Moncloa tantea a grandes empresas españolas para entrar en su capital al 'estilo Telefónica'

Así, según ha podido saber ABC en fuentes de las propias empresas que han sido 'tanteadas', desde principios de año, compañías de diferentes sectores, del Ibex y de fuera del mercado, han recibido la llamada del Gobierno, en concreto desde su oficina económica, liderada por Manuel de la Rocha, para ofrecerles «su ayuda o apoyo como socio inversor», tras preguntarles «discretamente por su situación financiera y proyección de futuro».

Fuentes de consultoras conocedoras de los contactos entre Gobierno y directivos de dichas empresas explican a este periódico que la operativa se haría de la misma forma en que se hizo con Telefónica, siempre y cuando se tratase de una incursión que se pudiera justificar de alguna manera y que adicionalmente necesitara del apoyo estatal para mantener el rumbo de la compañía.

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El desembarco del Estado se haría a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tal y como ocurrió con la operadora, entonces presidida por José María Álvarez-Pallete, en la que el organismo público fue comprando de forma paulatina hasta llegar, en poco más de un mes, a la participación que mantiene en la actualidad, el 10%; o, como anteriormente hizo con Indra, donde mantiene un porcentaje mayor, del 28%.

Además, las fuentes añaden que el Gobierno ha contactado con una de las consultoras/auditoras de las conocidas como las 'Big four' -Deloitte, PwC, EY y KPMG- que le habría preparado información respecto a varias compañías, tras hacer un barrido por todos los sectores. Las últimas empresas analizadas, del sector asegurador, de la energía y del automóvil.

El presidente del Gobierno está convencido de que estar en las 'tripas' de las grandes empresas, con directivos al frente de total confianza y afines y con una participación relevante –como es el caso de Telefónica– le permitiría acompasar sus hojas de ruta con los intereses industriales del Ejecutivo que no del país.

En la actualidad, a través de la SEPI, el mayor holding industrial español, el Estado –en definitiva, el Ejecutivo, ya que después coloca a sus 'peones' en puestos clave de las compañías en las que desembarca– tiene participaciones mayoritarias, entre otras, en Correos, Navantia, Tragsa, Mercasa, Hunosa y Enusa, y participa de forma minoritaria en Indra, Enagás, Airbus, Hispasat, IAG, Ebro Foods o Redeia.

El plan pues, pasa por utilizar la SEPI como punta de lanza de entrada del Estado en empresas estratégicas, cotizadas o no cotizadas, en las que puedan justificar tal acción, tal y como hicieron con Telefónica o, más recientemente, con Talgo –una operación anunciada y aprobada por el Consejo de Ministros, pero no ejecutada aún, y que tiene como objetivo que el Estado ostente un 7,8% del capital–, y que pudieran estar expuestas a la entrada de fondos extranjeros que condicionen o pongan en riesgo su 'españolidad'. En este sentido, todas las empresas del selectivo español estarían en el punto de mira, dicen las fuentes consultadas.

Los informes de consultoría recibidos en La Moncloa apuntarían directamente a compañías que cumplan ciertos requisitos como un precio de valor en Bolsa bajo –para las incluidas en el Ibex 35–, y con un potencial estratégico para el país concreto, como son las empresas del sector de la Defensa –hoy Indra, sobre todo–, tanto como potenciales receptoras de fondos europeos y de contratos desde el Ministerio correspondiente.

Indra, de hecho, fue antes que Telefónica un buen ejemplo de esta estrategia, dada la apuesta del Ejecutivo de Sánchez en su primera legislatura por la defensa y la ciberseguridad. Para evitar críticas desde el interior de la propia empresa y desvíos en la hoja de ruta marcada por el Gobierno, en 2021 se relevó al presidente de entonces, Fernando Abril-Martorell, para colocar a un directivo afín, Marc Murtra, hoy presidente de Telefónica. Apenas un año después, subió la participación del Estado a través de la SEPI hasta el 29%, además de realizar una limpieza en el consejo de administración apartando a los rebeldes.

La fuentes consultadas advierten de que tras Telefónica, Moncloa ha redoblado esfuerzos e interés en seguir de compras poniendo en el punto de mira no solo a todos los gigantes del Ibex, con un capital muy fragmentado en Bolsa, sino también a otras grandes no cotizadas.

Las cifras que avalan el intervencionismo creciente del Gobierno de Sánchez en las grandes empresas españolas, en este caso cotizadas, las ha puesto sobre la mesa precisamente el gestor de los mercados en España, BME. Tal y como publicó este periódico la semana pasada, el peso del Estado en la Bolsa española ha marcado máximos de los últimos 27 años. Esta es una de las principales conclusiones del Informe de Propiedad de las Acciones publicado por BME, con datos a cierre de 2024. De hecho, hay operaciones que todavía no contabilizan en la estadística del operador del mercado español como la entrada en Talgo.

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Así, según dicho informe, la participación del sector público en la Bolsa española alcanzó en 2024 el 4,1%, ocho décimas más que el año anterior, con un montante de inversión de 32.579 millones de euros: «A través de entidades como la SEPI, Enaire y el FROB, el Estado mantiene posiciones estratégicas en compañías clave como Aena, Caixabank, Indra, Telefónica, Enagás y Redeia», recuerda BME.

Se trata del porcentaje de participación más alto que se registra desde el proceso de privatizaciones de empresas públicas de mediados de los noventa, que afectó a compañías como Telefónica, en la que el Gobierno ha recorrido ahora en parte el camino inverso. «Si en 1992 esta participación llegó a ser del 16,6%, a finales de 1998 bajó hasta el 0,6% como consecuencia de la colocación a través del mercado bursátil de participaciones accionariales en grandes empresas que pasaron a manos de multitud de accionistas tanto individuales como institucionales, nacionales y extranjeros», indica el gestor de la Bolsa en su informe.

Las fuentes consultadas deslizan que la razón que está detrás de esta obsesiva «invasión» de lo privado, va de la necesidad de crear grandes más grandes en Europa para después entregar nuestras empresas bandera a futuros compradores europeos a cambio de posiciones en mesas de negociación continentales para que el Gobierno dé apariencia de poderío. «¿Alguien ve las compañías españolas de teleco, energía o defensa comiéndose a sus rivales alemanes, franceses o italianos? Justo al revés, me temo», dice uno de los expertos.

Los expertos consultados apuntan que si bien en el seno de las compañías que están en el radar del Ejecutivo se descuenta que nuevas inmersiones del Estado se antojan complicadas por la falta de Presupuestos Generales del Estado –prorrogados ya en dos ocasiones y que podrían hacerlo en una tercera–, la SEPI puede recibir capital desde otras partidas presupuestarias para seguir invirtiendo así como captar fondos en los mercados nacionales o extranjeros, mediante la emisión y colocación de valores de renta fija, que podrán gozar frente a terceros de la garantía del Estado.

En la actualidad, el ámbito de actuación el Grupo SEPI abarca 14 empresas participadas de forma directa y mayoritaria, con una plantilla de más de 85.000 personas; también es accionista de la Corporación RTVE, tiene una fundación pública tutelada y participaciones directas minoritarias en 10 empresas e indirectas en más de 100 sociedades.