La SEPI se la juega a Sidenor y pide un puesto en el consejo de Talgo

La petición de última hora ha dejado «muy contrariado» a José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, y se ha convertido en una de las razones por las que se está ralentizando la negociación, afirman las mismas fuentes.

Ahora bien, en el mercado y entre los expertos consultados la 'exigencia' no ha causado extrañeza. El 'leitmotiv' de la demanda desde el ente público dependiente de Hacienda está en línea con la operativa del Gobierno de Pedro Sánchez desde su llegada al poder, que se ha intensificada durante esta segunda legislatura.

De hecho, tal y como adelantó el pasado lunes este periódico, desde principios de año, compañías de diferentes sectores, del Ibex y de fuera del mercado, han recibido la llamada desde la oficina económica del Ejecutivo, liderada por Manuel de la Rocha, para ofrecerles «su ayuda o apoyo como socio inversor», tras preguntarles «discretamente por su situación financiera y proyección de futuro».

El Gobierno fundamenta sus potenciales incursiones en empresas privadas por el carácter estratégico de las mismas, algo que argumentó para intervenir en la operación de venta de Talgo, en la que logró bloquear su posible adquisición por parte de un comprador extranjero, el grupo húngaro Magyar Vagon -que quería hacer con el el 100% del fabricante de trenes- alegando razones de seguridad nacional.

Una operativa en línea con lo ocurrido con Telefónica, donde el Estado alcanzó el 10% del capital -para contrarrestar la entrada de STC y «salvaguardar las capacidades estratégicas» de la teleoperadora, tras confirmarse que la saudí aumentaba su participación hasta cerca del 10%.- que le proporcionó, de momento, un sillón en su consejo, en la figura del actual vicepresidente de la operadora, Carlos Ocaña, amigo personal del presidente Sánchez coautor del libro sobre su tesis doctoral.

«No es de extrañar que, tras aprobar la entrada de la SEPI en Talgo -con una inyección de 75 millones de dinero público, 45 millones en forma de capital mediante una ampliación y otros 30 mediante un bono convertible-, el Gobierno haya decidido que es buen momento para hacer efectiva esa ayuda como ha hecho con otras empresas. Talgo no tiene por qué ser una excepción», aseguran desde uno de los bancos asesores contratados por los socios vascos.

A esta operación se sumará un tercer tramo de financiación, por otros 75 millones, aportado por el consorcio de inversores vascos que entrarán en el capital de la compañía con la toma del 29,8% de las acciones vendidas por el fondo Trilantic, a través de su vehículo Pegaso Transportation International, actual primer accionista de la compañía. Todo esto facilitaría, según lo acordado, la reestructuración financiera de la compañía.

Mientras, los miembros del consorcio vasco apuntan que ellos estaban en disposición de cumplir con lo pactado con la SEPI. No en vano, la inversión pública se encuentra condicionada al cumplimiento previo o simultáneo de varios hitos clave. El primero de ellos era, y es, la adquisición, por parte del consorcio de perfil industrial formado por Clerbil (sociedad del empresario vasco Jainaga), Finkatuz (instrumento del Gobierno Vasco), y las fundaciones bancarias BBK y Vital de una participación significativa de Talgo que no llegue al 30% para evitar tener que lanzar una opa.. Una vez ejecutada la compra y completada la ampliación de capital, estos socios controlarían de forma conjunta ese 29,78% del accionariado.

La segunda condición era, y es, la suscripción, por parte de este mismo grupo inversor , de un segundo tramo de financiación en forma de obligaciones convertibles, por un importe de 75 millones de euros. Esta aportación se efectuaría en las mismas condiciones que las suscritas por SEPI. El consorcio financiador está encabezado por Ekarpen Private Equity (con el 66,7% del total), y completado por BBK (13,3%), Clerbil (13,3%) y Vital (6,7%).

La parte de Ekarpen se dividirá en proporción a sus socios: 22,22 millones procederán de Kutxabank; 17,4 millones del Gobierno Vasco; 3,71 del grupo cooperativo Mondragón; 3,50 de la Diputación Foral de Vizcaya; 2,2 de la de Guipúzcoa; y un millón de la de Álava; a lo que se suman otros 10 millones por parte de Clerbil, otros 10 por BBK y 5 millones correspondientes a Vital.

El tercer requisito era, y es, la aprobación, por parte de las entidades bancarias que trabajan con Talgo, de una reestructuración integral de su deuda. El nuevo esquema financiero prevé la refinanciación de 650 millones de euros con vencimiento a seis años, así como una línea adicional de circulante por 120 millones con vencimiento a tres años y posibilidad de prórroga automática por otros dos. Además, se establecerá una nueva línea de avales por valor de 500 millones, que dará soporte a la cartera de contratos internacionales y pedidos en curso.

Una vez desarrollada la operación, Talgo contaría en principio ya con un núcleo accionarial formado por los nuevos inversores institucionales que controlarían en conjunto el 35,2% del capital social. De ser así, estará repartido entre Clerbil (sociedad de Jainaga), Finkatuz (vehículo inversor del Gobierno Vasco) y BBK, que inicialmente tomarán un 8,06% del capital al aportar unos 45 millones. Vital participará con otros 20 millones, un 3,58% de las acciones.

Una vez llevada a cabo la ampliación de capital, el Estado quedaría con ese 7,87%, que reduciría a su vez el capital del consorcio vasco al 27,43% por la dilución resultante de la emisión de nuevas acciones, situándose todos ellos por debajo del 8%.

Recordar que, actualmente, forman parte del consejo Carlos de Palacio y Oriol –presidente y heredero de los fundadores de Talgo– Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz –consejero delegado y presidente ejecutivo de Abengoa entre 2017 y 2021–, Marisa Poncela –exsecretaria de Estado de Comercio entre 2016 y 2018 y directora internacional de Renfe hasta 2020– Antonio Oporto –secretario general del Círculo de Empresarios– y María José Zueco Peña y Mario Álvarez.