La SEPI condiciona entrar en Talgo a tener una participación significativa

Así, según ha podido saber ABC, la clave está en la entrada en el capital del Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), siempre y cuando tuviese una posición significativa, que le permita tener mano en la gestión -por tanto, con un asiento, al menos, en el consejo- y dejando fuera, en la ecuación que baraja ahora el Gobierno, a la propia Sidenor.

La apuesta por la SEPI como nuevo socio capitalista viene del propio ministro de Transportes, Óscar Puente, que si bien se salió en un primer momento con la suya dando vía libre a la oferta conjunta de Sidenor, las fundaciones bancarias vascas de BBK y Caja Vital y el fondo público Finkatuz -controlado actualmente por el PNV-, hoy no termina de cuajar ante los problemas planteados por la empresa siderúrgica de José Antonio Jainaga.

La propuesta del consorcio vasco -no vinculante, y que acababa en un principio a mediados de mayo, pero se amplió el plazo- valora el 29,7% de Talgo en 153 millones de euros, a 4,15 euros por acción como término fijo, a la que podrían sumarse 0,85 euros como variable, en función del cumplimiento del plan de negocio en 2027 y 2028, para acabar abonando 183 millones.

Y si bien no se ha deslizado la cifra que aportaría cada socio, de esa cantidad total el fabricante siderúrgico, la caja vasca y el fondo público aportarían alrededor de 45 millones de euros cada uno, mientras que Caja Vital desembolsaría unos 20 millones.

El problema de la siderúrgica vasca reside en la imposibilidad añadida al precio que tiene que pagar por su participación de hacer frente a las deudas de Talgo. En las últimas semanas se ha deslizado en prensa la posibilidad de que el organismo público actúe concediendo un préstamo participativo de 150 millones que sirva para equilibrar el balance de la compañía como contrapeso a la multa de 116 millones de euros que Renfe ha impuesto a Talgo por los retrasos en la entrega de los trenes Avril, como publicó 'El Economista'. El crédito, con carácter subordinado, permitiría trasladar parte de la deuda a largo plazo y fortalecer el patrimonio neto de la compañía, que tras cerrar 2024 con unas pérdidas de 107,9 millones y una deuda financiera neta de 403,8 millones, presentaba un desequilibrio crítico.

Y es que la banca acreedora se ha negado a refinanciar los 400 millones de deuda de Talgo, una de las condiciones necesarias para cerrar el acuerdo, hasta no tener garantías respecto al pago de la multa a Renfe, que ofrece no ejecutar esta sanción hasta 2031 y fraccionarla hasta en siete años, en línea con lo propuesto por la Abogacía del Estado

No obstante, según constaba en las cuentas de 2024 de Talgo, la empresa deberá devolver 54 millones de euros este año a las 23 entidades financieras que conforman su 'pool' bancario y el año que viene casi 118. Mientras que entre 2027 y 2030 tiene pendientes otros 202 millones de euros. Es decir, que en el próximo lustro Talgo deberá reintegrar 374 millones de euros y esta es una cifra que podría engordar muy pronto por la cartera récord de pedidos que tiene el fabricante de trenes, que la obliga a pedir más crédito a los bancos para poder avanzar con los trabajos.

El último gran contrato logrado ha sido el del operador aleman Flix, que ha encargado al fabricante español 30 trenes por 1.060 millones de euros, que posteriormente se podrían convertirse en 65 por un precio total de 2.400 millones de euros.

Ahora bien, las fuentes consultadas aseguran a este periódico que en la SEPI trabajan desde hace semanas -el pacto entre los compradores y vendedores data de febrero de este año- con el escenario de aportar directamente la parte de Sidenor o, como segunda opción, rebajar la participación de cada socio inversor y poner una mayor cantidad pública que le permita tener más participación que el resto con el objetivo de seguir comprando posteriormente paquetes de acciones a los minoritarios.

Ademas, las fuentes apuntan que la banca acreedora estaría de acuerdo en que el organismo público fuera la solución y participase en la gestión del fabricante de trenes. De hecho, aseguran, con el Estado -respaldado por el Gobierno de Sánchez- como accionista de Talgo, las garantías de una eventual refinanciación futura del pasivo son mucho mayores.

Las mismas fuentes, sin embargo, explican que dentro del consorcio no están todos de acuerdo en que la SEPI entre como socio inversor, que no quieren que el Gobierno tenga poder de decisión en la gestión futura del fabricante de trenes, porque consideran a Talgo una compañía estratégica de la industria vasca. Por ello, estarían más de acuerdo en que el ICO -Instituto de Crédito Oficial- junto a la SEPI les concediese un préstamo y, en los próximos meses, volver a tantear potenciales compradores como socio industrial, como fueron en su momento las propuestas de la polaca Pesa y la india Jupiter Wagons, que ya estuvieron en la terna por lanzar una opa por la compañía hasta que el Gobierno español les invitó a echarse a un lado en la carrera. En el olvido queda ya, la primera oferta por parte de los húngaros Magyar Vagon, y la de la checa Skoda.

No obstante, los socios actuales no cuentan a priori ninguno con suelo industrial para aumentar la capacidad de producción de Talgo ni tampoco con experencia en el sector. Y esto es un factor que potenciaría la aceptación de una oferta extranjera como la polaca o la india.