La Sareb encarga previsiones inmobiliarias para 10 años aunque desaparecerá en 2027

Actualmente, el accionista mayoritario es el Estado a través del FROB, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez decidiera comprar una parte de las acciones a los bancos para poder controlar más del 50% del capital social y tomar, así, las decisiones.

«El objeto del contrato es la realización de las predicciones de los distintos indicadores del mercado inmobiliario», rezan los pliegos de la licitación. Realizar estimaciones de ciertos parámetros del sector «para, de esta forma, incorporarlas en las proyecciones financieras».

El contrato se divide en dos fases de actuación. En la primera fase, «las variables de las que es necesario obtener una predicción utilizando un modelo econométrico, con una frecuencia anual y un horizonte temporal de cinco años (2023-2027) son: precios de venta en euros/m2 diferenciando el mercado residencial, de suelo urbano y locales comerciales». Asimismo, los pliegos indican que cada una de las series que se requieren a la empresa que salga adjudicataria del contrato tendrán que incluir, además de la media nacional, el detalle por todas las provincias españolas. «Es necesario incluir al menos 3 escenarios completos con el resultado de las predicciones para todas las series, indicando las hipótesis que se han considerado diferentes para cada uno de ellos», añade.

En una segunda fase se recoge la «ampliación de las predicciones indicadas de la fase I para un horizonte temporal de diez años (2023-2032)». El problema es que la Sareb está destinada a desaparecer en 2027, con lo que se están encargando y pagando previsiones para más allá de la 'vida útil' de la compañía.

Consultada por este periódico, fuentes de la Sareb indican que esta situación de encargar datos para más allá del tiempo en que estará operativa Sareb tiene varias razones. Por una parte señalan que aunque la entidad desaparezca, no lo harán todos sus activos ya que no todos estarán vendidos para esa fecha; por ejemplo, las viviendas que están en el mercado sí que se espera que estén vendidas, pero no el suelo que hay en las entrañas del llamado 'banco malo'.

La Sareb, que el Gobierno la está utilizando para sus prioridades de vivienda pública, tiene en marcha el Proyecto Viena, que consiste en ceder suelo durante décadas a empresas privadas para construir 10.000 viviendas y explotarlas en alquiler social. Asimismo hay otros suelos en cartera que podrían no estar vendidos para 2027. En este sentido, la Sareb desaparecería y sería el Estado el que se hiciera cargo de los activos que queden. Para el citado Proyecto Viena ya se han iniciado contactos con potenciales inversores en vivienda para comprobar quién o quiénes podrían estar interesados en entrar en ello; en todo caso, todo se haría mediante licitación pública próximamente.

Más allá de ello, en la compañía indican que «tiene sentido» encargar este tipo de proyecciones porque nunca se sabe lo que puede ocurrir en los próximos años, en un entorno tan volátil como el actual.