El Gobierno obligará a las empresas a facilitar transporte 'verde' a sus trabajadores

La normativa vuelve ahora casi igual que fue redactada y con varios objetivos claros: convertir la movilidad en un derecho ciudadano, reducir la contaminación, favorecer el transporte colectivo en todos los trayectos posibles (especialmente para ir a trabajar o llevar los niños al colegio) y organizar los movimientos de personas y mercancías con la ayuda de herramientas digitales.

La ley llega, además, con perspectiva de género y sin dar una respuesta clara al pago por el uso de carreteras, una polémica que empezó Pere Navarro, el director de la DGT, al anunciar que «por imposición de Bruselas se tendrían que poner peajes». Así es la próxima ley que viene:

Queda fuera de la ley. Es un debate abierto desde hace años en España y Europa incorporando el principio «quien contamina paga» o «quien usa paga». Se persigue desde hace años un sistema de fácil de recaudación para que contribuyan los ciudadanos que más uso hagan de ellas o más impacto ambiental generen. Pero la futura Ley de Movilidad Sostenible, como señala la memoria de impacto normativo a la que ha accedido este periódico, solo prevé la realización de un estudio de alternativas para establecer un mecanismo de financiación. No se dispone la adopción ni entrada en vigor de un modelo determinado.

La ley impone la obligación de que los grandes centros de actividad (hospitales, centros comerciales, pabellones deportivos u otros con concentración de personas) y empresas con más de 500 trabajadores o 250 por turno, cuenten con planes de movilidad o de transporte sostenible. Esto obligará a las empresas que piensen en el traslado diario de sus empleados. La norma señala que los planes de movilidad deben contemplar, por ejemplo, el transporte colectivo, la movilidad de cero emisiones, soluciones de movilidad tanto compartida como colaborativa o el teletrabajo en los casos en los que sea posible.

Esta medida ya está implantada en otros países de la Unión Europea. En Francia y Bruselas, por ejemplo, son obligatorios para las empresas de más de cien trabajadores en desplazamientos urbanos cuyo incumplimiento supone la pérdida de incentivos y ayudas.

Se busca un modelo de bajas emisiones basado en la recuperación del espacio público. Se deja en manos de cada ayuntamiento poner en marcha un modelo de zona de bajas emisiones que no se centre en exclusiva en la clasificación ambiental de los vehículos como se hace ahora. También se da libertad a cada Gobierno local a implementar peajes.

Es otro de los puntos clave de la reforma. Se utilizará el Espacio Integrado de Datos de Movilidad, para que las empresas de transporte, gestión de infraestructuras y administraciones puedan volcar sus datos. El Gobierno confía en nuevas herramientas como el uso de nuevas tecnologías como el Big Data para tomar decisiones más eficientes en el transporte. Además, se creará un espacio 'sandbox', un entorno de pruebas de movilidad para poner en marcha medidas a corto plazo y protocolos.

También se pone el foco en el viajero para dotarle de las mejores 'app' para que pueda planificar rutas desde su teléfono y facilitar su movilidad. Aunque preocupa si la información que se obtenga de quién viaja debe ser objeto de mercantilización. Entre las alegaciones presentadas se plantea que quizá se deba «incentivar por parte de los operadores públicos a las empresas privadas la captura, ingesta, gobierno y transformación de esos datos en información útil».

La norma señala que los municipios de más de 20.000 habitantes y menos de 50.000 habitantes y aquellos que las comunidades determinen, deberán dotarse de un plan de movilidad sostenible simplificado, que deberá ser revisado cada seis años. Las disposiciones de desarrollo de esta ley preverán mecanismos de financiación de los planes de movilidad sostenible de entidades territoriales, los planes de movilidad sostenible para grandes centros de actividad o los planes de movilidad sostenible al trabajo.

La ley introduce nuevas obligaciones en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que tendrán que asumir nuevas tareas con la entrada en vigor de la ley. «Para hacer frente a todas las nuevas tareas, la reorganización de la estructura del departamento con la creación de una nueva dirección general y el refuerzo de los centros directivos existentes en los términos anteriormente expuestos, se estima la necesidad de crear 52 nuevos puestos en el departamento, con perfiles diversos». Estos 52 nuevos puestos para funcionarios que requiere la nueva ley de movilidad sostenible tendrá un importe total de 1.027.634,40 euros.

La ley implica la creación de varios organismos: el Foro Administrativo de Movilidad Sostenible; el Consejo Superior de Movilidad Sostenible; Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM); Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible (DOMOS).

El Sistema Nacional de Movilidad Sostenible será, dice la norma un «instrumento esencial para permitir la coordinación, la colaboración, la evaluación y la eficacia de las políticas públicas de movilidad de las diferentes administraciones públicas, propiciando su sostenibilidad económica, social y medioambiental».

El Foro Administrativo de Movilidad Sostenible «tiene como finalidad una cooperación eficaz y coherente de la Administración General del Estado, de las comunidades y ciudades autónomas, y de las administraciones locales en materia de transporte y movilidad».

El Consejo Superior de Movilidad Sostenible «es el máximo órgano consultivo en materia de movilidad y transportes en sus diferentes aspectos, que pretende servir de cauce institucional de participación y cooperación entre los sectores económicos, las organizaciones sociales, las personas usuarias y las administraciones públicas».

El Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM) se crea «como instrumento digital del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible bajo la dirección del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en coordinación con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Con él se trata de garantizar la disponibilidad para todas las administraciones y en las condiciones que se establezca reglamentariamente, para toda la ciudadanía, mediante datos abiertos, de la información relativa a la movilidad, generada a partir de los datos proporcionados por las administraciones públicas, los operadores de transporte y los gestores de infraestructura, entre otros. Dichos datos deberán seguir las especificaciones técnicas indicadas desde la Oficina del Dato, integrada dentro de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial».

El Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible (DOMOS) «establecerá el marco esencial de orientaciones sobre movilidad sostenible o condiciones orientativas de una planificación y gestión sostenible del transporte y la movilidad, que haga posible la colaboración, cooperación y coordinación en la actuación de las administraciones públicas y los servicios implicados, así como el nivel de adaptación de las infraestructuras a los requerimientos de movilidad».