaboración de un plan de viabilidad y redimensionamiento del sobredimensionado e insostenible sistema aeroportuario y portuario del estado español». Lo que en la práctica podría llevar a poner trabas a la ampliación de infraestructuras clave como los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat. Sumar, de hecho, ya se mostró públicamente contrario a las obras que ya se están ejecutando en Barajas a las que calificó como «despropósito económico y ecológico» y que reprochó al PSOE por no estar contempladas en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.

Asimismo, Sumar también discrepa con el PSOE respecto al nuevo mapa concesional de las rutas de autobús del Estado, elaborado por el Ministerio de Transportes. El departamento de Óscar Puente, a través de la ley de Movilidad Sostenible, quiere reducir de 77 a 22 el número de corredores y que las regiones se hagan cargo de los trayectos intraautonómicos que hasta ahora formaban parte de los trayectos dependientes del Estado. Una posición que también han denunciado varias comunidades del PP ante el riesgo de que algunas poblaciones acaben quedando incomunicadas. Asimismo, para el autobús, Sumar pide que se adapte el reglamento europeo de cabotaje para permitr a los operadores del autobús subir y bajar pasajeros en España cuando efectúen rutas internacionales -aunque sin exceder en territorio español el 49% del total de pasajeros transportados-, una reclamación que lleva años realizando patronales del sector como Anetra y grandes operadores como Flixbus.

Sobre la obligación a las empresas de ofrecer planes de movilidad sostenible cuando tengan más de 500 empleados plasmada en el proyecto de ley, Sumar pide rebajar el número de empleados necesario a más de 100.